LOS MILLONES DEL ESCÁNDALO DE LAS MASCARILLAS QUE VOLARON DE LAS LAS ARCAS PÚBLICAS CANARIAS

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En mayo de 2020, en pleno apogeo de la pandemia de COVID-19, el Servicio Canario de la Salud (SCS) adjudicó un contrato de 4 millones de euros a la empresa RR7 United SL para la adquisición de un millón de mascarillas. La promesa de seguridad se desmoronó cuando 900.000 de esas mascarillas resultaron ser falsas.

  Rayco González, administrador único de RR7 United, fue el rostro visible de esta adjudicación fallida. Hasta la fecha, su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga la compraventa de material sanitario sigue siendo incierta.

  La comisión parlamentaria, encargada de desentrañar esta maraña de contratos sospechosos y fondos mal gestionados, reanudó sus trabajos el 9 de septiembre con la sombra de la incertidumbre.

  A pesar de las repetidas citaciones, Rayco González no ha sido notificado formalmente.

    Pero el caso de Rayco González no es aislado. Isabel Clara Pérez Cabrera, administradora única de Titerro International SL, también estaba citada para el 9 de septiembre. Su empresa formalizó un contrato de provisión de 200.000 batas quirúrgicas por casi 2 millones de euros. Aunque fue notificada, presentó una justificación para cambiar la fecha de su comparecencia. José Ángel Escorial, otro empresario implicado, fue detenido en febrero, pero no ha sido localizado para su comparecencia ante la comisión.

  Estas ausencias no son meras coincidencias; reflejan una profunda disfunción en el aparato gubernamental y judicial. La comisión parlamentaria, en su mes de funcionamiento, ha visto cómo la mayoría de los comparecientes evitan declarar. Belén Arencibia, apoderada de Baremar y pareja de Rayco González en la época investigada, se acogió a su derecho a no declarar, un gesto que acentúa la opacidad de este caso.

   Solo unos pocos, como Lluís Serra y Beatriz González López-Valcárcel, miembros del comité de expertos creado por el Gobierno de Canarias durante la pandemia, han respondido a las preguntas de los diputados. Carlos Sánchez Muñoz, CEO de ACJ, negó cualquier investigación o requerimiento por parte de la fiscalía europea. Kevin Sánchez, propietario de Yimbo 7 Inversiones SL, fue notificado pero no compareció, lo que llevó a la Cámara a derivar su incomparecencia a la Fiscalía.

   La trama no termina aquí. Otros empresarios, como Ihsan Mahmhoud Mohamed y Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, tampoco han sido localizados. Estos patrones de evasión y la falta de rendición de cuentas crean un paisaje desolador para la justicia y la gobernabilidad en Canarias.

   Hasta la fecha, el Gobierno de Canarias no ha logrado recuperar ningún euro de los 4 millones de euros perdidos en el contrato fallido para la adquisición de mascarillas con la empresa RR7 United SL. A pesar de los procedimientos iniciados por el Servicio Canario de la Salud y la Agencia Tributaria Canaria para recuperar el dinero, el proceso sigue sin resultados concretos.

  La administración de justicia tampoco sale bien parada. La ineficacia para notificar a los implicados, la falta de seguimiento y la incapacidad para imponer consecuencias judiciales demuestran una alarmante y significativa "laxitud" en la defensa del patrimonio público.

    La falta de consecuencias judiciales y políticas por la pérdida de millones de euros en dinero público es un indicio de un sistema roto que necesita una reforma urgente. La ciudadanía de Canarias merece un gobierno y una administración de justicia que actúen con integridad y responsabilidad, valores que, lamentablemente, parecen ausentes en este triste episodio de la historia reciente de la región.