POR ALFIL PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

   El gobierno de la "coalición progre" que encabeza Pedro Sánchez, en un abracadabra de urgencia, acaba de descubrir, al parecer, una fórmula prodigiosa para solucionar la crisis de la vivienda: si los alquileres son demasiado caros para quienes trabajan, quizás podamos conseguir que los propietarios sigan cobrando lo suficiente, haciendo que también paguemos los que  no vivimos en sus pisos.

   El invento se llama bonificación fiscal. Suena bastante mejor. El Gobierno está negociando este mismísimo 28 de septiembre un nuevo decreto de vivienda que pretende incluir protección frente a los desahucios, estabilización de contratos de alquiler, regulación de los alquileres de temporada, medidas contra determinadas compras especulativas de fondos de inversión y cambios fiscales sobre pisos turísticos.

  Entre las medidas todavía en discusión aparecen también bonificaciones fiscales para propietarios, particularmente para quienes reduzcan los alquileres o resulten afectados por congelaciones o prórrogas contractuales.  

  Conviene explicar la jugada porque debajo de toda la jerga fiscal hay algo bastante sencillo. Una familia alquila una vivienda. El propietario cobra una renta. El Estado considera que esa renta debe moderarse para evitar que la familia sea expulsada por una subida que no puede pagar. Pero entonces aparece una preocupación aparentemente superior: ¿y el propietario?

   No sea que vaya a perder dinero. La solución que se negocia consiste, entre otras posibilidades, en ofrecer ventajas fiscales a determinados propietarios. No recibirán necesariamente un cheque. Simplemente pagarán menos impuestos. Y es justo aquí cuando comienza la magia.

    La cuestión es que los impuestos que alguien deja de pagar son ingresos que el Estado deja de recibir. Ese dinero tendrá que compensarse con otros impuestos, deuda o menos recursos disponibles para otros gastos. El documento aportado lo explica correctamente: un beneficio fiscal también supone un coste para las cuentas públicas.  De manera que con esta "operación mágica" la disposición en ciernes conseguirá incorporar a un personaje nuevo al contrato de alquiler. Antes estaban solo el casero y el inquilino. Ahora entraremos también usted y yo.

LA PROPIEDAD ES PRIVADA; EL SACRIFICIO, SOCIAL

    Aquí está el fondo de la cuestión. Cuando una vivienda se revaloriza, la ganancia pertenece al propietario. Cuando el alquiler proporciona beneficios, pertenecen al propietario. Cuando el inmueble se vende con una importante plusvalía, tampoco aparece ningún funcionario preguntando educadamente qué porcentaje desea entregar a los vecinos.

     Y eso sucede porque la propiedad es sagrada y privada. Pero cuando una regulación pública amenaza con reducir temporalmente el rendimiento esperado del inmueble, entonces descubrimos emocionados que vivimos en sociedad. La pérdida del casero necesita compañía.

   El propietario mantiene el piso, conserva su patrimonio y conserva la posibilidad de venderlo mañana mismo. La sociedad únicamente entra en escena para ayudar a sostener su rentabilidad. Un magnífico negocio: privatizar el activo y socializar una parte del riesgo.

   No hablamos aquí del jubilado que alquila una segunda vivienda para complementar una pensión. Meter en el mismo saco al pequeño propietario y al gran tenedor constituye precisamente una manera extraordinariamente útil de ocultar el problema. Si finalmente existen compensaciones destinadas a situaciones particulares, deberían distinguirse radicalmente de cualquier mecanismo que termine subvencionando patrimonios inmobiliarios importantes.  Porque una cosa es proteger a una persona con recursos modestos. Y otra muy distinta, garantizar con dinero colectivo la rentabilidad de quien acumula viviendas.

EL INQUILINO YA PAGA

    Hay además una pequeña ironía que merece nuestra  atención. El trabajador que vive de alquiler obtiene su salario trabajando. De ese salario paga la vivienda. Y con sus impuestos contribuye al sostenimiento del Estado.

     Si ese Estado utiliza después recursos públicos para compensar fiscalmente al propietario, el mismo trabajador puede terminar financiando al rentista dos veces: primero mediante el alquiler y después como contribuyente.

   Resulta difícil poder imaginar un mecanismo más elegante. La vivienda permite verlo con especial claridad porque no estamos hablando de un bien cualquiera. Nadie puede decidir dejar de consumir vivienda porque este mes está cara. Puede dejar de comprar langostinos. Puede aplazar un automóvil. Puede cancelar unas vacaciones. Pero necesita inevitablemente algún sitio donde dormir.

   Esa necesidad proporciona un extraordinario poder económico a quien controla suficientes viviendas en lugares donde mucha gente necesita vivir. La documentación económica que hemos consultado nos  describe cómo, en las ciudades en expansión, el suelo y su renta pueden convertirse en el verdadero objeto de la especulación inmobiliaria. 

 Por eso mismo, presentar el problema exclusivamente como un enfrentamiento entre dos ciudadanos —inquilino y propietario— resulta tramposo.

    Existe una cuestión anterior: quién controla un recurso imprescindible y quién necesita pagar para acceder a él.

PAGAR PARA QUE NO ESPECULEN DEMASIADO

    Las eufemísticamente llamadas bonificaciones pueden defenderse con un argumento: si un propietario acepta reducir el alquiler, la sociedad obtiene algo a cambio y una ventaja fiscal podría facilitar que mantenga la vivienda en el mercado.

    Este sería un argumento que merecería ser examinado. Pero inmediatamente aparece otra pregunta: ¿por qué debe garantizarse públicamente una determinada rentabilidad a una inversión privada?

   Cuando alguien compra acciones y estas bajan, el Estado no le compensa la diferencia. Cuando un pequeño comerciante tiene un mal año, Hacienda no garantiza el beneficio que esperaba obtener.

  Sin embargo, alrededor de la propiedad inmobiliaria parece haberse construido una curiosísima doctrina económica: el precio puede subir libremente, pero cuando la sociedad intenta limitarlo debe indemnizar al propietario. El mercado, cuando gano. La sociedad, cuando pierdo.  ¡Redonda la jugada!.

QUIZÁ ESTEMOS PAGANDO EL PROBLEMA EN LUGAR DE RESOLVERLO

    El decreto en ciernes parece contener propuestas de naturaleza muy diferente y algunas atacan precisamente mecanismos que alimentan la crisis: proteger frente a desahucios, regular los alquileres temporales fraudulentos, blindar el parque público o impedir que viviendas financiadas colectivamente terminen posteriormente en circuitos especulativos. Estas son las medidas que parece estar proponiendo la progresía socialdemócrata en la coalición gubernamental.

   Pero subvencionar la rentabilidad privada introduce una lógica distinta. Porque no modifica la estructura que produce el problema.

    El gran propietario continúa siendo propietario. El inquilino continúa necesitando alquilar. Y el Estado coloca dinero público en medio para hacer compatible el derecho del primero a obtener rentabilidad con la necesidad del segundo de tener techo.

    Quizá convendría invertir la pregunta.  ¿Por qué debe pagar la sociedad para convencer a quien acumula viviendas de que cobre un alquiler razonable?

   Si hacen falta recursos públicos, podrían emplearse en ampliar permanentemente un parque público de alquiler, adquirir vivienda para uso social, rehabilitar inmuebles públicos o desarrollar fórmulas que reduzcan de manera estable la dependencia respecto al mercado privado.

    Eso dejaría patrimonio colectivo. Bonificar al gran tenedor deja otra cosa: su patrimonio intacto. Y esta es, amigo lector,  una  formidable paradoja.

    Durante años se nos estuvo adoctrinando con la máxima de que el mercado debía determinar los precios de la vivienda. Ahora que esos precios expulsan a trabajadores de los barrios donde viven y absorben porcentajes crecientes de sus ingresos, descubrimos que el mercado necesita ayuda estatal. No para desaparecer. Para seguir funcionando. Y, al parecer, esa  factura también debemos pagarla nosotros.

 FUENTES CONSULTADAS

Información de El País sobre la negociación del decreto
Claves del decreto recopiladas por RTVE
Información de El País sobre los incentivos fiscales reclamados por Junts