COALICIÓN CANARIA SE SUMA AL RECONOCIMIENTO DE EDMUNDO GONZÁLEZ COMO PRESIDENTE FANTASMA DE VENEZUELA

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  Coalición Canaria (CC) ha manifestado su respaldo a la propuesta del Partido Popular (PP) para que el Congreso de los Diputados reconozca a Edmundo González Urrutia como “presidente legítimo” de Venezuela.

   Decisión, que lejos de ser sorprendente, se enmarca dentro de la postura histórica de CC, partido que ha mantenido una oposición constante al proceso bolivariano en Venezuela desde los tiempos de Hugo Chávez. El respaldo a la propuesta del PP es tan solo la más reciente manifestación de esta política, con raíces profundas

   La propuesta, liderada por el PP, cuenta también con el apoyo del PNV y Vox. En total, estos partidos suman 177 votos en el Congreso, una mayoría suficiente para forzar al Gobierno a adoptar una postura sobre este tema.

  La iniciativa ha sido criticada por su similitud con el reconocimiento fallido de Juan Guaidó en 2019, un precedente que dejó claro que la inutilidad de intentar imponer líderes externos sin legitimidad popular.

El reconocimiento oficial del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela

  El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), la institución encargada de validar los resultados de las elecciones presidenciales en el país latinoamericano, ratificó que Nicolás Maduro fue el legítimo ganador de los comicios celebrados el pasado 28 de julio, rechazando las acusaciones de fraude electoral promovidas por la oposición. Este reconocimiento oficial por parte del TSJ pone en evidencia que el respaldo de Coalición Canaria y otros partidos a Edmundo González carece de fundamento jurídico y representa una injerencia directa en la soberanía venezolana.

 Una política de doble rasero en la acogida de refugiados

   Mientras que Edmundo González ha sido recibido con los brazos abiertos en España tras su llegada en un avión de la Fuerza Aérea española, miles de personas, como los saharauis, siguen viendo cómo se les niega sistemáticamente el asilo. Esta contradicción en la política de asilo de España es evidente: se otorga protección a figuras políticas opositoras de Venezuela, mientras que se cierra la puerta a quienes huyen de conflictos como el del Sáhara Occidental, donde Marruecos continúa con su ocupación​.  El gobierno español ha defendido el asilo de González Urrutia como un "compromiso con los derechos políticos", pero esta postura muestra un sesgo geopolítico. España otorga asilo a quienes apoyan su agenda diplomática, mientras que otros refugiados, cuya situación es igual o incluso más urgente, ven denegada la protección. 

El fantasma de Juan Guaidó y las intervenciones fallidas

  El reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela, en contra de lo establecido por las propias instituciones de ese país latinoamericano, recuerda inevitablemente al caso de Juan Guaidó en 2019, cuando varios países occidentales, incluido España, lo reconocieron como presidente interino de Venezuela.

  Guaidó, un político prácticamente desconocido, fue respaldado por Estados Unidos y varias potencias europeas en un intento de forzar la salida de Nicolás Maduro. Sin embargo, este esfuerzo fracasó, y Guaidó quedó relegado al olvido en el escenario político internacional​.

   Ahora, la historia parece repetirse con González Urrutia, con parecidos actores internacionales  tratando de desestabilizar Venezuela desde el exterior.

  El respaldo de Coalición Canaria al reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela no es solo una muestra de injerencia en los asuntos internos de un país soberano, sino también la continuación de una política de doble rasero en materia de derechos humanos y asilo

  Postura que vuelve a poner manifiesto como los intereses geopolíticos y económicos, y no algún tipo de interés genuino por “la democracia o los derechos humanos”, subyacen en la política exterior española.

   El propio gobierno venezolano de Nicolás Maduro, sin embargo, no es ajeno a la responsabilidad de favorecer este tipo de operaciones de injerencia al permitir la salida del país de un opositor acusado de incitar a la violencia que dejó al menos 24 muertos en los disturbios provocados tras las pasadas elecciones y que debería haber sido juzgado por ello en Venezuela.