PEDRO SÁNCHEZ ENTREGA A LOS ACTIVISTAS SAHARAUIS A LA DICTADURA MARROQUÍ
Denuncian el caso del joven saharaui Abdelsalem Abdullah Khalifa
El nombre de Abdelsalem Abdullah Khalifa no resuena en los titulares de los diarios corporativos, ni en las cadenas de televisión, pero su caso refleja una realidad que afecta a cientos de saharauis que buscan asilo y protección internacional en España (...).
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El nombre de Abdelsalem Abdullah Khalifa no resuena en los titulares de los diarios corporativos, ni en las cadenas de televisión, pero su caso refleja una realidad que afecta a cientos de saharauis que buscan asilo y protección internacional en España.
Abdesalam es un joven saharaui cuyo destino está marcado por la represión de Marruecos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, ha sido recientemente condenado por el Ministerio del Interior a regresar a una tierra donde su vida está en peligro.
A pesar de las advertencias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre las graves violaciones de derechos humanos que sufre el pueblo saharaui, el gobierno español, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, ha denegado su petición de asilo, ignorando tanto las recomendaciones internacionales como los principios básicos de protección de los derechos humanos.
El gobierno español ha optado por desoír las reclamaciones del movimiento de solidaridad del Estado español, condenando a Abdesalam a regresar a los territorios ocupados por Marruecos, donde su vida corre un grave peligro.
Pero la negativa a conceder el asilo a Abdelsalem Abdullah no es excepcional. Forma parte de un contexto más amplio de complicidad y silencio por parte del gobierno español, que ha optado por desentenderse de las responsabilidades históricas y humanitarias de España en el conflicto del Sáhara Occidental.
Abdesalam y su familia: una lucha silenciada
Abdesalam tiene dos hermanos que ya cuentan con residencia legal en España, pero la situación familiar es aún más complicada. El mayor de sus hermanos lleva quince años sin poder regresar a El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, para visitar a su madre, atrapada en los territorios ocupados. Este dato evidencia las restricciones y represiones que sufre la población saharaui bajo la ocupación marroquí.
Además, la abogada de Abdesalam ha advertido que la negativa a su solicitud de protección internacional, que aún puede ser recurrida, pone en peligro su vida, ya que el joven sería deportado a un territorio donde los saharauis son víctimas de constantes agresiones, represión y tortura. Este tipo de decisiones ignoran el contexto violento en el que viven quienes, como Abdesalam, han sufrido el acoso y la persecución por parte de las fuerzas de ocupación.
La denegación de justicia: la imposición de intérpretes marroquíes
El proceso de asilo de Abdesalam no ha estado exento de irregularidades. Durante la tramitación de su solicitud, se le intentó imponer un intérprete de origen marroquí, un acto que fue denunciado por el Defensor del Pueblo. Se solicitaba la asistencia de intérpretes de hasanía, el dialecto árabe utilizado en el Sáhara Occidental, precisamente para evitar el sesgo y la desconfianza que generan los intérpretes marroquíes en los solicitantes saharauis. Estos intérpretes, al no dominar el dialecto local, no reflejaban correctamente las declaraciones de los refugiados, comprometiendo así sus testimonios.
El papel del gobierno de Pedro Sánchez: complicidad y silencio ante la represión marroquí
Más allá del caso de Abdesalam, el gobierno español ha mostrado una inacción cómplice frente a las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Desde que Pedro Sánchez accedió al poder en 2018, las organizaciones de derechos humanos, como el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS), han denunciado el silencio cómplice de su administración ante los abusos del régimen marroquí.
Durante los últimos dos años y medio, el MPPS ha mantenido concentraciones semanales frente al Ministerio de Asuntos Exteriores para exigir la intervención del gobierno español en favor de los presos políticos saharauis, que son sistemáticamente condenados en juicios sin garantías ni pruebas. A pesar de estas protestas, el Ministerio ha optado por el mutismo, manteniéndose al margen mientras Marruecos continúa con su represión.
Los datos son alarmantes: aproximadamente 40 presos saharauis languidecen en cárceles marroquíes, condenados tras "juicios farsa". En varias ocasiones, observadores internacionales han sido expulsados de los tribunales, como ocurrió con las letradas españolas Inés Miranda y Lola Travieso en junio de 2023, a quienes se les impidió el acceso a El Aaiún. Este tipo de actuaciones no sólo evidencian el control autoritario del régimen marroquí, sino también la falta de presión diplomática por parte del gobierno español.
El Colectivo de Defensores de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA) ha denunciado que más de 500 saharauis siguen desaparecidos, víctimas de desapariciones forzadas perpetradas tanto por las fuerzas de ocupación marroquíes como por el antiguo régimen colonial español. CODESA ha solicitado repetidamente que se investiguen estos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y ha instado a España a asumir su responsabilidad histórica como potencia colonizadora.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Mohamed Sidbrahim Bassiri, líder saharaui secuestrado por las fuerzas españolas en 1970 durante una manifestación pacífica contra el colonialismo. CODESA y otras organizaciones saharauis han exigido que se revele su paradero, ya que España sigue siendo, según el derecho internacional, la potencia administradora del Sáhara Occidental. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez, al igual que sus predecesores, ha ignorado sistemáticamente estas demandas, demostrando una clara connivencia con el régimen marroquí.
La política exterior española: sumisión ante Marruecos
La política exterior española en relación con el Sáhara Occidental ha estado marcada por la sumisión a los intereses de Marruecos. Las expulsiones de observadores internacionales y abogados, sumadas al silencio frente a las violaciones de derechos humanos, reflejan una postura de complicidad y desinterés por parte de España. Esta situación ha sido calificada por diversas organizaciones de derechos humanos como una "traición" a la población saharaui, que sigue siendo víctima de un conflicto no resuelto y una ocupación ilegal.
La negativa del gobierno español a conceder asilo a Abdesalam no es sólo un caso más de indiferencia burocrática, sino un claro reflejo de una política exterior que vulnera los derechos humanos y abandona a un pueblo que sigue sufriendo bajo la ocupación marroquí.
El silencio cómplice de Pedro Sánchez y el ministro Albares no puede seguir ignorándose. España, como antigua potencia colonizadora y administradora legal del Sáhara Occidental, tiene la obligación histórica y moral de proteger a los saharauis, y cualquier acción contraria a este principio no es más que una traición a los valores de justicia y derechos humanos que el país dice defender.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El nombre de Abdelsalem Abdullah Khalifa no resuena en los titulares de los diarios corporativos, ni en las cadenas de televisión, pero su caso refleja una realidad que afecta a cientos de saharauis que buscan asilo y protección internacional en España.
Abdesalam es un joven saharaui cuyo destino está marcado por la represión de Marruecos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, ha sido recientemente condenado por el Ministerio del Interior a regresar a una tierra donde su vida está en peligro.
A pesar de las advertencias del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre las graves violaciones de derechos humanos que sufre el pueblo saharaui, el gobierno español, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, ha denegado su petición de asilo, ignorando tanto las recomendaciones internacionales como los principios básicos de protección de los derechos humanos.
El gobierno español ha optado por desoír las reclamaciones del movimiento de solidaridad del Estado español, condenando a Abdesalam a regresar a los territorios ocupados por Marruecos, donde su vida corre un grave peligro.
Pero la negativa a conceder el asilo a Abdelsalem Abdullah no es excepcional. Forma parte de un contexto más amplio de complicidad y silencio por parte del gobierno español, que ha optado por desentenderse de las responsabilidades históricas y humanitarias de España en el conflicto del Sáhara Occidental.
Abdesalam y su familia: una lucha silenciada
Abdesalam tiene dos hermanos que ya cuentan con residencia legal en España, pero la situación familiar es aún más complicada. El mayor de sus hermanos lleva quince años sin poder regresar a El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, para visitar a su madre, atrapada en los territorios ocupados. Este dato evidencia las restricciones y represiones que sufre la población saharaui bajo la ocupación marroquí.
Además, la abogada de Abdesalam ha advertido que la negativa a su solicitud de protección internacional, que aún puede ser recurrida, pone en peligro su vida, ya que el joven sería deportado a un territorio donde los saharauis son víctimas de constantes agresiones, represión y tortura. Este tipo de decisiones ignoran el contexto violento en el que viven quienes, como Abdesalam, han sufrido el acoso y la persecución por parte de las fuerzas de ocupación.
La denegación de justicia: la imposición de intérpretes marroquíes
El proceso de asilo de Abdesalam no ha estado exento de irregularidades. Durante la tramitación de su solicitud, se le intentó imponer un intérprete de origen marroquí, un acto que fue denunciado por el Defensor del Pueblo. Se solicitaba la asistencia de intérpretes de hasanía, el dialecto árabe utilizado en el Sáhara Occidental, precisamente para evitar el sesgo y la desconfianza que generan los intérpretes marroquíes en los solicitantes saharauis. Estos intérpretes, al no dominar el dialecto local, no reflejaban correctamente las declaraciones de los refugiados, comprometiendo así sus testimonios.
El papel del gobierno de Pedro Sánchez: complicidad y silencio ante la represión marroquí
Más allá del caso de Abdesalam, el gobierno español ha mostrado una inacción cómplice frente a las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Desde que Pedro Sánchez accedió al poder en 2018, las organizaciones de derechos humanos, como el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS), han denunciado el silencio cómplice de su administración ante los abusos del régimen marroquí.
Durante los últimos dos años y medio, el MPPS ha mantenido concentraciones semanales frente al Ministerio de Asuntos Exteriores para exigir la intervención del gobierno español en favor de los presos políticos saharauis, que son sistemáticamente condenados en juicios sin garantías ni pruebas. A pesar de estas protestas, el Ministerio ha optado por el mutismo, manteniéndose al margen mientras Marruecos continúa con su represión.
Los datos son alarmantes: aproximadamente 40 presos saharauis languidecen en cárceles marroquíes, condenados tras "juicios farsa". En varias ocasiones, observadores internacionales han sido expulsados de los tribunales, como ocurrió con las letradas españolas Inés Miranda y Lola Travieso en junio de 2023, a quienes se les impidió el acceso a El Aaiún. Este tipo de actuaciones no sólo evidencian el control autoritario del régimen marroquí, sino también la falta de presión diplomática por parte del gobierno español.
El Colectivo de Defensores de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA) ha denunciado que más de 500 saharauis siguen desaparecidos, víctimas de desapariciones forzadas perpetradas tanto por las fuerzas de ocupación marroquíes como por el antiguo régimen colonial español. CODESA ha solicitado repetidamente que se investiguen estos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y ha instado a España a asumir su responsabilidad histórica como potencia colonizadora.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Mohamed Sidbrahim Bassiri, líder saharaui secuestrado por las fuerzas españolas en 1970 durante una manifestación pacífica contra el colonialismo. CODESA y otras organizaciones saharauis han exigido que se revele su paradero, ya que España sigue siendo, según el derecho internacional, la potencia administradora del Sáhara Occidental. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez, al igual que sus predecesores, ha ignorado sistemáticamente estas demandas, demostrando una clara connivencia con el régimen marroquí.
La política exterior española: sumisión ante Marruecos
La política exterior española en relación con el Sáhara Occidental ha estado marcada por la sumisión a los intereses de Marruecos. Las expulsiones de observadores internacionales y abogados, sumadas al silencio frente a las violaciones de derechos humanos, reflejan una postura de complicidad y desinterés por parte de España. Esta situación ha sido calificada por diversas organizaciones de derechos humanos como una "traición" a la población saharaui, que sigue siendo víctima de un conflicto no resuelto y una ocupación ilegal.
La negativa del gobierno español a conceder asilo a Abdesalam no es sólo un caso más de indiferencia burocrática, sino un claro reflejo de una política exterior que vulnera los derechos humanos y abandona a un pueblo que sigue sufriendo bajo la ocupación marroquí.
El silencio cómplice de Pedro Sánchez y el ministro Albares no puede seguir ignorándose. España, como antigua potencia colonizadora y administradora legal del Sáhara Occidental, tiene la obligación histórica y moral de proteger a los saharauis, y cualquier acción contraria a este principio no es más que una traición a los valores de justicia y derechos humanos que el país dice defender.
Ignacio, Tamaraceite | Lunes, 09 de Septiembre de 2024 a las 10:56:43 horas
Bueno, pero siempre nos quedará Palestina. Qué por causas y causitas que no sea ...
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