VICTORIA JUDICIAL DE LOS COMUNISTAS DEL PCPC FRENTE AL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, el Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) ha denunciado el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de una sentencia firme dictada en abril de 2024 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que da la razón a la organización comunista en un conflicto abierto con el Ayuntamiento de Las Palmas.

   Dicha sentencia anula una multa de 500 euros impuesta al PCPC en 2022 y condenó al consistorio a devolver las cantidades embargadas, además de abonar los intereses generados y las costas judiciales.

   Esta resolución se originó tras un acto de Memoria Histórica realizado por el PCPC en la Plaza Stagno en agosto de 2022, en el que se rindió homenaje a los héroes y heroínas de la clase obrera canaria.

  La sentencia, emitida por la jueza Sagrario Tovar De La Fe, fue categórica: el Ayuntamiento no tenía competencia para sancionar un acto debidamente comunicado a la Delegación del Gobierno. Además, la resolución estableció que el PCPC, como cualquier otra organización, tiene derecho a realizar actos públicos en las calles y a utilizar elementos auxiliares que permitan su normal desarrollo, recordando que las calles no son solo espacios de circulación, sino también lugares de participación ciudadana, protegidos por derechos civiles y políticos.

  A pesar de esta clara victoria judicial, el gobierno municipal, liderado por Carolina Darias, ha ignorado la sentencia.

   Según denuncian desde el PCPC, no solo se ha negado a devolver los más de 400 euros ya embargados a la organización, sino que este mismo mes de agosto el consistorio volvió a cargar en la cuenta bancaria del partido una de las cuotas fraccionadas de la multa, manteniendo un embargo que ya ha sido declarado ilegal por la justicia.

    Para el PCPC, esta acción no es más que un acto de prevaricación y una muestra de la "soberbia" de la alcaldesa.

  “El conflicto – denuncian desde el PCPC - se originó en agosto de 2022, cuando el anterior alcalde, Augusto Hidalgo, intentó impedir la celebración del tradicional homenaje que este partido comunista lleva más de 30 años organizando en las calles de la capital grancanaria".

  Según el PCPC, la policía local, bajo órdenes de Hidalgo, argumentó que el acto violaba la ordenanza municipal de tráfico por ocupar la vía pública y obstaculizar el tránsito peatonal. A pesar de estos intentos de suspensión, el evento se llevó a cabo con normalidad, pero días después se impuso una sanción de 500 euros al partido.

  La sanción desencadenó una intensa campaña de protesta que incluso llegó al Pleno del Ayuntamiento.

    Desde entonces, el PCPC ha luchado en los tribunales hasta lograr que la justicia les diera la razón en abril de 2024.

    Según el comunicado del PCPC, la sentencia es un hito en la defensa de los derechos políticos y civiles, pues reafirma que los actos correctamente comunicados a la Delegación del Gobierno no pueden ser impedidos por normativas municipales y que los espacios públicos deben estar al servicio de la participación ciudadana.

  Ante la negativa del Ayuntamiento a cumplir la sentencia, el PCPC exige la devolución inmediata de las cantidades embargadas, el pago de los intereses generados, el abono de las costas judiciales y el cese inmediato del acoso hacia la organización.

  Según afirman desde el PCPC, la actitud de Carolina Darias y su gobierno “no es más que una muestra de la falta de respeto a los derechos y libertades políticas, evidenciando la "catadura moral" de la actual alcaldesa”.

  El PCPC ha anunciado que continuará su campaña de protesta frente a estos abusos, denunciando públicamente las prácticas autoritarias del Ayuntamiento y exigiendo el respeto a las sentencias judiciales que amparan sus derechos como organización política.

  “Este nuevo intento de persecución – concluyen desde el PCPC - es parte de un patrón más amplio de hostigamiento a quienes se oponen a las políticas del consistorio capitalino”.