MANIFESTACIONES EN 50 CIUDADES POR EL BLINDAJE CONSTITUCIONAL DE LAS PENSIONES PÚBLICAS

Privatización de las pensiones: una amenaza creciente

   Desde COESPE y otros colectivos críticos con las reformas neoliberales, se ha señalado que el sistema público de pensiones en España ha estado bajo ataque constante en las últimas décadas. Las reformas, tanto bajo gobiernos conservadores como socialdemócratas, han sido impulsadas por las directrices de Bruselas y los intereses del gran capital. La última reforma aprobada por el gobierno del PSOE y Unidas Podemos, lejos de revertir esta tendencia, ha dado nuevos pasos hacia la privatización del sistema​.

   COESPE ha denunciado que esta reforma, a pesar de estar presentada como un avance progresista, refuerza el papel de los fondos privados de pensiones. Estos fondos, gestionados por grandes corporaciones financieras, permiten que el sector privado asuma un papel cada vez más relevante en el sistema, lo que debilita el pilar público. La Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), uno de los principales actores detrás de esta estrategia, ha propuesto que los convenios colectivos incluyan planes privados obligatorios, lo que significaría una victoria clara para el capital financiero​.

   El movimiento en defensa de las pensiones, representado en Canarias por la MERP, ha sido contundente al señalar que este proceso de privatización parcial responde a los intereses del sector financiero, que busca obtener beneficios a expensas de los trabajadores y pensionistas. COESPE ha sido una de las voces más críticas, denunciando que las reformas se están diseñando para beneficiar a los bancos y aseguradoras, quienes ven en las pensiones un mercado altamente rentable.

El contexto de la crisis de las pensiones

   Las advertencias de la MERP surgen en un momento crítico para el sistema público de pensiones. En marzo de 2025, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentará un informe a Bruselas que podría abrir la puerta a nuevos recortes en el gasto social, siguiendo la lógica de austeridad impuesta por la Unión Europea. Este contexto es particularmente preocupante, ya que, según denuncian desde la MERP y COESPE, las instituciones europeas llevan años presionando para implementar reformas que favorezcan la entrada del sector privado en áreas hasta ahora gestionadas por el Estado​.

   En los últimos años, las políticas de austeridad y los recortes impuestos desde Bruselas, especialmente tras la crisis de 2008, han tenido un impacto devastador en los derechos sociales en España. Las pensiones no han sido una excepción. Las reformas de 2011 y 2013, promovidas bajo gobiernos del PSOE y del PP, respectivamente, ya comenzaron a erosionar el sistema público de pensiones, vinculando su revalorización a indicadores económicos que favorecen el ajuste a la baja. Ahora, con la última reforma del gobierno de coalición, se sigue el mismo camino, abriendo la puerta a una mayor privatización del sistema​.

Blindar las pensiones en la Constitución: única vía para garantizar su futuro

   Ante esta situación, la MERP insiste en la necesidad de blindar las pensiones en la Constitución como única garantía de que ningún gobierno, presente o futuro, pueda recortar este derecho o privatizarlo. Para la MERP, esta es la única forma de asegurar una jubilación digna para las generaciones presentes y futuras. El blindaje constitucional prohibiría la privatización de las pensiones y garantizaría que las decisiones sobre el sistema no estuvieran sometidas a los intereses del capital privado.

   En su comunicado, la MERP subraya que el debate sobre las pensiones no es solo un asunto que afecta a los mayores, sino a toda la sociedad. 48 millones de personas, es decir, toda la población española, están o estarán vinculadas al sistema de pensiones en algún momento de sus vidas. Por eso, la defensa del sistema público de pensiones debe ser vista como una lucha de toda la sociedad.

Convocatoria de movilizaciones

   Las movilizaciones convocadas por la MERP comenzarán el próximo 18 de octubre en diversos ayuntamientos de Canarias, y tendrán lugar simultáneamente en más de 50 ciudades del Estado español. El objetivo de estas concentraciones es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de actuar de manera inmediata para evitar el desmantelamiento del sistema público de pensiones y frenar la privatización.

   La MERP hace un llamamiento a trabajadores, estudiantes, pensionistas y ciudadanos a unirse a las movilizaciones y exigir que se blinden las pensiones en la Constitución. Según afirman desde el colectivo, este es el momento crucial para frenar los ataques contra el sistema público de pensiones y garantizar su sostenibilidad.