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Domingo, 01 de Septiembre de 2024 Tiempo de lectura:

EL CABILDO DE TENERIFE EN DEFENSA DEL MONUMENTO A FRANCO

¿Podrá España alguna vez romper con el régimen franquista?

El Cabildo de Tenerife ha iniciado los trámites para proteger el monumento a Franco, una decisión que aviva la polémica sobre la preservación de los vestigios franquistas en España. A pesar de las leyes de memoria histórica, los símbolos de la dictadura continúan en pie, protegidos por tecnicismos judiciales y la inacción institucional (...).

Por A .RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.- 

 

 El Cabildo de Tenerife defiende el monumento a Franco, una decisión que aviva la polémica sobre los vestigios franquistas

 

    El pasado 4 de octubre de 2024, se daba  a conocer que el Cabildo de Tenerife, bajo el control de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), ha iniciado los trámites para proteger el monumento dedicado a Francisco Franco en Santa Cruz de Tenerife. Esta decisión política se ampara en  una resolución judicial emitida en junio, en la que se ordenaba la tramitación del expediente para declarar la escultura como Bien de Interés Cultural (BIC).

 

     La jueza María Isabel Pardo Vivero Alsina en esa sentencia daba la razón a la Asociación para la Investigación y Patrimonio Artístico San Miguel Arcángel, que en el anterior mandato pidió al Cabildo de Tenerife que llevase al Gobierno de Canarias la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la escultura, que está en la intersección de la Avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz. 

 

    La Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio San Miguel Arcángel es una entidad ultraconservadora que defiende el patrimonio franquista, lo que ha avivado la confrontación entre quienes abogan por la preservación del monumento y los colectivos antifranquistas que exigen su retirada. A pesar de un informe del Cabildo en 2022, que concluía que el monumento carece de valores artísticos excepcionales, el tribunal optó por dar curso a la petición, ignorando los reclamos de numerosas organizaciones de memoria histórica que señalan la ilegalidad de su permanencia bajo el marco de la Ley de Memoria Democrática​.

 

La historia de los monumentos franquistas

 

    Pero el del ostensoso monumento a Franco de Sta. Cruz de Tenerife no es un caso aislado. Forma parte de una serie de decisiones judiciales y administrativas que han obstaculizado la retirada de vestigios franquistas en Canarias. En enero de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendía cautelarmente la eliminación de este mismo monumento, argumentando que antes de proceder a su derribo era necesario evaluar su posible interés cultural.

 

    Así, el monumento, ubicado en una de las zonas más céntricas de Santa Cruz, continúa en pie, simbolizando la resistencia institucional frente contra la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la más reciente Ley de Memoria Democrática de 2022.

 

    De esta manera, no sería descabellado interpretar la permanencia del monumento a Franco de Sta. Cruz de Tenerife como una representación simbólica del papel que las instituciones públicas han jugado en la preservación de los símbolos de la dictadura, no solo en Canarias, sino en todo el Estado español.

 

    Desde la llamada "Transición" a la democracia, multitud de gobierno locales o autonómicos han utilizado todo tipo de argucias legales para evitar la eliminación de estos vestigios. Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, cuenta con más de 80 elementos de simbología franquista, según denuncian la Plataforma por la República de Tenerife y la Junta Republicana de Canarias. A pesar de las constantes demandas de estos colectivos, los símbolos permanecen, en parte debido al apoyo del poder judicial y la pasividad institucional​.

 

La Ley de Memoria Democrática

 

   Teóricamente, Ley de Memoria Democrática  amplía las sanciones contra quienes promuevan el franquismo y plantea multas de hasta 150.000 euros para quienes defiendan símbolos fascistas. Además, otorga al Estado la responsabilidad de exhumar los cuerpos de las víctimas de la dictadura enterradas en fosas comunes y elimina títulos nobiliarios concedidos durante el régimen franquista​.

 

    Sin embargo, la aplicación de esta ley ha sido más que desigual en todo el país, en gran parte debido a la resistencia de los gobiernos regionales, especialmente aquellos controlados por coaliciones de derecha como el PP y Vox. Estas regiones, entre ellas Aragón, Castilla y León y Valencia, han intentado implementar leyes locales que reinterpretan la memoria histórica, argumentando la necesidad de una reconciliación nacional basada en una "concordia" que ignora los crímenes del franquismo de forma coherente, cabe señalar, con el llamado "espíritu de la Transición".

 

    Esta postura ha sido criticada por organismos internacionales, como la ONU, que han recordado al Estado español su obligación de honrar a las víctimas de la dictadura y cumplir con los estándares de derechos humanos.

 

La resistencia de los movimientos de memoria histórica

 

   Frente a esta resistencia institucional y judicial, y frente a la propia desidia del Gobierno central a la hora de exigir el cumplimiento de su propia legalidad, los movimientos sociales por la memoria histórica han seguido denunciando la inacción del Estado.

 

    Organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) han sido clave en la exhumación de fosas comunes y la identificación de víctimas del franquismo, tareas que muchas veces han sido financiadas por donaciones privadas o premios internacionales, dado que el apoyo estatal ha sido insuficiente, especialmente durante los gobiernos del PP, que redujeron drásticamente los fondos destinados a estos fines​.

 

  En Canarias, la Coordinadora Antifascista de Tenerife y la Plataforma por la República de Tenerife han liderado las protestas contra la permanencia del monumento a Franco y otros vestigios franquistas en la isla. A pesar de sus esfuerzos, las autoridades locales y regionales han ignorado sistemáticamente sus demandas, amparándose en tecnicismos legales y en la supuesta necesidad de proteger el patrimonio cultural​.

 

  En este contexto, el caso del monumento a Franco en Tenerife pone de manifiesto un problema más amplio que afecta a todo el Estado español: la permanencia de los vestigios franquistas y la dificultad de enfrentarse a un pasado autoritario que sigue latente en la vida política y social del país.

 

   Mientras algunos sectores de la sociedad continúan defendiendo la necesidad de honrar a las víctimas del franquismo, pero también de explicar a las nuevas generaciones en qué consistió, realmente, la dictadura franquista, otros siguen apelando a la "reconciliación" como excusa para mantener símbolos que ensalzan a Franco, otros destacados franquistas y al propio Régimen en su conjunto.

 

   La lucha por la memoria democrática sigue siendo una batalla abierta, en la que los movimientos sociales juegan un papel crucial al recordar que no puede haber democracia sin verdad, memoria y reparación para las víctimas del franquismo.

 

 
 
 
 
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