FDCAN: ¿QUÉ HAN CAMBIADO MILES DE MILLONES DE DINERO PÚBLICO EN CANARIAS?
"Las grandes cifras del balance institucional exigen comprobar qué mejoras duraderas han dejado"
El FDCAN es el fondo con el que las administraciones canarias cofinancian proyectos de infraestructuras, empleo e innovación desde 2016. Su renovación hasta 2036 llega acompañada de un balance multimillonario, pero deja preguntas esenciales sobre el trabajo estable, los servicios y los beneficiarios de la inversión.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) es un instrumento de financiación pública con el que el Gobierno autonómico, los cabildos y los ayuntamientos costean proyectos en las Islas. Nació en 2016 para dedicar recursos extraordinarios a infraestructuras, empleo y conocimiento e innovación. Su funcionamiento se basa en la cofinanciación: el Ejecutivo aporta una parte del presupuesto y las administraciones participantes completan el resto, con porcentajes distintos según la isla.
Una década después, las administraciones han acordado prolongarlo hasta 2036. El Gobierno presenta como aval un balance de 2.619 millones de euros de inversión, un impacto económico de 4.504 millones y más de 47.000 empleos atribuidos al programa. Pero esas cifras, por importantes que sean, no responden por sí solas a la cuestión fundamental: qué necesidades ha resuelto el fondo, qué trabajo estable ha dejado y quién se ha beneficiado de sus recursos.
La discusión afecta al destino de una enorme cantidad de dinero colectivo. Evaluar el FDCAN exige examinar qué queda después del gasto: servicios accesibles, capacidades productivas, mejores condiciones laborales o una actividad temporal que se extingue cuando termina cada proyecto.
DE DÓNDE SALE EL DINERO Y POR QUÉ PROVOCÓ UNA CRISIS POLÍTICA
El origen del fondo está en los recursos que Canarias dejó de entregar al Estado como compensación vinculada al desaparecido Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE). Esa decisión liberó unos 160 millones de euros anuales. El Gobierno canario optó por concentrarlos en un programa de inversiones plurianuales, que incorporaría también aportaciones de otras administraciones.
La controversia fue intensa porque se discutía qué financiar y cómo repartirlo. El FDCAN estuvo entre los conflictos que contribuyeron a romper el Gobierno de Coalición Canaria y PSOE en 2016. La entonces vicepresidenta, Patricia Hernández, lo calificó de «tongo» y cuestionó que se priorizaran aparcamientos mientras quedaba fuera la construcción de vivienda pública.
Aquel enfrentamiento recuerda algo que el consenso posterior puede ocultar: una inversión nunca es neutral. Elegir una obra significa atender una necesidad y posponer otras. También significa determinar qué sectores reciben contratos y qué grupos sociales obtienen sus beneficios.
CONTAR MILLONES NO BASTA PARA DEMOSTRAR EL ÉXITO
El balance difundido en abril de 2026 preveía cerrar la etapa con 1.581 millones autonómicos y 1.038 millones de cabildos, ayuntamientos y universidades. Los 2.619 millones constituían entonces una previsión de cierre, aunque ya servían para celebrar el éxito del programa. Distinguir lo ejecutado de lo proyectado resulta indispensable para evaluar sus resultados. www.europapress.es
La misma precisión debe aplicarse al empleo. Para el periodo 2016-2024, el Ejecutivo atribuyó al fondo 44.459 puestos: 26.314 directos y 18.145 indirectos e inducidos. Al proyectar los resultados al conjunto de la etapa, anunció 47.278. La comunicación oficial de julio recogió 47.287, una discrepancia pendiente de aclaración. www3.gobiernodecanarias.org
Ninguna de esas cifras permite afirmar, por sí sola, que existan otros tantos empleos estables. Para saberlo habría que conocer la duración de los contratos, los salarios y la continuidad del trabajo. Un puesto durante una obra proporciona ingresos, pero no ofrece la misma seguridad que una actividad permanente.
El impacto económico tampoco equivale a dinero recuperado por las administraciones ni mide directamente el bienestar. La actividad puede crecer sin que sus frutos se distribuyan de manera proporcional. El volumen de gasto informa sobre el tamaño del programa; sus consecuencias sociales determinan su valor.
LA INVERSIÓN PÚBLICA TAMBIÉN ALIMENTA BENEFICIOS PRIVADOS
El fondo permite afrontar proyectos que algunas administraciones difícilmente podrían financiar por separado. Esa capacidad es valiosa cuando amplía servicios y resuelve carencias. Sin embargo, también sostiene una corriente de contratos hacia empresas privadas.
Cuando se adjudica una obra, el presupuesto paga salarios, materiales y suministros, y contribuye a los ingresos y beneficios del contratista. Esa actividad empresarial debe evaluarse junto al resultado colectivo que justifica el desembolso. Construir una infraestructura útil y favorecer principalmente la rentabilidad de un negocio pueden generar movimientos económicos similares, pero tienen efectos sociales distintos.
Por ello, una evaluación rigurosa debería identificar las empresas adjudicatarias, la concentración de contratos, las subcontrataciones y las condiciones laborales. También debería explicar quién utiliza las instalaciones y cuánto cuesta mantenerlas.
El peso de las infraestructuras en la primera etapa es significativo. Según el Gobierno, hasta 2024 ese eje acumulaba 1.830 millones, frente a 376 millones en empleabilidad y 203 millones en conocimiento e innovación.
Esa distribución obliga a examinar qué capacidades duraderas han producido las obras. Una carretera, un equipamiento o una zona comercial pueden ser necesarios, pero su construcción no demuestra automáticamente que se haya diversificado la economía o reducido su dependencia.
LA COHESIÓN TERRITORIAL NECESITA TAMBIÉN UN CONTENIDO SOCIAL
El nuevo FDCAN mantendrá la aportación autonómica del 50% en Gran Canaria y Tenerife, del 80% en Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, y del 90% en La Gomera y El Hierro. Estos porcentajes buscan compensar las diferentes capacidades inversoras de las islas.
El mecanismo puede favorecer el equilibrio territorial. Pero dentro de cada isla existen desigualdades que el reparto geográfico no resuelve. Las necesidades de una familia con pocos ingresos, las condiciones de un trabajador subcontratado y los intereses de una empresa adjudicataria son diferentes.
La cohesión debería medirse también por la capacidad del fondo para beneficiar a quienes parten en desventaja. Repartir recursos entre islas constituye una dimensión del programa; comprobar cómo se distribuyen sus frutos dentro de ellas es igualmente necesario.
OTRA DÉCADA EXIGE RESULTADOS COMPROBABLES
El acuerdo para 2026-2036 parte de 1.626 millones autonómicos y prevé superar los 2.600 millones con las aportaciones insulares. Reserva el 50% a obras públicas, el 35% a infraestructuras sociosanitarias y el 15% a investigación, desarrollo e innovación, con la vivienda entre las prioridades.
La orientación social será efectiva si los proyectos garantizan servicios. Las plazas sociosanitarias necesitan personal; las viviendas, condiciones de acceso; y la investigación, continuidad. Financiar edificios sin asegurar su funcionamiento puede dejar inauguraciones terminadas y necesidades pendientes.
Después de una década, la ciudadanía merece una evaluación que relacione cada inversión con resultados verificables. El éxito del FDCAN debería reconocerse en mejores empleos, servicios accesibles y una mayor capacidad colectiva para decidir el futuro económico de Canarias.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) es un instrumento de financiación pública con el que el Gobierno autonómico, los cabildos y los ayuntamientos costean proyectos en las Islas. Nació en 2016 para dedicar recursos extraordinarios a infraestructuras, empleo y conocimiento e innovación. Su funcionamiento se basa en la cofinanciación: el Ejecutivo aporta una parte del presupuesto y las administraciones participantes completan el resto, con porcentajes distintos según la isla.
Una década después, las administraciones han acordado prolongarlo hasta 2036. El Gobierno presenta como aval un balance de 2.619 millones de euros de inversión, un impacto económico de 4.504 millones y más de 47.000 empleos atribuidos al programa. Pero esas cifras, por importantes que sean, no responden por sí solas a la cuestión fundamental: qué necesidades ha resuelto el fondo, qué trabajo estable ha dejado y quién se ha beneficiado de sus recursos.
La discusión afecta al destino de una enorme cantidad de dinero colectivo. Evaluar el FDCAN exige examinar qué queda después del gasto: servicios accesibles, capacidades productivas, mejores condiciones laborales o una actividad temporal que se extingue cuando termina cada proyecto.
DE DÓNDE SALE EL DINERO Y POR QUÉ PROVOCÓ UNA CRISIS POLÍTICA
El origen del fondo está en los recursos que Canarias dejó de entregar al Estado como compensación vinculada al desaparecido Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE). Esa decisión liberó unos 160 millones de euros anuales. El Gobierno canario optó por concentrarlos en un programa de inversiones plurianuales, que incorporaría también aportaciones de otras administraciones.
La controversia fue intensa porque se discutía qué financiar y cómo repartirlo. El FDCAN estuvo entre los conflictos que contribuyeron a romper el Gobierno de Coalición Canaria y PSOE en 2016. La entonces vicepresidenta, Patricia Hernández, lo calificó de «tongo» y cuestionó que se priorizaran aparcamientos mientras quedaba fuera la construcción de vivienda pública.
Aquel enfrentamiento recuerda algo que el consenso posterior puede ocultar: una inversión nunca es neutral. Elegir una obra significa atender una necesidad y posponer otras. También significa determinar qué sectores reciben contratos y qué grupos sociales obtienen sus beneficios.
CONTAR MILLONES NO BASTA PARA DEMOSTRAR EL ÉXITO
El balance difundido en abril de 2026 preveía cerrar la etapa con 1.581 millones autonómicos y 1.038 millones de cabildos, ayuntamientos y universidades. Los 2.619 millones constituían entonces una previsión de cierre, aunque ya servían para celebrar el éxito del programa. Distinguir lo ejecutado de lo proyectado resulta indispensable para evaluar sus resultados. www.europapress.es
La misma precisión debe aplicarse al empleo. Para el periodo 2016-2024, el Ejecutivo atribuyó al fondo 44.459 puestos: 26.314 directos y 18.145 indirectos e inducidos. Al proyectar los resultados al conjunto de la etapa, anunció 47.278. La comunicación oficial de julio recogió 47.287, una discrepancia pendiente de aclaración. www3.gobiernodecanarias.org
Ninguna de esas cifras permite afirmar, por sí sola, que existan otros tantos empleos estables. Para saberlo habría que conocer la duración de los contratos, los salarios y la continuidad del trabajo. Un puesto durante una obra proporciona ingresos, pero no ofrece la misma seguridad que una actividad permanente.
El impacto económico tampoco equivale a dinero recuperado por las administraciones ni mide directamente el bienestar. La actividad puede crecer sin que sus frutos se distribuyan de manera proporcional. El volumen de gasto informa sobre el tamaño del programa; sus consecuencias sociales determinan su valor.
LA INVERSIÓN PÚBLICA TAMBIÉN ALIMENTA BENEFICIOS PRIVADOS
El fondo permite afrontar proyectos que algunas administraciones difícilmente podrían financiar por separado. Esa capacidad es valiosa cuando amplía servicios y resuelve carencias. Sin embargo, también sostiene una corriente de contratos hacia empresas privadas.
Cuando se adjudica una obra, el presupuesto paga salarios, materiales y suministros, y contribuye a los ingresos y beneficios del contratista. Esa actividad empresarial debe evaluarse junto al resultado colectivo que justifica el desembolso. Construir una infraestructura útil y favorecer principalmente la rentabilidad de un negocio pueden generar movimientos económicos similares, pero tienen efectos sociales distintos.
Por ello, una evaluación rigurosa debería identificar las empresas adjudicatarias, la concentración de contratos, las subcontrataciones y las condiciones laborales. También debería explicar quién utiliza las instalaciones y cuánto cuesta mantenerlas.
El peso de las infraestructuras en la primera etapa es significativo. Según el Gobierno, hasta 2024 ese eje acumulaba 1.830 millones, frente a 376 millones en empleabilidad y 203 millones en conocimiento e innovación.
Esa distribución obliga a examinar qué capacidades duraderas han producido las obras. Una carretera, un equipamiento o una zona comercial pueden ser necesarios, pero su construcción no demuestra automáticamente que se haya diversificado la economía o reducido su dependencia.
LA COHESIÓN TERRITORIAL NECESITA TAMBIÉN UN CONTENIDO SOCIAL
El nuevo FDCAN mantendrá la aportación autonómica del 50% en Gran Canaria y Tenerife, del 80% en Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, y del 90% en La Gomera y El Hierro. Estos porcentajes buscan compensar las diferentes capacidades inversoras de las islas.
El mecanismo puede favorecer el equilibrio territorial. Pero dentro de cada isla existen desigualdades que el reparto geográfico no resuelve. Las necesidades de una familia con pocos ingresos, las condiciones de un trabajador subcontratado y los intereses de una empresa adjudicataria son diferentes.
La cohesión debería medirse también por la capacidad del fondo para beneficiar a quienes parten en desventaja. Repartir recursos entre islas constituye una dimensión del programa; comprobar cómo se distribuyen sus frutos dentro de ellas es igualmente necesario.
OTRA DÉCADA EXIGE RESULTADOS COMPROBABLES
El acuerdo para 2026-2036 parte de 1.626 millones autonómicos y prevé superar los 2.600 millones con las aportaciones insulares. Reserva el 50% a obras públicas, el 35% a infraestructuras sociosanitarias y el 15% a investigación, desarrollo e innovación, con la vivienda entre las prioridades.
La orientación social será efectiva si los proyectos garantizan servicios. Las plazas sociosanitarias necesitan personal; las viviendas, condiciones de acceso; y la investigación, continuidad. Financiar edificios sin asegurar su funcionamiento puede dejar inauguraciones terminadas y necesidades pendientes.
Después de una década, la ciudadanía merece una evaluación que relacione cada inversión con resultados verificables. El éxito del FDCAN debería reconocerse en mejores empleos, servicios accesibles y una mayor capacidad colectiva para decidir el futuro económico de Canarias.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.177