EL "CONCHAVO": PSOE Y PP ALCANZAN UN ACUERDO PARA EL "GRAN REPARTO" DEL PODER JUDICIAL
¿Qué es lo que contiene la "letra menuda" del acuerdo que todavía no nos han mostrado? ¿Reentramos en una versión reactualizada de la administración bipartidista del aparato del Estado?
Tras casi seis años de enconadas disputas y litigios, el PSOE y el PP han sellado en Bruselas un acuerdo que promete reconfigurar el Poder Judicial en España, así como someterlo a unas "anunciadas" reformas que todavía permanecen bajo el secreto de lo que en América Latina habria sido denominado como un "gran conchavo". Pero, ¿es este pacto una verdadera solución o tan solo una nueva engañifa política? ¿Cuál es el verdadero significado de esta operación realizada en la penumbra y a espaldas de la ciudadanía? Nuestro colaborador Máximo Relti apunta en este reportaje algunas respuestas a esas interrogantes ¡Descubre cuáles son implicaciones no manifiestas en las declaraciones oficiales y el impacto real de este controvertido acuerdo!
POR MÁXIMO RELTI PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
El Partido Popular y el PSOE, “como sucedía en los viejos tiempos" del bipartidismo político, han llegado a un fructifico “consenso” para poner fin a casi seis años de permanente litigio en torno a cuál debería de ser el número de sus respectivos peones en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los representantes de ambos contrayentes – PSOE y PP- han tenido en esta ocasión que trasladarse nada menos que a Bruselas para que la UE otorgara el “nihil obstat”, santificando así un "reparto" que permitirá que ambas formaciones puedan disponer de sus respectivas influencias en una institución clave a la hora de administrar y dominar el aparato del Estado, que era lo que realmente estaba en contienda.
¿Qué tipo de implicaciones tendrá este acuerdo en el Sistema judicial español y, por reflejo, en otros sectores fundamentales de la administración de la máquina del Estado? La respuesta a esa interrogante solo podremos tenerla cuando conozcamos la “letra menuda” de en qué ha consistido realmente la “transacción” acordada, de cuáles han sido las concesiones y ganancias de unos y de otros.
En cualquier caso, para el ciudadano común, de a pie, debería tener muy claro que todo seguirá igual. Quien a estas alturas ose imaginarse que por arte de esta última filigrana, puramente crematística, Montesquieu resucitará y nos devolverá una hipotética “división de poderes” que solo estuvo en las esperanzas de Ilustrados del siglo XVIII, sufrirá un enésimo y amargo desengaño.
PRIMERAS REACCIONES POLÍTICAS: "POR SUS DECLARACIONES LOS CONOCERÉIS"
Naturalmente, y de cara a la galería, los primeros pronunciamientos de los políticos de uno y otro signo, casi todos ellos expresaron que este martes había sido un “gran día para la democracia". Patxi López, el portavoz del PSOE en el Congreso, por ejemplo, celebró alborozado el acuerdo, calificándolo de "imperativo constitucional" tras cinco años de estancamiento. El locuaz López subrayó que "ya no cabían más excusas" para retrasar esta renovación. Y que por eso, solo por eso, el PP se había visto obligado a doblar humildemente el espinazo.
El líder ultraconservador Alberto Núñez Feijóo, por su parte, expresó también su satisfacción con el “pacto”, del que hasta hace tan solo unos pocos días atrás había jurado y perjurado no estar dispuesto a firmar ni muerto. Manifestó, igualmente, que ahora con el fraternal acuerdo, "ni el PSOE ni el PP van a controlar el poder judicial", redondeando el gigantesco embuste con un significativo y castrense"!Misión cumplida!”.
Las primeras declaraciones pronunciadas al respecto por el Secretario General del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, llegaron a alcanzar los límites del extravío por delirio. Según Santiago el "conchavo" alcanzado había que interpretarlo como “una gran victoria para la democracia". Agregó, además, en una suerte de “climax delirante” que el fin del bloqueo judicial había sido “un paso muy importante” y que los nuevos vocales del CGPJ, con su acreditada experiencia, garantizaran un “eficiente desempeño” en sus tareas en el Poder Judicial. (¿De dónde diablos han sacado a este hombre?)
No opinó igual la lideresa de Podemos, Irene Montero, que con un denodado afán por comerle territorio a sus contrincantes de SUMAR, ha terminado "cayéndose del caballo" y queriendo asaltar los cielos nuevamente. Montero mantuvo una actitud duramente crítica con el consenso alcanzado entre PSOE-PP. La eurodiputada de Podemos barrunta, –y no le falta razón para ello-, que con esta primera “transacción” se están anunciando otras muchas. Montero denunció que
"ninguna persona de izquierdas, ningún progresista, puede estar a favor de que un poder del Estado se elija de forma censitaria por un grupo de notables sin control democrático".
Y pese a los trajines que en un recientísimo pasado ella misma protagonizó durante el Gobierno de la llamada "coalición más progresista de la historia", le importó un comino... y se quedó tan fresca.
LA SIGNIFICATIVA VALORACIÓN DE LA UE
Como no podía ser menos, a la “Comisión Europea”, solo le faltó tirar cohetes y voladores para celebrar el feliz evento. Acogió con mucha alegría tanto "consenso" alcanzado como el retorno español a la senda del prudente bipartidismo perdido, hecho que, según la Comisión, augura una "mejora la situación del poder judicial en España". La UE valoró favorablemente la importancia del pacto realizado en el contexto de sus recomendaciones para la recuperación integral en España del "Estado de Derecho".
PERSPECTIVAS DEL PSOE
Para los representantes del PSOE, el orden que tendrá la aplicación del acuerdo resultará fundamental. Según fuentes de ese Partido, la “renovación” del Poder Judicial se realizará bajo la actual ley vigente, evitando reformas corporativas previas que –dicen- perpetuarían la mayoría conservadora. Nada nos cuentan de cuáles fueron los acuerdos que se aplicaran "a posteriori", cuyo contenido, muy probablemente, estará ya plasmado en un borrador y minuciosamente detallados.
Además, puntualizaron que el acuerdo cubre la vacante pendiente en el Tribunal Constitucional, que será ocupada por José María Macias, propuesto por el PP en el Senado. (O sea: "tú me das por aquí, y yo te doy por allá”)
En esa misma línea, el Partido Popular enfatizó que el nuevo “conchavo” alcanzado con el PSOE garantizará una “composición equilibrad del CGPJ, con veinte nuevos integrantes cuya "trayectoria y solidez formativa son indiscutibles". (traduzcan, traduzcan… que aquí no hay puntada sin hilo)
ANÁLISIS DE LOS MEDIOS
“El Economista”, una publicación especializada en temas económicos y representativa de los intereses empresariales, destacó lo duro que habían sido los meses de tensas negociaciones que precedieron al acuerdo. La publicación estima que este “parto de los montes” había resultado casi imposible de alcanzar, hasta que finalmente el “consenso” ha establecido que el CGPJ deberá tomar decisiones por una mayoría reforzada de tres quintas partes de sus miembros, y que estos mismos presentarán una propuesta en seis meses para reformar el proceso de selección de sus integrantes.
Por otro lado, el diario Público, muy cercano a la formación socialdemócrata "Sumar", describió el contexto de la firma del acuerdo, destacando la reunión entre el ministro Félix Bolaños, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, en Bruselas. La firma tuvo lugar en un “acto simbólico”, sellando el pacto con un “apretón de manos”.
El País, órgano afín al Gobierno, comentó que la presión interna de la carrera judicial y el ultimátum del presidente del Gobierno habían sido determinantes para alcanzar este acuerdo. Destacó, como no, la importancia de la mediación de la Comisión Europea a lo largo de todo el proceso negociador.
El monárquico ABC resaltó que el pacto entre PP y PSOE implica una nueva regulación que prohíbe expresamente que un ministro pueda ser fiscal general del Estado, un cambio que busca, -asegura- fortalecer la independencia del Poder judicial.
¿Y CÓMO OPINA EL "EXTRA RADIO" DEL SISTEMA?
Organizaciones, sindicatos y movimientos sociales ubicados fuera y contra el Sistema, así como algunos colectivos anticapitalistas, han rechazado rotundamente el acuerdo entre PP y PSOE. Estos grupos critican cualquier forma de arreglo entre los grandes Partidos, a quienes consideran parte de un mismo sistema corrupto que perpetúa la desigualdad y la falta de justicia social. Desde su punto de vista, la renovación del CGPJ bajo las actuales estructuras políticas, fuertemente enraizadas en la pasada dictadura, no es más que un cambio superficial que no aborda los problemas fundamentales del sistema judicial y político español, que caracterizan de la siguiente forma:
- Falta de Democratización: Uno de los puntos más criticados es la ausencia de un proceso verdaderamente democrático en la elección de los miembros del CGPJ. Los críticos argumentan que la elección por un grupo de notables perpetúa un sistema elitista y cerrado.
- Influencia Política: Otro punto de desacuerdo es la continua influencia de los grandes partidos en la selección y control del poder judicial. Para los grupos de la izquierda no institucional, cualquier acuerdo entre PP y PSOE no elimina, sino que redistribuye la influencia política sobre el poder judicial.
- Desconfianza en los Pactos: Existe una desconfianza general hacia cualquier pacto alcanzado entre los partidos tradicionales, que son vistos como parte de un mismo sistema que ha fallado en representar verdaderamente los intereses del pueblo y en implementar reformas profundas y necesarias.
- Reformas Insuficientes: Los sectores más críticos consideran que las reformas acordadas no son suficientes para garantizar una verdadera independencia judicial. Abogan por una reforma estructural radical que elimine por completo la influencia política en el poder judicial y que garantice procesos de selección transparentes y participativos.
POR MÁXIMO RELTI PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
El Partido Popular y el PSOE, “como sucedía en los viejos tiempos" del bipartidismo político, han llegado a un fructifico “consenso” para poner fin a casi seis años de permanente litigio en torno a cuál debería de ser el número de sus respectivos peones en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los representantes de ambos contrayentes – PSOE y PP- han tenido en esta ocasión que trasladarse nada menos que a Bruselas para que la UE otorgara el “nihil obstat”, santificando así un "reparto" que permitirá que ambas formaciones puedan disponer de sus respectivas influencias en una institución clave a la hora de administrar y dominar el aparato del Estado, que era lo que realmente estaba en contienda.
¿Qué tipo de implicaciones tendrá este acuerdo en el Sistema judicial español y, por reflejo, en otros sectores fundamentales de la administración de la máquina del Estado? La respuesta a esa interrogante solo podremos tenerla cuando conozcamos la “letra menuda” de en qué ha consistido realmente la “transacción” acordada, de cuáles han sido las concesiones y ganancias de unos y de otros.
En cualquier caso, para el ciudadano común, de a pie, debería tener muy claro que todo seguirá igual. Quien a estas alturas ose imaginarse que por arte de esta última filigrana, puramente crematística, Montesquieu resucitará y nos devolverá una hipotética “división de poderes” que solo estuvo en las esperanzas de Ilustrados del siglo XVIII, sufrirá un enésimo y amargo desengaño.
PRIMERAS REACCIONES POLÍTICAS: "POR SUS DECLARACIONES LOS CONOCERÉIS"
Naturalmente, y de cara a la galería, los primeros pronunciamientos de los políticos de uno y otro signo, casi todos ellos expresaron que este martes había sido un “gran día para la democracia". Patxi López, el portavoz del PSOE en el Congreso, por ejemplo, celebró alborozado el acuerdo, calificándolo de "imperativo constitucional" tras cinco años de estancamiento. El locuaz López subrayó que "ya no cabían más excusas" para retrasar esta renovación. Y que por eso, solo por eso, el PP se había visto obligado a doblar humildemente el espinazo.
El líder ultraconservador Alberto Núñez Feijóo, por su parte, expresó también su satisfacción con el “pacto”, del que hasta hace tan solo unos pocos días atrás había jurado y perjurado no estar dispuesto a firmar ni muerto. Manifestó, igualmente, que ahora con el fraternal acuerdo, "ni el PSOE ni el PP van a controlar el poder judicial", redondeando el gigantesco embuste con un significativo y castrense"!Misión cumplida!”.
Las primeras declaraciones pronunciadas al respecto por el Secretario General del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, llegaron a alcanzar los límites del extravío por delirio. Según Santiago el "conchavo" alcanzado había que interpretarlo como “una gran victoria para la democracia". Agregó, además, en una suerte de “climax delirante” que el fin del bloqueo judicial había sido “un paso muy importante” y que los nuevos vocales del CGPJ, con su acreditada experiencia, garantizaran un “eficiente desempeño” en sus tareas en el Poder Judicial. (¿De dónde diablos han sacado a este hombre?)
No opinó igual la lideresa de Podemos, Irene Montero, que con un denodado afán por comerle territorio a sus contrincantes de SUMAR, ha terminado "cayéndose del caballo" y queriendo asaltar los cielos nuevamente. Montero mantuvo una actitud duramente crítica con el consenso alcanzado entre PSOE-PP. La eurodiputada de Podemos barrunta, –y no le falta razón para ello-, que con esta primera “transacción” se están anunciando otras muchas. Montero denunció que
"ninguna persona de izquierdas, ningún progresista, puede estar a favor de que un poder del Estado se elija de forma censitaria por un grupo de notables sin control democrático".
Y pese a los trajines que en un recientísimo pasado ella misma protagonizó durante el Gobierno de la llamada "coalición más progresista de la historia", le importó un comino... y se quedó tan fresca.
LA SIGNIFICATIVA VALORACIÓN DE LA UE
Como no podía ser menos, a la “Comisión Europea”, solo le faltó tirar cohetes y voladores para celebrar el feliz evento. Acogió con mucha alegría tanto "consenso" alcanzado como el retorno español a la senda del prudente bipartidismo perdido, hecho que, según la Comisión, augura una "mejora la situación del poder judicial en España". La UE valoró favorablemente la importancia del pacto realizado en el contexto de sus recomendaciones para la recuperación integral en España del "Estado de Derecho".
PERSPECTIVAS DEL PSOE
Para los representantes del PSOE, el orden que tendrá la aplicación del acuerdo resultará fundamental. Según fuentes de ese Partido, la “renovación” del Poder Judicial se realizará bajo la actual ley vigente, evitando reformas corporativas previas que –dicen- perpetuarían la mayoría conservadora. Nada nos cuentan de cuáles fueron los acuerdos que se aplicaran "a posteriori", cuyo contenido, muy probablemente, estará ya plasmado en un borrador y minuciosamente detallados.
Además, puntualizaron que el acuerdo cubre la vacante pendiente en el Tribunal Constitucional, que será ocupada por José María Macias, propuesto por el PP en el Senado. (O sea: "tú me das por aquí, y yo te doy por allá”)
En esa misma línea, el Partido Popular enfatizó que el nuevo “conchavo” alcanzado con el PSOE garantizará una “composición equilibrad del CGPJ, con veinte nuevos integrantes cuya "trayectoria y solidez formativa son indiscutibles". (traduzcan, traduzcan… que aquí no hay puntada sin hilo)
ANÁLISIS DE LOS MEDIOS
“El Economista”, una publicación especializada en temas económicos y representativa de los intereses empresariales, destacó lo duro que habían sido los meses de tensas negociaciones que precedieron al acuerdo. La publicación estima que este “parto de los montes” había resultado casi imposible de alcanzar, hasta que finalmente el “consenso” ha establecido que el CGPJ deberá tomar decisiones por una mayoría reforzada de tres quintas partes de sus miembros, y que estos mismos presentarán una propuesta en seis meses para reformar el proceso de selección de sus integrantes.
Por otro lado, el diario Público, muy cercano a la formación socialdemócrata "Sumar", describió el contexto de la firma del acuerdo, destacando la reunión entre el ministro Félix Bolaños, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, en Bruselas. La firma tuvo lugar en un “acto simbólico”, sellando el pacto con un “apretón de manos”.
El País, órgano afín al Gobierno, comentó que la presión interna de la carrera judicial y el ultimátum del presidente del Gobierno habían sido determinantes para alcanzar este acuerdo. Destacó, como no, la importancia de la mediación de la Comisión Europea a lo largo de todo el proceso negociador.
El monárquico ABC resaltó que el pacto entre PP y PSOE implica una nueva regulación que prohíbe expresamente que un ministro pueda ser fiscal general del Estado, un cambio que busca, -asegura- fortalecer la independencia del Poder judicial.
¿Y CÓMO OPINA EL "EXTRA RADIO" DEL SISTEMA?
Organizaciones, sindicatos y movimientos sociales ubicados fuera y contra el Sistema, así como algunos colectivos anticapitalistas, han rechazado rotundamente el acuerdo entre PP y PSOE. Estos grupos critican cualquier forma de arreglo entre los grandes Partidos, a quienes consideran parte de un mismo sistema corrupto que perpetúa la desigualdad y la falta de justicia social. Desde su punto de vista, la renovación del CGPJ bajo las actuales estructuras políticas, fuertemente enraizadas en la pasada dictadura, no es más que un cambio superficial que no aborda los problemas fundamentales del sistema judicial y político español, que caracterizan de la siguiente forma:
- Falta de Democratización: Uno de los puntos más criticados es la ausencia de un proceso verdaderamente democrático en la elección de los miembros del CGPJ. Los críticos argumentan que la elección por un grupo de notables perpetúa un sistema elitista y cerrado.
- Influencia Política: Otro punto de desacuerdo es la continua influencia de los grandes partidos en la selección y control del poder judicial. Para los grupos de la izquierda no institucional, cualquier acuerdo entre PP y PSOE no elimina, sino que redistribuye la influencia política sobre el poder judicial.
- Desconfianza en los Pactos: Existe una desconfianza general hacia cualquier pacto alcanzado entre los partidos tradicionales, que son vistos como parte de un mismo sistema que ha fallado en representar verdaderamente los intereses del pueblo y en implementar reformas profundas y necesarias.
- Reformas Insuficientes: Los sectores más críticos consideran que las reformas acordadas no son suficientes para garantizar una verdadera independencia judicial. Abogan por una reforma estructural radical que elimine por completo la influencia política en el poder judicial y que garantice procesos de selección transparentes y participativos.
Amelia | Domingo, 30 de Junio de 2024 a las 21:31:34 horas
Pero pregunto yo si todavía alguien se cree a esta gente que no hacen nada más que mentir y son unos corruptos, son el mismo perro con distinto collar.
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