PROHIBICIÓN DIGITAL A LOS MENORES: ¿PROTECCIÓN INFANTIL O TAPADERA DE UNA CRISIS SISTÉMICA?

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   El Gobierno de España ha anunciado su intención de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. La propuesta contempla establecer una edad mínima legal para el uso de plataformas digitales, eliminar la posibilidad de uso con consentimiento paterno y exigir a las empresas tecnológicas sistemas eficaces de verificación de edad. La iniciativa se plantea como parte de un paquete legislativo más amplio destinado a regular los entornos digitales con especial énfasis en la protección infantil frente a contenidos nocivos, desinformación y riesgos psicológicos.

LAS REDES SOCIALES COMO PRODUCTO DE LA ESTRUCTURA CAPITALISTA

   Para comprender en profundidad el fenómeno del uso compulsivo de redes sociales por parte de niños y adolescentes, no basta con señalar los efectos inmediatos. Es imprescindible analizar las causas estructurales que lo hacen posible y funcional dentro del sistema capitalista. Las redes sociales no son una herramienta neutra ni un espacio de libre interacción. Son, en esencia, una maquinaria de extracción de valor basada en la vigilancia, el tiempo de atención y la explotación de datos personales como mercancía.

   En este modelo, la infancia y la adolescencia representan un segmento especialmente lucrativo. Los menores son moldeables, influenciables y están profundamente integrados a la lógica del deseo inducido. El capital no tiene reparos en convertir a los niños en consumidores precoces, seguidores de tendencias, productores de contenido gratuito y objetos de segmentación publicitaria. La digitalización de la infancia no es un efecto colateral del progreso tecnológico, sino una necesidad funcional del mercado para garantizar su expansión y reproducción.

SALUD MENTAL INFANTIL Y SOBREEXPOSICIÓN DIGITAL

   Numerosos estudios alertan sobre los efectos devastadores del uso prolongado de redes sociales en la salud mental de los menores. Aumentan los casos de ansiedad, depresión, trastornos del sueño y autopercepción distorsionada. Pero sería ingenuo atribuir estos problemas únicamente al uso irresponsable de la tecnología o a una supuesta “falta de control parental”. Lo que estamos presenciando es la externalización de los costos psíquicos de un modelo de vida cada vez más alienante, competitivo y basado en la exposición constante.

   En la lógica del capital, el sujeto vale tanto como sus métricas: likes, seguidores, retuits. Esta forma de validación cuantitativa sustituye las relaciones humanas por relaciones de mercado. En el caso de los menores, cuyas identidades aún están en formación, el impacto es doble: no solo se les empuja a construirse desde la apariencia digital, sino que además se los responsabiliza individualmente de los efectos destructivos de ese mismo proceso.

FAMILIA Y ESCUELA: INSTITUCIONES DESBORDADAS

   Ni la familia ni la escuela, tal como existen hoy en la sociedad capitalista, están en condiciones reales de contrarrestar el poder adoctrinador y disciplinario de las redes sociales. Las familias trabajadoras están desbordadas por los ritmos de vida impuestos por la precariedad, los horarios extensos y la inseguridad económica. En muchos hogares, los dispositivos digitales no solo son el principal medio de entretenimiento, sino también una forma de suplantar la falta de tiempo adulto.

   Por su parte, la escuela —cada vez más subordinada a las necesidades del mercado— ha sido colonizada por discursos tecnológicos que promueven la digitalización como panacea educativa. Lejos de promover el pensamiento crítico frente a la industria digital, muchas veces se reproducen sus lógicas acríticamente: plataformas, rankings, competencia. En lugar de formar sujetos autónomos, se prepara a los estudiantes para integrarse dócilmente a una economía de pantallas.

VERIFICACIÓN DE EDAD Y CONTROL ESTATAL: UNA FALSA SOLUCIÓN

    La propuesta gubernamental de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y exigir verificación de edad es una medida de protección. Sin embargo, esta iniciativa —más allá de sus aparentes buenas intenciones— se inserta en una tendencia internacional que puede abrir la puerta a nuevas formas de vigilancia masiva, recolección de datos biométricos y control social, sin alterar en lo más mínimo la lógica mercantil que está en la raíz del problema.

   Ni los algoritmos que promueven contenido adictivo, ni las estructuras empresariales que monetizan la exposición de menores serán modificados por esta ley. El núcleo de la cuestión, que es la explotación sistemática del tiempo y la atención humana con fines de lucro, permanece intacto. Lo que se plantea, en última instancia, no es una transformación del modelo, sino un simple ajuste regulatorio que mantiene los intereses del capital digital a salvo.

¿PROHIBIR O TRANSFORMAR?

   La izquierda transformadora no debe caer en el error de conformarse acríticamente con estas medidas bajo la lógica del “mal menor” o la “responsabilidad institucional”. El problema no es que el Estado intervenga —eso es deseable y necesario—, sino cómo y para qué interviene. Si lo hace solo para contener los síntomas sin atacar las causas, o peor aún, si lo hace para reforzar mecanismos de control que benefician a las grandes corporaciones digitales, entonces la medida no es progresista, sino regresiva.

   Lo que hace falta es una transformación radical de la relación entre infancia, tecnología y sociedad. Y eso solo puede lograrse desde un proyecto que cuestione la lógica mercantil del entorno digital. Las redes sociales no deben estar en manos de empresas privadas cuyo objetivo es el lucro. Deben ser bienes comunes digitales, gestionados democráticamente y al servicio de las necesidades humanas, no de la acumulación de capital.

  Por ello, la salida real al problema no pasa por decretos desconectados de una pedagogía emancipadora. Lo que se necesita es una política integral que combine educación crítica en medios, alfabetización digital, fortalecimiento del tejido social y democratización del acceso a la tecnología. Las plataformas digitales deben estar reguladas, sí, pero también desmercantilizadas y socializadas.

    La infancia necesita tiempo, afecto, juego, comunidad y pensamiento crítico. Nada de eso se consigue bloqueando plataformas con inteligencia artificial mientras se mantiene intacto el modelo que las genera. Cualquier política que no enfrente frontalmente la mercantilización de la vida digital será una medida cosmética, destinada a fracasar o, peor aún, a ser funcional a nuevas formas de dominación.