EN PIE DE GUERRA LOS MÉDICOS FORENSES DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE STA. CRUZ DE TENERIFE

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   El funcionamiento del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife ha desembocado en una huelga sin precedentes, de los médicos forenses empleados en este servicio, que evidencia profundas disensiones internas y cuestiona la gestión de la administración de justicia.

   Los profesionales sanitarios reclaman la destitución del director del Instituto, a quien acusan como responsable directo de una mala gestión que   -dicen - "ha dado como resultado múltiples carencias" que impiden el correcto desarrollo del trabajo.

   Los médicos forenses acusan también al director de llevar a cabo "conductas irregulares" y recuerdan que hay cuatro sentencias judiciales que avalan sus denuncias. Entre ellas, una sentencia que dio por probado que el director efectuó el traslado forzoso de un trabajador de su puesto de trabajo como castigo encubierto por ser critico por su gestión.

   Los sindicatos incluidos en el Comité de Empresa reclaman también  la destitución del equipo directivo del Instituto debido a un patrón de "ejercicio arbitrario de poder, castigos encubiertos, trato hostil y falta de respeto".

   Según un comunicado enviado por el Comité de Empresa del  Instituto de Medicina Legal  a la redacción de Canarias-semanal, el epicentro de la actual crisis se ubica en las acciones y decisiones tomadas en torno al nombramiento y posterior destitución de Francisco Ledesma, Director General de Relaciones con la Administración de Justicia.

"EN LUGAR DE DESTITUIR AL DIRECTOR DEL IML DESTITUYERON AL DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA"

   De acuerdo a lo expuesto por el Comité de Empresa, desde la llegada de Francisco Ledesma al cargo en agosto de 2023, se abrieron una serie de investigaciones y reuniones destinadas a esclarecer las numerosas quejas y denuncias formuladas por el personal y los sindicatos del Instituto.

  "Una realidad  -afirman los sindicatos integrados en el Comité de Empresa - marcada por irregularidades, disfunciones y decisiones arbitrarias que comprometían la eficacia y la integridad del Instituto de Medicina Legal de la capital tinerfeña" .

  Según apuntan desde el comité de empresa "la decisión de Ledesma de proponer el cese del director del IML, respaldada por evidencias y documentos que acreditaban las faltas en la gestión, se presentaba como un paso hacia la restauración de una administración justa y efectiva en el instituto".

  "Sin embargo -dicen - esta propuesta se convirtió en el detonante de su propia destitución, un movimiento interpretado por muchos como un intento de silenciar y desviar la atención sobre las problemáticas reales del instituto".

  Según expone el Comité de Empresa, a raíz de esta destitución, se desencadenó una huelga indefinida por parte de un 75% de los médicos forenses del IML, un hecho sin precedentes en el país, donde los trabajadores de la institución pública se movilizan no por demandas económicas, sino por exigir responsabilidades ante las irregularidades y la mala gestión de su máximo responsable.

   Este paro laboral, según se detalla, ha provocado la suspensión de multitud de reconocimientos médico- forenses y juicios, generando un perjuicio directo para los ciudadanos y la tramitación de asuntos judiciales.

   El comunicado del comité de empresa  hace hincapié, igualmente, en la respuesta, o falta de ella, por parte de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias.

   La destitución de Francisco Ledesma, según narra el comunicado del comité de empresa, ha dejado al descubierto no solo las fisuras en la gestión del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, sino también las tensiones entre la necesidad de una administración transparente y eficiente y los intereses que parecen obstaculizarla.

Deficiencias en el Instituto de Medicina Legal de Tenerife según los Médicos Forenses

  Los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife han expresado una profunda preocupación por las condiciones y la gestión del instituto.

   En reuniones con el Diputado del Común, Rafael Yanes, han destacado problemas significativos que afectan directamente a su capacidad para desempeñar sus funciones correctamente, sobre todo en áreas críticas como la valoración de violencia contra la mujer y peritaciones psicosociales. Estas denuncias subrayan la falta de organización, transparencia y comunicación eficaz con la dirección del instituto, lo que finalmente repercute en los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

   Una de las cuestiones más alarmantes señaladas es la falta de previsión y adecuación de instalaciones para el uso del ortopantomógrafo, un equipo destinado a la valoración de la edad de menores migrantes no acompañados. Los médicos forenses denuncian que el lugar previsto para su instalación no cumple con las condiciones de salubridad adecuadas, situando a posibles menores de edad en un entorno de riesgo biológico y radiológico.

  La situación en las islas no capitalinas, como La Gomera, se describe como aún más grave, destacando problemas como la falta de suministros básicos, incluidas mascarillas, y la imposibilidad de comunicarse eficazmente con la dirección del servicio en Tenerife para asuntos críticos como el tratamiento de residuos. Este escenario ha llevado a sobrecargas de trabajo insostenibles y a una falta de medidas correctivas por parte de la dirección, a pesar de contar con personal adicional contratado específicamente para estas situaciones.