POR HANSI QUEDNAU, DESDE ALEMANIA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Paxlovid fue un medicamento diseñado como un tratamiento
antiviral específico para combatir el COVID-19. Desarrollado por la farmacéutica Pfizer, este fármaco estaba destinado a reducir la gravedad de la enfermedad en pacientes con alto riesgo de desarrollar complicaciones graves a causa del coronavirus, como aquellos con comorbilidades (diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad) o personas mayores. La idea era que, al tomarlo en las primeras fases de la infección, se pudiera evitar la progresión del COVID-19 hacia formas más graves que requirieran hospitalización o pudieran resultar mortales.
El tratamiento con Paxlovid consistía en una combinación de dos medicamentos: nirmatrelvir, un antiviral que inhibe la replicación del virus, y ritonavir, que sirve para prolongar la acción del primero. Se administraba por vía oral y debía tomarse durante cinco días tras la aparición de los primeros síntomas. Sin embargo, su uso debía hacerse bajo control médico, ya que podía causar interacciones peligrosas con otros medicamentos, lo que limitaba aún más su aplicabilidad y eficacia en muchos pacientes.
Ahora se sabe que la gestión del Paxlovid en Alemania ha expuesto ha sido un auténtico desastre que ha dado lugar a una serie de errores políticos y sanitarios que han costado a los contribuyentes cientos de millones de euros.
Esta situación comenzó en enero de 2022, cuando el recién nombrado ministro federal de Salud, Karl Lauterbach, anunció con gran entusiasmo la adquisición centralizada de un millón de unidades de Paxlovid, un antiviral fabricado por Pfizer para combatir el COVID-19. Sin embargo, la realidad demostró que estas compras masivas fueron, en gran parte, innecesarias y mal gestionadas.
En medio de la pandemia, los gobiernos de todo el mundo se apresuraron a asegurar medicamentos y vacunas para frenar la expansión del virus. En Alemania, Karl Lauterbach asumió el cargo de ministro de Salud en diciembre de 2021, en un momento de alta tensión por la propagación de la variante ómicron. Fue en ese contexto de urgencia que Lauterbach decidió adquirir un millón de unidades de Paxlovid, un medicamento que prometía reducir la gravedad de la enfermedad en personas con alto riesgo de complicaciones.
El costo del medicamento era elevado: alrededor de 500 euros por unidad, lo que significó un gasto de aproximadamente 500 millones de euros. No obstante, con el paso del tiempo se reveló que más de la mitad de estas unidades no se utilizaron y acabaron acumulando polvo en los almacenes. Según informes, cerca de 420.000 paquetes de Paxlovid quedaron sin utilizar debido a la baja demanda y a la reticencia de muchos médicos a prescribirlo, ya que consideraban que los beneficios del fármaco eran limitados y su uso no estaba justificado en la mayoría de los casos.
Intentos fallidos de promoción y la prolongación artificial de la caducidad
Con el objetivo de evitar la pérdida total de este inventario, el Ministerio de Salud trató de promover el uso de Paxlovid a través de diferentes estrategias. En julio de 2022, se envió una carta a los laboratorios de toda Alemania pidiéndoles que incluyeran información sobre el medicamento en los resultados de las pruebas positivas de COVID-19. Además, se ofrecieron incentivos económicos a los médicos, quienes recibirían 15 euros por cada prescripción de Paxlovid. Sin embargo, estas tácticas no lograron el efecto deseado, y las prescripciones siguieron siendo mínimas.
Paralelamente, Pfizer, junto con las autoridades europeas, extendió la vida útil del medicamento en un intento de evitar la destrucción masiva de las unidades no utilizadas. En febrero de 2023, se aprobó una extensión retroactiva de la caducidad de Paxlovid de 18 a 24 meses, aplicable a todos los lotes ya en el mercado. Esta medida, aunque legal, levantó sospechas sobre la ética de manipular las fechas de caducidad para minimizar las pérdidas económicas, poniendo en cuestión la efectividad del medicamento más allá del período originalmente recomendado.
Las críticas y la respuesta de Lauterbach
A medida que se conocieron los detalles del desperdicio de recursos públicos, las críticas contra Karl Lauterbach y su gestión se intensificaron. Los partidos de oposición y algunos miembros de su propio gobierno exigieron explicaciones y responsabilidades. En julio de 2022, Wolfgang Kubicki, vicepresidente del Bundestag, pidió consecuencias personales para Lauterbach, señalando la compra masiva de Paxlovid como un ejemplo de mala gestión. Sin embargo, Lauterbach rechazó asumir responsabilidad directa, argumentando que las decisiones se tomaron en un contexto de incertidumbre y buscando siempre el bienestar de la población.
A todo esto se sumó un estudio israelí publicado a mediados de 2022, que reveló que Paxlovid ofrecía "pocos beneficios mensurables" en pacientes de entre 40 y 65 años, el grupo demográfico más grande para el cual se promovió el uso del medicamento. Estos resultados, junto con las advertencias sobre las posibles interacciones peligrosas de Paxlovid con otros medicamentos, como inmunosupresores, acabaron sellando el destino del fármaco como un fracaso en términos de salud pública.
El caso de Paxlovid en Alemania no solo refleja un error de cálculo en la gestión de la pandemia, sino también las limitaciones de un enfoque que prioriza la compra masiva y la centralización en tiempos de crisis, sin una evaluación adecuada de las necesidades reales. La apuesta de Karl Lauterbach por este antiviral resultó en un despilfarro de cientos de millones de euros, una cantidad que los contribuyentes alemanes deben ahora asumir.
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