DEPORTACIÓN DE ACTIVISTAS SAHARAUIS: EL ÚLTIMO EPISODIO DE LA COMPLICIDAD ESPAÑOLA CON LA REPRESIÓN MARROQUÍ
Críticas de ONGs y activistas a España
El gobierno español ha pactado con Marruecos la deportación de diez activistas saharauis que llevaban días en huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas tras serles denegado el asilo. Esta decisión ha desatado duras críticas de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre los riesgos de persecución y represión que enfrentarán los deportados al regresar a Marruecos. La acción del Ministerio del Interior refuerza la alineación de España con la política marroquí, en detrimento del derecho internacional y la protección de los refugiados.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El lunes 23 de septiembre de 2024, el Gobierno español, encabezado por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, acordó con Marruecos la deportación de diez activistas saharauis que llevaban tres días en huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas.
Estos solicitantes de asilo, que llegaron desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental, fueron rechazados sistemáticamente por el Ministerio del Interior, que alegó que "no son acreedores de protección internacional", según las palabras de Grande-Marlaska. Entre los deportados se encuentran personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, como un joven con cáncer y una madre que había sufrido un aborto la semana anterior.
“Si el gobierno español nos entrega a Marruecos, seremos desaparecidos, nos secuestraran para siempre… aquí hay mujeres y niños enfermos. Solo pedimos protección”
Este es el testimonio de una de las saharauis que el gobierno de Sánchez quiere entregar a Marruecos. pic.twitter.com/8hLBoBhQm3
— Taleb Alisalem (@TalebSahara) September 23, 2024
Denuncias de violaciones de Derechos Humanos
La decisión del Gobierno ha generado una fuerte reacción de organizaciones de solidaridad con el Sáhara y activistas de derechos humanos, quienes denuncian que España está violando sus obligaciones internacionales al devolver a estas personas a un país donde enfrentarán represión y tortura.
Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado extensamente los abusos cometidos por Marruecos en los territorios ocupados, donde la población saharaui es constantemente acosada, detenida arbitrariamente y torturada por sus actividades políticas a favor de la autodeterminación.
En este contexto, la deportación de los activistas saharauis no solo vulnera el principio de no devolución (non-refoulement) recogido en la Convención de Ginebra, sino que también pone en peligro la vida de estos refugiados.
Una huelga de hambre para ser escuchados
Los activistas saharauis deportados iniciaron una huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas el pasado sábado, después de que sus solicitudes de asilo fueran rechazadas de manera colectiva y automática, sin que se realizara una evaluación exhaustiva de sus casos individuales. Este tipo de decisiones por parte del Ministerio del Interior ha sido ampliamente criticado por vulnerar los procedimientos de asilo internacionales, que requieren un análisis detallado y justo de cada petición.
La huelga de hambre fue un acto desesperado por llamar la atención sobre su situación, después de ver cómo sus solicitudes eran denegadas una tras otra. "Nos están mandando de vuelta a la muerte", declaró uno de los activistas antes de ser deportado, consciente del alto riesgo de represalias que enfrenta al regresar a Marruecos.
El Rol de España en la represión de los saharauis
La política del gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental ha dado un giro radical en los últimos años, al alinearse con la propuesta marroquí de otorgar autonomía al Sáhara bajo soberanía de Rabat. Este movimiento contradice las resoluciones de las Naciones Unidas, que reconocen el derecho del pueblo saharaui a un referéndum de autodeterminación, un derecho que Marruecos ha rechazado sistemáticamente.
Al apoyar el plan de autonomía de Marruecos y deportar a aquellos que huyen de la represión, el gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado su disposición a ignorar las legítimas demandas del pueblo saharaui por la autodeterminación. Lejos de ser un hecho aislado, esta deportación es un paso más en el camino hacia la consolidación de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, con el apoyo explícito de España.
El caso de los activistas saharauis deportados desde Barajas es solo la manifestación más reciente de una política que traiciona los principios del derecho internacional.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El lunes 23 de septiembre de 2024, el Gobierno español, encabezado por el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, acordó con Marruecos la deportación de diez activistas saharauis que llevaban tres días en huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas.
Estos solicitantes de asilo, que llegaron desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental, fueron rechazados sistemáticamente por el Ministerio del Interior, que alegó que "no son acreedores de protección internacional", según las palabras de Grande-Marlaska. Entre los deportados se encuentran personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, como un joven con cáncer y una madre que había sufrido un aborto la semana anterior.
“Si el gobierno español nos entrega a Marruecos, seremos desaparecidos, nos secuestraran para siempre… aquí hay mujeres y niños enfermos. Solo pedimos protección”
Este es el testimonio de una de las saharauis que el gobierno de Sánchez quiere entregar a Marruecos. pic.twitter.com/8hLBoBhQm3— Taleb Alisalem (@TalebSahara) September 23, 2024
Denuncias de violaciones de Derechos Humanos
La decisión del Gobierno ha generado una fuerte reacción de organizaciones de solidaridad con el Sáhara y activistas de derechos humanos, quienes denuncian que España está violando sus obligaciones internacionales al devolver a estas personas a un país donde enfrentarán represión y tortura.
Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado extensamente los abusos cometidos por Marruecos en los territorios ocupados, donde la población saharaui es constantemente acosada, detenida arbitrariamente y torturada por sus actividades políticas a favor de la autodeterminación.
En este contexto, la deportación de los activistas saharauis no solo vulnera el principio de no devolución (non-refoulement) recogido en la Convención de Ginebra, sino que también pone en peligro la vida de estos refugiados.
Una huelga de hambre para ser escuchados
Los activistas saharauis deportados iniciaron una huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas el pasado sábado, después de que sus solicitudes de asilo fueran rechazadas de manera colectiva y automática, sin que se realizara una evaluación exhaustiva de sus casos individuales. Este tipo de decisiones por parte del Ministerio del Interior ha sido ampliamente criticado por vulnerar los procedimientos de asilo internacionales, que requieren un análisis detallado y justo de cada petición.
La huelga de hambre fue un acto desesperado por llamar la atención sobre su situación, después de ver cómo sus solicitudes eran denegadas una tras otra. "Nos están mandando de vuelta a la muerte", declaró uno de los activistas antes de ser deportado, consciente del alto riesgo de represalias que enfrenta al regresar a Marruecos.
El Rol de España en la represión de los saharauis
La política del gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental ha dado un giro radical en los últimos años, al alinearse con la propuesta marroquí de otorgar autonomía al Sáhara bajo soberanía de Rabat. Este movimiento contradice las resoluciones de las Naciones Unidas, que reconocen el derecho del pueblo saharaui a un referéndum de autodeterminación, un derecho que Marruecos ha rechazado sistemáticamente.
Al apoyar el plan de autonomía de Marruecos y deportar a aquellos que huyen de la represión, el gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado su disposición a ignorar las legítimas demandas del pueblo saharaui por la autodeterminación. Lejos de ser un hecho aislado, esta deportación es un paso más en el camino hacia la consolidación de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, con el apoyo explícito de España.
El caso de los activistas saharauis deportados desde Barajas es solo la manifestación más reciente de una política que traiciona los principios del derecho internacional.
ejenenacar | Jueves, 26 de Septiembre de 2024 a las 13:00:59 horas
No entiendo cómo un derecho que se considera internacional, como el de no devolución de ciudadanos en peligro de ser represaliados recogido en la convención se Ginebra, no dispone de estancias supranacionales a las que acudir cuando es evidente que un país que ha firmado dicho convenio, no lo aplica.
Por lo demás, toda la solidaridad con el pueblo saharaui y sus justas reivindicaciones. Rechazo y repulsa total a unas decisiones contrarias a derecho por parte del gobierno español aliado y cómplice necesario del sátrapa represor alauí.
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