
LA CRISIS DE LOS DESAHUCIOS EN CANARIAS: ALQUILERES INSOSTENIBLES Y SILENCIO CÓMPLICE
¿Por qué tantos colectivos han dejado de denunciar los desahucios?
La crisis de los desahucios en Canarias no cesa, y aunque las estadísticas muestran un aumento preocupante, los colectivos que antes lideraban la denuncia parecen haber quedado en silencio. ¿Qué ha cambiado en la lucha contra los desalojos? ¿Por qué tantas familias siguen siendo expulsadas de sus hogares sin que se oiga una protesta?
Por ARTURO INGLOTT PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La crisis de desahucios en Canarias se agrava día a día, impulsada por el incremento desmesurado de los alquileres y el alza de los tipos de interés hipotecarios.
El aumento de los precios del alquiler en Canarias ha llevado a numerosos isleños a la imposibilidad de pagar sus viviendas, provocando un significativo número de desahucios.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de desahucios por cada 100.000 habitantes.
En el primer trimestre de este año, se produjeron 380 desahucios por impago del alquiler, lo que equivale a una tasa de 17 por cada 100.000 habitantes. Solo Cataluña, con una tasa de 17,1, supera a Canarias en este lamentable ranking. A nivel estatal, la media es de 11,2 casos por 100.000 habitantes.
El impacto de la subida de los tipos de interés desde mediados de 2022 también ha dejado su huella en los propietarios de viviendas en Canarias.
El aumento del Euribor ha duplicado la tasa de las hipotecas, llevando a muchos canarios a no poder afrontar los pagos mensuales. En el primer trimestre del año, se registraron 114 lanzamientos hipotecarios, un incremento del 200% comparado con los 38 del año anterior.
Pero este problema no se limita solo al impago de alquileres e hipotecas. Las estadísticas también reflejan un aumento general en los desahucios por diversas razones. Si se consideran todos los tipos de desahucios, incluyendo los causados por la Ley de Arrendamientos Urbanos y otras razones no especificadas, Canarias registró un total de 720 lanzamientos en el tercer trimestre del año pasado. Esto incluye 139 desahucios por ejecución de la Ley Hipotecaria, 554 por la Ley de Arrendamientos Urbanos y 27 por otras causas no especificadas.
En cuanto a la tasa de desahucios por aplicación de la Ley Hipotecaria, Canarias se posicionó como la tercera más alta del país con 6,4 casos por cada 100.000 habitantes, superada solo por Murcia (14,9) y Valencia (10). La situación es igualmente preocupante si se consideran los datos generales de lanzamientos, que sitúan a Canarias como la segunda región con la tasa más alta en el tercer trimestre de 2022 con 33,1 casos por cada 100.000 habitantes, solo superada por Murcia (35,7).
EL SILENCIO CÓMPLICE DE MUCHOS COLECTIVOS Y EX ACTIVISTAS
A pesar de estos alarmantes datos, la denuncia activa de los desahucios ha disminuido considerablemente. Una circunstancia que, según los activistas que continúan en la lucha por el derecho a la vivienda, como los integrantes del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria o el Sindicato de inquilinas de Tenerife, no es en absoluto casual.
Ruymán Rodríguez, un destacado miembro del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, ha criticado el silencio de ciertos colectivos, plataformas y sindicatos, que según él, parecen haber firmado una especie de armisticio con el Gobierno central y otras administraciones para no perjudicarlas.
Según Rodríguez, "hay dos factores que permiten entender el porqué de este crecimiento de los desahucios: el empeoramiento de las economías domésticas debido a la pandemia y la inacción de colectivos domesticados por subvenciones y amiguismos".
En declaraciones efectuadas a Canarias-semanal, Rodríguez explicó que, en su opinión:
"Hay dos factores que permiten entender el porqué de este crecimiento de los desahucios. Uno es, lógicamente, el grave empeoramiento de las economías domésticas como consecuencia de la pandemia. Especialmente en Canarias, donde muchas familias dependen para sobrevivir de la economía sumergida o del monocultivo del turismo".
Además, añadió que:
"el otro, que a mí me preocupa especialmente como militante por el derecho a la vivienda, tiene que ver directamente con estos colectivos totalmente domesticados que, por subvenciones, por amiguismos, o por lo que sea, han dejado de actuar y de denunciar para no 'perjudicar' al gobierno".
Por su parte, Pili Puyi, portavoz del sindicato de inquilinas de Tenerife, aseguraba a Canaria-semanal, que el "Decreto Antidesahucio" aprobado por el gobierno central durante la anterior legislatura fue en todo un momento "un mero papel mojado".
"El decreto nunca se cumplió, ya que los juzgados siguieron ejecutando desahucios y mandando familias a la calle" - denuncia Puyi.
EL IMPACTO EN LA SOCIEDAD CANARIA
El resultado de esta situación es devastador para muchas familias canarias. El monocultivo del turismo y la economía sumergida, de los que dependen tantas familias, no ofrecen la estabilidad necesaria para afrontar los incrementos de alquileres y hipotecas. Sin una intervención efectiva y sin la presión de los colectivos que antes denunciaban activamente estos desahucios, la situación parece destinada a empeorar.
Las familias en situaciones de vulnerabilidad son las más afectadas por esta crisis. Muchas de ellas, que deberían estar protegidas por el "Decreto Antidesahucio", se encuentran totalmente desprotegidas y desamparadas.
VÍDEO RELACIONADO:
Por ARTURO INGLOTT PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La crisis de desahucios en Canarias se agrava día a día, impulsada por el incremento desmesurado de los alquileres y el alza de los tipos de interés hipotecarios.
El aumento de los precios del alquiler en Canarias ha llevado a numerosos isleños a la imposibilidad de pagar sus viviendas, provocando un significativo número de desahucios.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de desahucios por cada 100.000 habitantes.
En el primer trimestre de este año, se produjeron 380 desahucios por impago del alquiler, lo que equivale a una tasa de 17 por cada 100.000 habitantes. Solo Cataluña, con una tasa de 17,1, supera a Canarias en este lamentable ranking. A nivel estatal, la media es de 11,2 casos por 100.000 habitantes.
El impacto de la subida de los tipos de interés desde mediados de 2022 también ha dejado su huella en los propietarios de viviendas en Canarias.
El aumento del Euribor ha duplicado la tasa de las hipotecas, llevando a muchos canarios a no poder afrontar los pagos mensuales. En el primer trimestre del año, se registraron 114 lanzamientos hipotecarios, un incremento del 200% comparado con los 38 del año anterior.
Pero este problema no se limita solo al impago de alquileres e hipotecas. Las estadísticas también reflejan un aumento general en los desahucios por diversas razones. Si se consideran todos los tipos de desahucios, incluyendo los causados por la Ley de Arrendamientos Urbanos y otras razones no especificadas, Canarias registró un total de 720 lanzamientos en el tercer trimestre del año pasado. Esto incluye 139 desahucios por ejecución de la Ley Hipotecaria, 554 por la Ley de Arrendamientos Urbanos y 27 por otras causas no especificadas.
En cuanto a la tasa de desahucios por aplicación de la Ley Hipotecaria, Canarias se posicionó como la tercera más alta del país con 6,4 casos por cada 100.000 habitantes, superada solo por Murcia (14,9) y Valencia (10). La situación es igualmente preocupante si se consideran los datos generales de lanzamientos, que sitúan a Canarias como la segunda región con la tasa más alta en el tercer trimestre de 2022 con 33,1 casos por cada 100.000 habitantes, solo superada por Murcia (35,7).
EL SILENCIO CÓMPLICE DE MUCHOS COLECTIVOS Y EX ACTIVISTAS
A pesar de estos alarmantes datos, la denuncia activa de los desahucios ha disminuido considerablemente. Una circunstancia que, según los activistas que continúan en la lucha por el derecho a la vivienda, como los integrantes del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria o el Sindicato de inquilinas de Tenerife, no es en absoluto casual.
Ruymán Rodríguez, un destacado miembro del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, ha criticado el silencio de ciertos colectivos, plataformas y sindicatos, que según él, parecen haber firmado una especie de armisticio con el Gobierno central y otras administraciones para no perjudicarlas.
Según Rodríguez, "hay dos factores que permiten entender el porqué de este crecimiento de los desahucios: el empeoramiento de las economías domésticas debido a la pandemia y la inacción de colectivos domesticados por subvenciones y amiguismos".
En declaraciones efectuadas a Canarias-semanal, Rodríguez explicó que, en su opinión:
"Hay dos factores que permiten entender el porqué de este crecimiento de los desahucios. Uno es, lógicamente, el grave empeoramiento de las economías domésticas como consecuencia de la pandemia. Especialmente en Canarias, donde muchas familias dependen para sobrevivir de la economía sumergida o del monocultivo del turismo".
Además, añadió que:
"el otro, que a mí me preocupa especialmente como militante por el derecho a la vivienda, tiene que ver directamente con estos colectivos totalmente domesticados que, por subvenciones, por amiguismos, o por lo que sea, han dejado de actuar y de denunciar para no 'perjudicar' al gobierno".
Por su parte, Pili Puyi, portavoz del sindicato de inquilinas de Tenerife, aseguraba a Canaria-semanal, que el "Decreto Antidesahucio" aprobado por el gobierno central durante la anterior legislatura fue en todo un momento "un mero papel mojado".
"El decreto nunca se cumplió, ya que los juzgados siguieron ejecutando desahucios y mandando familias a la calle" - denuncia Puyi.
EL IMPACTO EN LA SOCIEDAD CANARIA
El resultado de esta situación es devastador para muchas familias canarias. El monocultivo del turismo y la economía sumergida, de los que dependen tantas familias, no ofrecen la estabilidad necesaria para afrontar los incrementos de alquileres y hipotecas. Sin una intervención efectiva y sin la presión de los colectivos que antes denunciaban activamente estos desahucios, la situación parece destinada a empeorar.
Las familias en situaciones de vulnerabilidad son las más afectadas por esta crisis. Muchas de ellas, que deberían estar protegidas por el "Decreto Antidesahucio", se encuentran totalmente desprotegidas y desamparadas.
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