2.300 CANARIOS MURIERON EN 2023 ESPERANDO UNA AYUDA A LA DEPENDENCIA QUE JAMÁS LLEGÓ

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En el Archipiélago Canario, la situación de la dependencia se torna cada vez más dramática, evidenciando un panorama sombrío para quienes aguardan el reconocimiento de su situación por parte del Gobierno autonómico.

     Durante el año 2023, fallecieron 2.300 canarios esperando por una ayuda a la que tenían derecho por su situación de Salud, pero que jamás recibieron. Ello se traduce en una  media desoladora de seis personas fallecidas diariamente.

      Estos sondatos oficiales expuestos por el titular de la Diputación del Común, Rafael Yanes, en su más reciente intervención parlamentaria obliga a preguntarse, una vez más, sobra las causas y responsables de una gestión política con miles de víctimas.  

       En lo que respecta a los recursos dedicados a la prestación de este servicio, Canarias, con un desembolso de apenas 276 euros por habitante al año en servicios sociales, se sitúa a la cola del Estado. El gasto total en 2022 en dependencia en Canarias, con una población 2,2 millones de personas, fue de 233 millones; mientras que en Castilla y León, con un población de 2,3 millones, fue de 747 millones. Más del triple. Con esta infradotación de recursos no puede resultar extraño que, aunque el Gobierno de Canarias tenga la obligación legal de  responder a una solicitud de dependencia antes de seis meses, exista una alta probabilidad de que el afectado fallezca sin haber recibido dicha respuesta. 

   La estructura laboral dedicada a la dependencia en Canarias permanece inalterada desde hace 17 años, un período en el cual la población mayor de 65 años ha experimentado un crecimiento sustancial, pasando de 240.000 a más de 400.000 personas.

Un sistema colapsado: El reto de la discapacidad y la Sanidad

   Pero el desempeño del Gobierno de Canarias no solo flaquea en el ámbito de la dependencia. En casos de discapacidad resultante de accidentes, los plazos legales de resolución, establecidos en seis meses, se extienden hasta periodos de 54 a 65 meses. En el sector sanitario, la situación no es menos preocupante, con Canarias ocupando las últimas posiciones en España en términos de tiempos de espera para operaciones quirúrgicas, consultas especializadas y pruebas diagnósticas.

  La Diputación del Común, liderada por Yanes, ha enfrentado obstáculos en su intento de obtener respuestas y cooperación de las administraciones canarias. A pesar de los esfuerzos y la emisión de recordatorios y advertencias, la respuesta a sus solicitudes de información ha sido, en muchas ocasiones, insatisfactoria.

Una sangrante situación que viene de lejos

  Este sangrante incumplimiento y la falta de atención a los miles de dependientes en el Archipiélago canario  ha sido una constante durante los diferentes gobiernos autonómicos.

  La responsabilidad en esta situación de Coalición Canaria, y el Partido Popular, fue denuncia durante años por el PSOE, y posteriormente por Podemos tras la aparición del partido morado. 

  Sin embargo, durante la legislatura del llamado "pacto de las flores", el acuerdo de Gobierno entre el PSOE, Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo, los fríos datos estadísticos no arrojaron ninguna mejora.  

  Otro informe la de la Diputación del Común, referido al año 2021, mostraba una situación tan crítica como la ahora denunciada. El informe utilizaba entonces términos tan significativos como "vía crucis" para referirse a la casi infranqueable maraña burocrática a la que tenían que enfrentarse las personas dependientes para pedir las ayudas y los años que transcurren para que lleguen a recibirlas.

   Este mismo informe denunciaba ya que durante el 2021, con  Noemí Santana como consejera de Derechos Sociales, una persona murió cada 2 horas 38 minutos en las Islas esperando por la ayuda a la dependencia a la que tenían derecho.

  Los datos del Observatorio de la Dependencia indicaban que en vez de bajar el tiempo medio de resolución de los expedientes, éste había aumentado, y de 923 días se pasó a 943 para determinar si una persona es dependiente.