MARINALEDA: LA VIVIENDA A 20 EUROS NO ES UN MILAGRO, ES UNA POLÍTICA

Por MIGUEL HERÁNDEZ BERNÁRDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  Mientras el Congreso acaba de derogar los dos decretos de vivienda impulsados tras el caso Maricarmen, un pequeño municipio sevillano vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando el suelo y la vivienda se tratan como bienes para vivir y no como mercancías para especular?

  El 2 de octubre de 2026, el Congreso de los Diputados rechazó los dos reales decretos-leyes de vivienda aprobados apenas unos días antes por el Gobierno. El primero cayó por 178 votos frente a 172 y el segundo por 184 frente a los 166. Las resoluciones publicadas en el BOE certificaron su derogación. Entre las medidas que desaparecieron estaban protecciones frente a determinados desahucios, medidas sobre alquileres y la estabilidad de los contratos.

  El caso Maricarmen Abascal, desahuciada a los 87 años después de haber vivido durante décadas en su vivienda madrileña, había convertido nuevamente el problema de la vivienda en una cuestión de primer orden. De hecho, el propio Real Decreto-ley 26/2026 mencionaba expresamente su caso en su exposición de motivos.

    Pero mientras España discute una y otra vez qué hacer con el precio de los alquileres, los desahucios, los fondos de inversión y la escasez de vivienda pública, hay un pequeño municipio de Sevilla que lleva décadas ensayando otra respuesta. Se llama Marinaleda.

NO EMPEZÓ AYER

   Presentar Marinaleda como una ocurrencia reciente sería un error.   Una investigación académica publicada en la Revista INVI, basada en documentos municipales, trabajo de campo y entrevistas, sitúa la primera promoción colectiva de vivienda en 1982, con 50 casas en la barriada de La Paz. En 1986 llegaron otras 51 en El Cabrero. En 1989 se construyeron 36 dentro ya del Programa de Autoconstrucción de Viviendas de Andalucía. Después vinieron nuevas promociones en 1999, 2003, 2008 y 2015. Por tanto, no estamos ante una teoría escrita en un despacho sino una política desarrollada durante más de cuarenta años.

  El propio Ayuntamiento afirma actualmente que mediante sus distintos sistemas de autoconstrucción se han levantado más de 350 viviendas, aunque conviene no confundir esa cifra histórica con las viviendas que hoy continúan específicamente en régimen de alquiler público o con renta simbólica. Informaciones recientes sitúan alrededor de 300 viviendas de unas mil existentes en el municipio dentro de estos sistemas de renta muy reducida. Son categorías distintas y no deben sumarse como si fueran lo mismo.

   ¿Dónde está el secreto de los 15 euros? No existe ningún secreto. Y tampoco se construye una casa por 15 euros. El modelo consiste precisamente en reducir o eliminar algunos de los componentes que disparan el precio final de una vivienda.

   El Ayuntamiento ha utilizado durante décadas suelo público, facilita la dirección técnica y participa en la urbanización, distintos programas de la Junta de Andalucía y de empleo rural han aportado financiación, materiales o mano de obra, y los propios futuros habitantes han participado en determinados proyectos trabajando colectivamente en la construcción.

   Las horas de trabajo aportadas se contabilizaban y se descuentan del coste que corresponde asumir al autoconstructor. La organización se realiza además mediante asambleas de los participantes. Hay documentos oficiales que permiten comprobar que detrás del modelo hay dinero público real y no magia.

   Por ejemplo, en 2010 la Junta de Andalucía concedió al Ayuntamiento de Marinaleda 826.000 euros para una promoción de 25 viviendas en régimen de autoconstrucción. Una posterior resolución oficial señaló que aquella ayuda representaba el 49,94 % del coste total, completándose el resto mediante trabajo de los autoconstructores y aportaciones complementarias. Este dato es importante

   Cuando se dice que alguien paga 15 o 20 euros mensuales no significa que la vivienda haya costado esa cantidad. Significa que el suelo, la financiación pública, el trabajo comunitario y la ausencia de beneficio especulativo cambian completamente la factura que termina soportando una familia.

VENTICUATRO CASAS NUEVAS EN 2026I

  El modelo no pertenece solamente al pasado. Marinaleda está terminando actualmente 24 nuevas viviendas sociales, repartidas en dos promociones de diez y catorce casas. El alcalde, Sergio Gómez, ha explicado que permanecerán en propiedad municipal y se ofrecerán por aproximadamente 15 o 20 euros mensuales, sin que el inquilino pueda venderlas posteriormente en el mercado.

  La construcción no apareció de repente este año. Los documentos económicos del propio Ayuntamiento permiten seguir sus distintas fases. En 2022 ya figura financiación para la construcción de las 24 viviendas, en 2023 aparecen nuevas necesidades de materiales, en 2024 continuaba una nueva fase y el presupuesto de 2025 recoge una séptima fase, financiada mediante el Programa de Fomento del Empleo Agrario.

  Y aquí aparece también una de las enseñanzas que no deberíamos ocultar, la vivienda pública tampoco se construye de un día para otro. Estas 24 casas han necesitado años, distintas partidas presupuestarias y sucesivas fases de obra. Marinaleda no es un milagro. Es planificación pública sostenida.

UNA DIFERENCIA FUNDAMENTAL: LA CASA NO ACABA EN EL MERCADO

  Quizá la parte más interesante del sistema actual no sean siquiera los 20 euros. Es lo que sucede después. Las nuevas viviendas seguirán siendo municipales. El vecino puede utilizarlas, pero no comprarlas para venderlas después a precio de mercado. Cuando dejen de utilizarse, pueden volver a cumplir su función social. Esta cuestión es decisiva.

  Durante décadas España construyó vivienda protegida que posteriormente acabó incorporándose al mercado privado. El propio Gobierno reconoce que el parque público español sigue siendo reducido, el último dato gubernamental difundido lo situaba en torno al 3,4 % frente a aproximadamente un 9 % de media europea.

 Marinaleda tomó hace muchos años otra decisión, intentar impedir que una inversión realizada para garantizar vivienda termine convirtiéndose, unos años después, en un producto especulativo.

   Tampoco hay que presentar Marinaleda como si fuera una utopía perfecta. Sería un error utilizarla como propaganda y ocultar sus dificultades. Es un municipio rural de alrededor de 2.600 habitantes, con disponibilidad de suelo y una historia social muy particular. No puede asegurarse que el mismo sistema pueda trasladarse literalmente y sin modificaciones a Madrid, Barcelona, Vigo o Sevilla. Además, la construcción de las nuevas viviendas demuestra que los procesos pueden ser lentos. También existen críticas vecinales sobre el funcionamiento y la adjudicación de las viviendas. Un reportaje recogió acusaciones de una vecina sobre los criterios de reparto, acusaciones que el alcalde rechaza.

   El propio Plan Municipal de Vivienda establece, precisamente, la existencia de un Registro Público Municipal de Demandantes y recuerda que la adjudicación de vivienda protegida debe respetar principios de igualdad, publicidad y concurrencia. Un análisis serio no necesita esconder estas cuestiones.

LO QUE SÍ DEMUESTRA MARINALEDA

  Marinaleda no demuestra que mañana puedan alquilarse todas las viviendas españolas por 20 euros.  Pero demuestra algo quizá más importante.  Demuestra que el precio final de una vivienda no es una fuerza inevitable de la naturaleza.  Depende de quién posee el suelo, de quién financia la construcción, de si hay beneficio privado, del destino que se da posteriormente al inmueble y de si la vivienda pública permanece pública o termina entrando en el mercado. Y demuestra también que existen políticas que necesitan décadas para producir resultados.

   Mientras en Madrid las mayorías parlamentarias pueden aprobar un decreto un martes y derogarlo un viernes, una vivienda incorporada definitivamente a un parque público puede permanecer al servicio de varias generaciones.

   Ahí está quizá la gran enseñanza de Marinaleda. El artículo 47 no habla de especular. Hay además una frase que demasiadas veces parece olvidarse y que no procede de ningún manifiesto revolucionario. Está escrita en la Constitución española. El artículo 47 establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna y ordena a los poderes públicos regular la utilización del suelo conforme al interés general para impedir la especulación.

  Marinaleda lleva décadas intentando convertir ese principio en una política municipal concreta. Se puede discutir su modelo. Se puede discutir cuánto de él puede trasladarse a una gran ciudad. Se puede estudiar qué aspectos deberían modificarse. Lo que resulta mucho más difícil es afirmar que no existen alternativas.

  Después del caso Maricarmen, después de las acampadas, después de las movilizaciones y después de que el Congreso haya derogado dos decretos de vivienda en apenas unas horas, quizá convenga mirar también hacia los lugares donde las políticas no comenzaron la semana pasada.

  Marinaleda empezó hace más de cuarenta años. Y mientras buena parte de España sigue preguntándose cómo impedir que una casa se convierta exclusivamente en un negocio, aquel pequeño pueblo sevillano lleva décadas formulando una respuesta mucho más sencilla. La casa es, antes que nada, para vivir.