SIN DERECHO A VIVIR EN TU PROPIA TIERRA: LA LUCHA DE LOS CANARIOS CONTRA LA ESPECULACIÓN

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  La vivienda, necesidad básica y derecho humano reconocido por múltiples normativas internacionales, se ha convertido en Canarias -como en el resto del Estado -  en un bien de lujo. En un privilegio reservado para quien puede pagarlo y no para quien lo necesita. Detrás de las estadísticas, se esconde una lógica estructural: la del capital, que transforma toda necesidad vital en mercancía. En las islas, esa lógica ha tomado cuerpo en forma de turistificación, especulación inmobiliaria y concentración de propiedades en pocas manos.

   En 2024, el 40% de las nuevas propiedades inmobiliarias en el archipiélago fueron acaparadas por personas o entidades que ya eran propietarias de cinco o más viviendas. Este dato no es anecdótico, es el síntoma de una enfermedad estructural.  De un sistema donde la vivienda no se entiende como un hogar, sino como un activo que debe generar rentabilidad y donde quien no puede pagar el precio que impone el mercado queda excluido, expulsado o precarizado.

  Según los últimos datos de Idealista y Fotocasa, el alquiler medio en Canarias alcanzó los 15 euros por metro cuadrado en 2025. Esto significa que para una vivienda de apenas 80 metros, se deben pagar más de 1.200 euros mensuales. En un territorio donde el salario medio apenas supera los 1.400 euros netos, y donde el empleo es altamente estacional y precario, la consecuencia es obvia: el 35% de los ingresos se destina a pagar alquiler. Una cifra insostenible.

CAPITALISMO DEL LADRILLO Y ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN

  La situación en Canarias no es una excepción, sino la forma extrema de un fenómeno global: la mercantilización de la vivienda bajo el capitalismo neoliberal. Fondos de inversión, bancos y grandes propietarios han visto en el ladrillo un nicho seguro para sus ganancias. Esta dinámica responde a lo que el geógrafo marxista David Harvey ha denominado acumulación por desposesión. Un proceso mediante el cual se arrebata a las clases populares sus bienes —en este caso, el derecho a una vivienda asequible— para convertirlos en capital privado.

  En las islas, esta dinámica se ve agravada por una estructura económica altamente dependiente del turismo. La llamada "turistificación" ha desplazado el uso residencial de la vivienda en favor de su conversión en pisos turísticos, más rentables para los propietarios. En 2024 se batió un récord con 17,7 millones de visitantes. Pero este “éxito económico” ha significado el desalojo silencioso de miles de canarios de sus barrios y municipios.

  Frente a la alta rentabilidad del alquiler vacacional, los propietarios retiran sus viviendas del mercado residencial, reduciendo la oferta y disparando los precios. En zonas como el sur de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria, el mercado está completamente distorsionado. Incluso quienes trabajan en el sector turístico no pueden permitirse vivir en los lugares donde prestan sus servicios. Así se consuma el absurdo: los trabajadores que sostienen el modelo turístico no pueden habitar las ciudades que dicho modelo transforma.

LA JUVENTUD Y LA VEJEZ: EXPULSADAS DEL DERECHO A VIVIR

   Los testimonios que emergen desde el corazón de este conflicto son dolorosos y reveladores.

  Estefanía, una joven de 27 años en Gran Canaria, lo expresa con claridad: “Con un sueldo de 1.000 euros, pagar un alquiler de 650 es imposible. Me vi obligada a volver con mi madre. Emanciparse se ha convertido en un lujo que no nos podemos permitir”. Esta frase encierra toda la violencia estructural de un sistema que frustra sistemáticamente las expectativas vitales de las nuevas generaciones.

    Pero esta violencia no afecta solo a la juventud.

   Inmaculada Talavera, de 71 años, fue desalojada de su vivienda en Las Palmas. Terminó pagando 100 euros por noche por una cama en una habitación compartida. Rechazó la asistencia municipal “por no adaptarse a sus necesidades”, una forma elegante de decir que lo ofrecido era indigno. Después de toda una vida de trabajo, la vejez se convierte en un terreno de vulnerabilidad y desamparo.

   Estas historias no son excepcionales. Son el reflejo de una tendencia estructural: cuando la vivienda se convierte en mercancía, se vuelve inalcanzable para quienes más la necesitan. No es un fallo del sistema: es el sistema mismo funcionando de forma coherente con su lógica interna.

LA FUERZA DE TRABAJO SIN LUGAR DONDE REPRODUCIRSE

   La vivienda es parte del proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. No se trata solo de tener un techo, sino de poder sostener la vida cotidiana de los trabajadores. Sin vivienda, no hay descanso, no hay salud, no hay vida. Y si la vivienda deja de ser un derecho, la reproducción de la fuerza de trabajo queda totalmente sometida a las condiciones del mercado, generando una contradicción explosiva: el capital necesita trabajadores, pero niega las condiciones materiales para que esos trabajadores puedan vivir dignamente.

   El resultado es una sociedad rota, donde amplios sectores populares viven en la inseguridad constante de perder su hogar, o directamente en la imposibilidad de acceder a uno.

EL PAPEL DE LOS PODERES PÚBLICOS: OMISIÓN Y CÓMPLICE

  En este conflicto esencial los gobiernos, tanto autonómicos como estatales, no son neutrales. Son parte del problema. En lugar de intervenir para garantizar el derecho a la vivienda, han legislado en beneficio de los grandes intereses inmobiliarios. La desregulación del alquiler, la permisividad con los pisos turísticos, la escasa inversión en vivienda pública y la falta de control sobre los grandes tenedores de inmuebles configuran una política habitacional diseñada para el beneficio de unos pocos.

   Aunque existen programas de ayudas al alquiler y algunos planes de vivienda pública, su alcance es tan limitado que tiene una incidencia insignificante y sus criterios para poder acceder a una casa, en muchos casos, son excluyentes. En zonas de alta presión turística, se ha priorizado la atracción de inversiones, la liberalización del mercado y la maximización de beneficios, por encima del bienestar de la población local.

  Se trata, en definitiva, de una opción política: permitir que el “mercado”, es decir, los grandes propietarios, los fondos de inversión que especulan con la vivienda,  decida quién tiene derecho a vivir y dónde. 

  Frente a esta realidad, los movimientos sociales en defensa de la vivienda digna han ido ganando visibilidad y fuerza en el archipiélago. Plataformas vecinales, asociaciones antidesahucios y organizaciones sindicales han denunciado esta situación como una violación sistemática del derecho a la ciudad y a la vida digna. Reclaman no solo más inversión pública, sino un cambio de modelo: desmercantilizar la vivienda, limitar el turismo depredador y poner la vida en el centro de las políticas públicas.