GARAMENDI HASTA 2030: LA PATRONAL CIERRA FILAS PARA DEFENDER SUS BENEFICIOS

Por JORDI RUIZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Antonio Garamendi continuará al frente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) hasta 2030. Su proclamación el 1 de octubre, sin candidato alternativo y por aclamación, consolida el liderazgo de quien dirige el principal instrumento de representación y presión del empresariado español. La noticia tiene consecuencias para millones de asalariados: la patronal renueva una dirección que interviene en las decisiones sobre salarios, jornadas, cotizaciones y legislación laboral para defender los intereses de quienes compran su fuerza de trabajo.

  Las posiciones de Garamendi deben entenderse a partir de esa función. Su resistencia a reducir la jornada o aumentar las obligaciones empresariales responde a intereses materiales: conservar márgenes de beneficio y capacidad de decisión sobre el trabajo. Su discurso liberal proporciona una justificación ideológica a esa defensa organizada del capital.

UNA CONTINUIDAD PREPARADA DESDE DENTRO

   Garamendi preside la CEOE desde 2018. Su tercer mandato ha sido posible porque la organización suprimió en 2023 la limitación de dos presidencias consecutivas introducida por su antecesor, Juan Rosell. De completar el nuevo periodo, acumulará doce años al frente de la confederación. 

  La ausencia de adversarios llega después de una disputa significativa. En mayo de 2025, Ángela de Miguel, candidata promovida por Garamendi, ganó la presidencia de Cepyme frente a Gerardo Cuerva, por 246 votos contra 216. Cuerva había denunciado la intervención del presidente de CEOE en la organización de pequeñas y medianas empresas. El triunfo de De Miguel reforzó la posición interna de Garamendi antes de su propia renovación. 

  Su candidatura recibió posteriormente el respaldo de organizaciones como CEIM, Foment, Confebask, Confemetal, ATA y Asedas. Las diferencias territoriales y sectoriales quedaron subordinadas a la continuidad de una dirección común. Las empresas compiten entre sí, pero reconocen la utilidad de actuar conjuntamente cuando se discuten las condiciones de contratación y explotación del trabajo asalariado.

UN DIRIGENTE FORMADO EN LAS REDES EMPRESARIALES

  La trayectoria de Garamendi ayuda a comprender esa capacidad de articulación. Antes de presidir CEOE dirigió organizaciones de jóvenes empresarios, Cepyme y Confemetal. Su recorrido profesional incluye puestos en consejos de administración de Red Eléctrica, Tubos Reunidos y Babcock & Wilcox, además de la presidencia del grupo editor de La Gaceta de los Negocios, Radio Intereconomía y Dinero.

  Ese itinerario combina experiencia empresarial, representación corporativa y participación en medios económicos. Su función actual consiste en convertir demandas de empresas y sectores distintos en una agenda compartida, trasladarla a las instituciones y presentarla ante la opinión pública como convenientes para toda la sociedad.

  Ahí reside una operación política central del discurso patronal: identificar la rentabilidad empresarial con el interés general. Sin embargo, mejorar las condiciones de acumulación del capital no equivale necesariamente a mejorar las condiciones de vida de quienes trabajan para él.

LA JORNADA: QUIÉN DISPONE DEL TIEMPO DEL TRABAJADOR

   Su oposición a la reducción de jornada expresa esa contradicción. En julio de 2024, Garamendi describió el paso de 40 a 37,5 horas como el equivalente a «regalar casi por decreto doce días de vacaciones». La palabra “regalar” presenta la recuperación de tiempo por los trabajadores como una concesión pagada por el empresario, relegando que son aquellos quienes realizan el trabajo del que la empresa obtiene sus ingresos.

  En septiembre de 2025 recurrió también al ejemplo de Carlos Alcaraz y a la cultura del esfuerzo para cuestionar la reducción. Esa comparación moraliza una disputa económica: cuánto tiempo puede exigir el empleador por un salario y cómo se distribuyen las ventajas de los avances productivos.

  El antagonismo procede de la relación entre capital y trabajo. El empresario busca obtener el mayor rendimiento posible del trabajo contratado; el asalariado necesita mejorar su remuneración, reducir su desgaste y disponer de su vida. Los acuerdos pueden regular ese conflicto, pero no eliminan su fundamento.

SALARIOS CONDICIONADOS Y GASTOS SOCIALIZADOS

  En su discurso de reelección, Garamendi vinculó la negociación salarial con el absentismo, las cotizaciones y la fiscalidad. Presentó, además, aumentos del coste laboral por trabajador del 30,7 % desde 2018 y de los costes no salariales del 34,2 %, según las cifras que expuso. 

  Ese encuadre sitúa cada mejora salarial dentro de una negociación sobre las cargas empresariales. Para valorar tales cifras haría falta considerar también inflación, productividad, beneficios y diferencias sectoriales. El incremento nominal de un coste no demuestra por sí solo que los trabajadores estén recibiendo una parte excesiva de la riqueza producida.

  En junio de 2026 pidió que, mientras las administraciones no adoptaran las medidas reclamadas, la Seguridad Social asumiera las bajas por enfermedad desde el primer día y cubriera las cotizaciones de los contratos de sustitución. La propuesta desplaza obligaciones empresariales hacia un sistema financiado colectivamente.

  Esta ofensiva no convierte al Gobierno en antagonista del poder empresarial. Garamendi pactó con Yolanda Díaz la reforma laboral de 2021, y la propia CEOE celebró que conservara los mecanismos de flexibilidad interna. La colaboración y los enfrentamientos posteriores pertenecen a una misma estrategia patronal: aceptar acuerdos útiles y resistir medidas que reduzcan sus ventajas.

    Su reelección consolida esa estrategia hasta 2030. La CEOE dispone de una dirección cohesionada para influir sobre las normas y defender la propiedad, los beneficios y la autoridad empresarial. Para los asalariados, la cuestión decisiva será qué capacidad de organización y presión pueden oponer a ese poder colectivo del capital.