MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ, PRESIDENTE DE LA UD LAS PALMAS: ¿EL HOMBRE QUE JAMÁS PODRÍA IR A PRISIÓN? (Vídeo)
La Fiscalía vuelve a pedir seis años de cárcel y el pago de 2,89 millones de euros por otro presunto delito fiscal
Este martes, la prensa local e hacía eco del escrito de acusación presentado por la Fiscalía contra Miguel ángel Ramírez, en el que solicita para el empresario grancanario una pena de prisión de seis años y una multa de 2,89 millones de euros por dos delitos contra la Seguridad Social, presuntamente cometidos en la administración de las empresas Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur Canarias, esta última también conocida como Novo Segur (...).
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Hace apenas unas semanas salía a la luz la querella de la Fiscalía Provincial de Las Palmas contra el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez y otros tres presuntos implicados, entre los que se encuentra el presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, por un presunto delito de fraude fiscal en la provisión de material sanitario durante la pandemia del Covid 19, en operaciones con las que Ramírez se embolsó la friolera de 6,76 millones de euros ejerciendo como mero intermediario.
Este martes, la prensa local de Gran Canaria se hacía eco del escrito de acusación presentado por la Fiscalía contra Ramírez, en el que solicita para el empresario grancanario una pena de prisión de seis años y una multa de 2,89 millones de euros por dos delitos contra la Seguridad Social, presuntamente cometidos en la administración de las empresas Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur Canarias, esta última también conocida como Novo Segur.
En este nuevo proceso también están implicados Jacobo López Perdomo -se enfrenta a tres años y multa de 517.394 euros-, Antonio Redondo Álvarez, Jesús Miguel Acosta Santana y Gladys Acosta García -a estos tres últimos le pide tres años de prisión y 2.374.718 euros- y Alicia Pérez Sánchez -para la que la Fiscalía le pide la misma condena que a Ramírez-.
A los procesados se les reclama que compensen de manera conjunta y solidaria a la Tesorería General de la Seguridad Social con 791.572 euros, cantidad adeudada por supuestas malas prácticas en la cotización de sus empleados en la empresa de seguridad privada Novo Segur Seguridad Privada, anteriormente Marsegur Seguridad Privada.
La causa, que tuvo su origen en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria y que será llevada ante la Audiencia Provincial, pone de manifiesto la presunta "infracotización de sus trabajadores".
Según el Ministerio Público, esto derivó de no incluir en las bases de cotización las remuneraciones a las que los trabajadores tenían derecho según los convenios estatales del sector de empresas de seguridad y los propios acuerdos de las mercantiles, con un claro propósito defraudatorio.
La fiscal delegada de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, quien ha manejado casos similares en el pasado, es la encargada de redactar este escrito acusatorio. Su acusación detalla cómo los implicados imponían condiciones salariales inferiores a las normativamente aplicables, afectando no solo a los trabajadores, sino también causando un notable daño al sistema público de Seguridad Social. Esta reducción de la base de cotización, mediante la omisión o la disminución del importe de conceptos salariales, menguaba significativamente la cantidad que debería haberse ingresado a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
El documento acusatorio va más allá, al detallar los movimientos financieros y patrimoniales de los acusados, en particular de Alicia Pérez, mostrando cómo su situación financiera y su participación en las empresas se entrelazaban con prácticas presumiblemente fraudulentas. Desde tener una cuenta corriente en números rojos hasta ser beneficiaria de una exclusiva tarjeta de crédito cargada con sumas significativas por parte de Ramírez, lo cual apuntaría a que Pérez podría haber actuado como testaferro del empresario.
LOS PRECEDENTES QUE PUEDEN TRANQUILIZAR A MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ
Aunque una acusación de esta magnitud debería provocar, objetivamente, una gran inquietud en el procesado, la realidad es que Miguel Ángel Ramírez cuenta con antecedentes que podrían atemperar significativamente esa supuesta preocupación.
Cabe recordar que no es esta la primera ocasión en la que Ramírez se ha visto envuelto en diversos casos judiciales relacionados con presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, marcando su trayectoria con una serie de complejas investigaciones y procedimientos legales.
Uno de los casos más conocidos en los que ha estado imputado Miguel Ángel Ramírez se remonta a casi ocho años atrás y estuvo igualmente relacionado con presuntos fraudes multimillonarios a la Hacienda Pública y la Seguridad Social a través de su compañía Seguridad Integral Canaria (SIC).
Ramírez fue acusado, entre otros presuntos delitos, de pagar horas extras a los trabajadores de SIC como si fueran dietas, evitando así retenciones de IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social, lo que resultó en millones de euros no pagados a Hacienda y a la Seguridad Social.
La Fiscalía de Asuntos Económicos solicitó para Ramírez una condena de 21 años y medio de cárcel y una multa de 105 millones de euros, reflejando la gravedad de las acusaciones por un presunto fraude que ascendería a 36,66 millones de euros entre 2012 y 2017.
Pese a los múltiples testimonios de sindicatos como USO o Intersindical Canaria, que denunciaron inicialmente los hechos, y las evidencias objetivas que avalaban la investigación, el caso de prolongó durante años hasta desembocar en un giro absolutamente favorable para Ramírez.
La Audiencia de Las Palmas exoneró a Ramírez de las irregularidades atribuidas a SIC entre 2014 y 2016, señalando que no se podía considerarlo administrador de hecho de la empresa en esos años. Un fallo que se basó en la presunta insuficiencia de pruebas que respaldaran que Ramírez actuaba como tal administrador después de que Héctor de Armas asumiera formalmente esas funcione.
Más de una década después, el caso que investiga otro presunto presunto fraude a la Hacienda Pública y la Seguridad Social supuestamente cometido a través de su compañía, Seguridad Integral Canaria (SIC), entre 2009 y 2013, está pendiente de sentencia. La defensa de Miguel Ángel Ramírez ha pedido para su representado la "absolución categórica". Un desenlace que, de acuerdo a los precedentes, no sería lógico descartar.
TODOS LOS CONTRATOS PÚBLICOS PARA EL PRESIDENTE
Pese a estar imputado durante años en estos procesos judiciales, Miguel Ángel Ramírez siguió siendo beneficiario de múltiples contratos públicos hasta prácticamente la desaparición de Seguridad Integral Canarias.
Entre sus clientes estaban el Ministerio de Defensa, Correos, Patrimonio Nacional, Radio Televisión Española, Metro de Madrid o, incluso, ¡la propia Seguridad Social!
Su fórmula de éxito era sencilla: tirar los precios a costa de pagar poco a los vigilantes a los que daba empleo, imponiendo sus propios convenios de empresa por debajo de los convenios aprobados para todo el sector.
Pero además de multiplicar sus beneficios de esta manera, en reiteradas ocasiones Ramírez mantuvo a sus plantillas sin cobrar sus salarios durante meses, empujándolos a situaciones límites y obligándolos a recurrir a medidas como las huelgas de hambre.
En el año 2017, Canarias-semanal realizaba un vídeo-reportaje (*), en el que se hacía eco del caso de trabajadores de Seguridad Integral Canaria y otras empresas del Grupo Ralons, de Miguel Ángel Ramírez.
Ninguna de estas actuaciones ha impedido, hasta la fecha, que el empresario haya continuado con sus negocios, ni ha empeorado sus magníficas relaciones con políticos institucionales de todo signo, alimentadas a través de su cargo de presidente de la UD Las Palmas, como se ponía nuevamente de manifiesto al hacerse público el contrato del que se benefició para actuar como "intermediario" en el suministro de material sanitario durante la pandemia y por el que actualmente también está siendo investigado.
"No es casualidad - apuntaban a Canarias-semanal desde los Comités de Unidad Obrera en el año 2017 - que los presidentes de todos los clubes de futbol sea empresarios multimillonarios. Al ocupar estos cargos lo que están haciendo es invertir en un capital social con el que consiguen que los éxitos del equipo se consideren sus propios éxitos. Es una enorme carga de publicidad positiva la que se llevan y no son raros los casos de personas que hacen ojos ciegos a los que sucede en el Grupo Ralons y pretenden justificarlo diciendo que la Unión Deportiva va bien».
"Hay una profundísima connivencia - denunciaban - entre la burguesía, representada en esta caso por Ramírez, los representantes políticos y el estamento judicial".
"Siempre nos han querido vender que se trata de ámbitos independientes, pero no es así, de tal forma que la patronal coloca a sus representantes políticos y éstos, en justo pago, garantizan a esta patronal toda clase de prebendas”.
"Lo que sucede con Miguel Ángel Ramírez es paradigmático de esta connivencia que existe entra la patronal y todos los partidos que defienden el capitalismo, porque el capitalismo en definitiva no es más que esto".
Sea como fuere, el transcurso de toda una década, desde las primeras denuncias efectuadas por el empresario, permiten entender el sentimiento de "impunidad" de los colectivos que han seguido bregando por obtener justicia en los múltiples casos en que se ha visto implicado.
(*) VÍDEO REPORTAJE:
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Hace apenas unas semanas salía a la luz la querella de la Fiscalía Provincial de Las Palmas contra el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez y otros tres presuntos implicados, entre los que se encuentra el presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, por un presunto delito de fraude fiscal en la provisión de material sanitario durante la pandemia del Covid 19, en operaciones con las que Ramírez se embolsó la friolera de 6,76 millones de euros ejerciendo como mero intermediario.
Este martes, la prensa local de Gran Canaria se hacía eco del escrito de acusación presentado por la Fiscalía contra Ramírez, en el que solicita para el empresario grancanario una pena de prisión de seis años y una multa de 2,89 millones de euros por dos delitos contra la Seguridad Social, presuntamente cometidos en la administración de las empresas Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur Canarias, esta última también conocida como Novo Segur.
En este nuevo proceso también están implicados Jacobo López Perdomo -se enfrenta a tres años y multa de 517.394 euros-, Antonio Redondo Álvarez, Jesús Miguel Acosta Santana y Gladys Acosta García -a estos tres últimos le pide tres años de prisión y 2.374.718 euros- y Alicia Pérez Sánchez -para la que la Fiscalía le pide la misma condena que a Ramírez-.
A los procesados se les reclama que compensen de manera conjunta y solidaria a la Tesorería General de la Seguridad Social con 791.572 euros, cantidad adeudada por supuestas malas prácticas en la cotización de sus empleados en la empresa de seguridad privada Novo Segur Seguridad Privada, anteriormente Marsegur Seguridad Privada.
La causa, que tuvo su origen en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria y que será llevada ante la Audiencia Provincial, pone de manifiesto la presunta "infracotización de sus trabajadores".
Según el Ministerio Público, esto derivó de no incluir en las bases de cotización las remuneraciones a las que los trabajadores tenían derecho según los convenios estatales del sector de empresas de seguridad y los propios acuerdos de las mercantiles, con un claro propósito defraudatorio.
La fiscal delegada de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, quien ha manejado casos similares en el pasado, es la encargada de redactar este escrito acusatorio. Su acusación detalla cómo los implicados imponían condiciones salariales inferiores a las normativamente aplicables, afectando no solo a los trabajadores, sino también causando un notable daño al sistema público de Seguridad Social. Esta reducción de la base de cotización, mediante la omisión o la disminución del importe de conceptos salariales, menguaba significativamente la cantidad que debería haberse ingresado a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
El documento acusatorio va más allá, al detallar los movimientos financieros y patrimoniales de los acusados, en particular de Alicia Pérez, mostrando cómo su situación financiera y su participación en las empresas se entrelazaban con prácticas presumiblemente fraudulentas. Desde tener una cuenta corriente en números rojos hasta ser beneficiaria de una exclusiva tarjeta de crédito cargada con sumas significativas por parte de Ramírez, lo cual apuntaría a que Pérez podría haber actuado como testaferro del empresario.
LOS PRECEDENTES QUE PUEDEN TRANQUILIZAR A MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ
Aunque una acusación de esta magnitud debería provocar, objetivamente, una gran inquietud en el procesado, la realidad es que Miguel Ángel Ramírez cuenta con antecedentes que podrían atemperar significativamente esa supuesta preocupación.
Cabe recordar que no es esta la primera ocasión en la que Ramírez se ha visto envuelto en diversos casos judiciales relacionados con presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, marcando su trayectoria con una serie de complejas investigaciones y procedimientos legales.
Uno de los casos más conocidos en los que ha estado imputado Miguel Ángel Ramírez se remonta a casi ocho años atrás y estuvo igualmente relacionado con presuntos fraudes multimillonarios a la Hacienda Pública y la Seguridad Social a través de su compañía Seguridad Integral Canaria (SIC).
Ramírez fue acusado, entre otros presuntos delitos, de pagar horas extras a los trabajadores de SIC como si fueran dietas, evitando así retenciones de IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social, lo que resultó en millones de euros no pagados a Hacienda y a la Seguridad Social.
La Fiscalía de Asuntos Económicos solicitó para Ramírez una condena de 21 años y medio de cárcel y una multa de 105 millones de euros, reflejando la gravedad de las acusaciones por un presunto fraude que ascendería a 36,66 millones de euros entre 2012 y 2017.
Pese a los múltiples testimonios de sindicatos como USO o Intersindical Canaria, que denunciaron inicialmente los hechos, y las evidencias objetivas que avalaban la investigación, el caso de prolongó durante años hasta desembocar en un giro absolutamente favorable para Ramírez.
La Audiencia de Las Palmas exoneró a Ramírez de las irregularidades atribuidas a SIC entre 2014 y 2016, señalando que no se podía considerarlo administrador de hecho de la empresa en esos años. Un fallo que se basó en la presunta insuficiencia de pruebas que respaldaran que Ramírez actuaba como tal administrador después de que Héctor de Armas asumiera formalmente esas funcione.
Más de una década después, el caso que investiga otro presunto presunto fraude a la Hacienda Pública y la Seguridad Social supuestamente cometido a través de su compañía, Seguridad Integral Canaria (SIC), entre 2009 y 2013, está pendiente de sentencia. La defensa de Miguel Ángel Ramírez ha pedido para su representado la "absolución categórica". Un desenlace que, de acuerdo a los precedentes, no sería lógico descartar.
TODOS LOS CONTRATOS PÚBLICOS PARA EL PRESIDENTE
Pese a estar imputado durante años en estos procesos judiciales, Miguel Ángel Ramírez siguió siendo beneficiario de múltiples contratos públicos hasta prácticamente la desaparición de Seguridad Integral Canarias.
Entre sus clientes estaban el Ministerio de Defensa, Correos, Patrimonio Nacional, Radio Televisión Española, Metro de Madrid o, incluso, ¡la propia Seguridad Social!
Su fórmula de éxito era sencilla: tirar los precios a costa de pagar poco a los vigilantes a los que daba empleo, imponiendo sus propios convenios de empresa por debajo de los convenios aprobados para todo el sector.
Pero además de multiplicar sus beneficios de esta manera, en reiteradas ocasiones Ramírez mantuvo a sus plantillas sin cobrar sus salarios durante meses, empujándolos a situaciones límites y obligándolos a recurrir a medidas como las huelgas de hambre.
En el año 2017, Canarias-semanal realizaba un vídeo-reportaje (*), en el que se hacía eco del caso de trabajadores de Seguridad Integral Canaria y otras empresas del Grupo Ralons, de Miguel Ángel Ramírez.
Ninguna de estas actuaciones ha impedido, hasta la fecha, que el empresario haya continuado con sus negocios, ni ha empeorado sus magníficas relaciones con políticos institucionales de todo signo, alimentadas a través de su cargo de presidente de la UD Las Palmas, como se ponía nuevamente de manifiesto al hacerse público el contrato del que se benefició para actuar como "intermediario" en el suministro de material sanitario durante la pandemia y por el que actualmente también está siendo investigado.
"No es casualidad - apuntaban a Canarias-semanal desde los Comités de Unidad Obrera en el año 2017 - que los presidentes de todos los clubes de futbol sea empresarios multimillonarios. Al ocupar estos cargos lo que están haciendo es invertir en un capital social con el que consiguen que los éxitos del equipo se consideren sus propios éxitos. Es una enorme carga de publicidad positiva la que se llevan y no son raros los casos de personas que hacen ojos ciegos a los que sucede en el Grupo Ralons y pretenden justificarlo diciendo que la Unión Deportiva va bien».
"Hay una profundísima connivencia - denunciaban - entre la burguesía, representada en esta caso por Ramírez, los representantes políticos y el estamento judicial".
"Siempre nos han querido vender que se trata de ámbitos independientes, pero no es así, de tal forma que la patronal coloca a sus representantes políticos y éstos, en justo pago, garantizan a esta patronal toda clase de prebendas”.
"Lo que sucede con Miguel Ángel Ramírez es paradigmático de esta connivencia que existe entra la patronal y todos los partidos que defienden el capitalismo, porque el capitalismo en definitiva no es más que esto".
Sea como fuere, el transcurso de toda una década, desde las primeras denuncias efectuadas por el empresario, permiten entender el sentimiento de "impunidad" de los colectivos que han seguido bregando por obtener justicia en los múltiples casos en que se ha visto implicado.
(*) VÍDEO REPORTAJE:
Almirante Chuminov | Miércoles, 06 de Marzo de 2024 a las 02:01:01 horas
Suban el Periscopio:
Urge poner "fuera de la circulación" a este XXXXX. Ni es un "hombre hecho a si mismo" ni se merece el aire que respira. El capitalismo es un sistema hecho a medida de XXXXXX y XXXXXXXX como Ramírez. No importa si el sistema se depura haciéndolo caer definitivamente, ya vendrá o pondrán a otro sujeto que "lo superará" en fechorías y canalladas. Son piezas imprescindibles para que todo este montaje siga adelante. Los derechos laborales y sociales son "algo secundario". Lamentable e indignante todo.
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