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Viernes, 26 de Septiembre de 2025 Tiempo de lectura:

NO ES TURISMOFOBIA, ES DESPOJO: EL NEGOCIO DE VACIAR LOS PUEBLOS PARA LLENAR HOTELES

Un modelo económico que margina y expulsa a la clase trabajadora

La protesta ciudadana contra el modelo económico de Canarias no es, como se pretende de forma interesada, ningún tipo de "turismofobia", sino una respuesta al despojo sistemático de este modelo, que enriquece a unos pocos y expulsa a la población local.

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

 

     Bajo el lema "Canarias tiene un límite", miles de personas han salido a las calles de Canarias para denunciar un modelo económico que no garantiza el bienestar de la mayoría, empobrece cada vez más a las clases trabajadoras, beneficia a unos pocos, y convierte el archipiélago en un territorio cada vez más inhabitable para su propia gente.

 

    La rabia que se ha expresado en estas movilizaciones no nace de la nada, ni se limita a la protesta por la carestía de vida o a los bajos sueldos. Es una reacción profunda ante una realidad que golpea con fuerza: vivir en Canarias se está volviendo un lujo para los propios canarios. Mientras las instituciones hablan de soluciones puntuales, la raíz del problema sigue sin tocarse. Y es que no basta con ponerle parches a un sistema que está pensado, desde su base, para servir a intereses externos y no al pueblo canario.

 

UN SISTEMA QUE FUNCIONA… PERO PARA OTROS

 

   Si se observa con atención cómo funciona la economía canaria, resulta evidente que está montada sobre una estructura de dependencia. El motor principal es el turismo, una industria que genera riqueza, sí, pero de forma muy desigual. La mayor parte de los beneficios se concentra en grandes empresas, muchas de ellas con sede fuera del archipiélago, mientras que los empleos que se crean son, en su mayoría, precarios y mal pagados. Esta lógica convierte al trabajador en una pieza fácilmente sustituible y lo ata a un ciclo de explotación donde no hay posibilidad real de mejorar sus condiciones de vida.

 

  A esto se suma un sistema fiscal diseñado para atraer inversiones, no para redistribuir la riqueza. Zonas de baja tributación como la Zona Especial Canaria (ZEC) permiten que grandes capitales operen con ventajas enormes, sin que ese dinero se reinvierta necesariamente en la mejora de los servicios públicos, en la vivienda o en la protección del entorno. El resultado es una economía donde se produce mucho, pero se reparte poco, y lo que se reparte, rara vez llega a quienes más lo necesitan.

 

LOS GESTOS VACÍOS NO CAMBIAN LAS COSAS

 

   Ante el creciente malestar generado por esta situación,el gobierno regional ha lanzado mensajes llamando a la "responsabilidad empresarial" o proponiendo tasas turísticas que, finalmente, no se llevan a aplicar. Pero medidas como estas, sin tocar la estructura de fondo, no cambian nada esencial. Son intentos de maquillar una situación insostenible sin alterar los intereses que la sostienen. Resulta especialmente contradictorio que sea el  presidente Fernando Clavijo quien llame ahora a mejorar los salarios, cuando fue él mismo, en su anterior mandato, quien publicitó a Canarias como un lugar ideal para hacer negocios gracias, precisamente, a sus bajos sueldos.

 

  Estas contradicciones no son casuales. Forman parte de una estrategia calculada que busca calmar los ánimos sin molestar a quienes realmente mandan. Porque aunque las instituciones canarias tengan un margen de actuación, las decisiones clave se siguen tomando en función de lo que conviene a los grandes inversores, no a la población trabajadora. Y mientras esa lógica no se rompa, nada puede cambiar realmente.

 

EL MERCADO NO ES NEUTRO: SIEMPRE FAVORECE A LOS MISMOS

 

  Una de las ideas más difundidas por los medios y los académicos del establishment es que las llamadas "reglas del mercado" son neutrales, que simplemente hay que "competir mejor" o "adaptarse" para alcanzar el éxito.  Pero eso es una trampa. En un lugar como Canarias, con escaso territorio disponible, con una población empobrecida y con una demanda constante de turistas, teletrabajadores y compradores extranjeros, la competencia es una guerra donde el de abajo siempre pierde.

  

  No importa si los sueldos suben un poco. Si el precio de la vivienda, del alquiler, del transporte y de los alimentos sigue en manos de quienes especulan con ellos, la vida seguirá siendo igual de difícil. Y en esa batalla desigual, la población local tiene todas las de perder. Así es como se explica que cada vez más canarios tengan que abandonar su tierra o malvivir en ella. El sistema está diseñado para expulsarlos suavemente, sin ruido, mientras se instala una economía pensada para otro tipo de habitantes.

 

LA TRAMPA DEL ESTATUS RUP

 

   Una de las claves para entender por qué no se pueden aplicar medidas realmente transformadoras en Canarias está en su estatus jurídico dentro de la Unión Europea. Como Región Ultraperiférica (RUP), el archipiélago recibe ayudas y ciertas excepciones, pero a cambio queda atado de pies y manos en cuestiones fundamentales. No puede limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros, ni aplicar medidas de protección del territorio, ni regular de forma soberana su economía. Todo debe hacerse dentro de un marco normativo pensado para garantizar la libertad de mercado, no la justicia social.

 

 

DEFENDER CANARIAS NO ES RECHAZAR A NADIE

 

   Por otro lado, cada vez que se habla de limitar la llegada de turistas o de poner freno a las inversiones extranjeras en vivienda, surgen voces que acusan de xenofobia o de cerrazón. Esas críticas interesadas ocultan que las medidas reclamada no tienen que ver con el rechazo o la llamada "turismofobia", tratan de proteger a una población que está siendo desplazada por un modelo que no tiene en cuenta sus derechos ni sus necesidades. Defender Canarias es, sencillamente, defender el derecho a vivir dignamente en ella.

 

  No se trata de aislarse ni de renunciar totalmente al turismo o a la inversión. Se trata de que esas actividades se sometan a un control democrático, a una planificación que tenga en el centro a quienes viven y trabajan en el archipiélago. Porque sin medidas de protección y sin capacidad de regulación el resultado ya lo estamos viendo: barrios convertidos en zonas VIP, familias expulsadas de sus casas, servicios colapsados y un futuro cada vez más incierto para las nuevas generaciones.

 

   Canarias no puede seguir funcionando como una especie de escaparate donde todo se vende: la tierra, el agua, el clima y la vida misma. El modelo económico actual no es una casualidad, es el resultado de decisiones políticas tomadas durante años para beneficiar a unos pocos a costa de la mayoría. Y lo peor es que no se sostiene. Porque ningún territorio puede resistir mucho tiempo si no cuida a su gente.

 

 
 
 
 
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