UN DECRETO DE VIVIENDA HECHO PARA EL NEGOCIO DEL LADRILLO

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En la coyuntura actual de Canarias, marcada por una palpable emergencia habitacional, el Gobierno de Canarias, bajo la coalición CC/PP, avanza hacia la aprobación de un nuevo decreto sobre vivienda.

     Un instrumento legislativo que para la organización política Liberación Canaria,   "lejos de abordar las raíces profundas del déficit habitacional que asedia al Archipiélago, parece esbozar una solución superficial que, según críticas de colectivos sociales y políticos, se inclina más hacia los intereses del sector inmobiliario que hacia la necesidad de proveer vivienda asequible para los canarios".

   "El déficit de vivienda en Canarias no es - apuntan desde Liberación Canaria - un fenómeno reciente; sus orígenes se remontan a administraciones anteriores, particularmente durante el mandato de Coalición Canaria y su controvertida ley del suelo. A ello se suma la inacción gubernamental respecto a la asignación de suelo público para el desarrollo de vivienda de protección oficial (VPO), agravando una situación ya de por sí crítica.

    Para Liberación Canaria, "uno de los puntos más controvertidos del decreto es su omisión ante la necesidad de redefinir la relación de Canarias con la Unión Europea. La propuesta de migrar del modelo de Regiones Ultraperiféricas (RUP) al de Países y Territorios de Ultramar (PTU) busca ofrecer a Canarias herramientas legislativas propias para afrontar desafíos como la especulación inmobiliaria y el acceso limitado a la vivienda".

   "Sin embargo -afirman desde esta organización política - este cambio de estatus, que podría conferir mayor autonomía a las Islas, ha sido históricamente bloqueado por el Estado español, limitando así la capacidad de Canarias de legislar en pro de sus intereses socioeconómicos".

   El análisis de Liberación Canaria sobre el decreto revela una preocupación profunda por la plena integración de Canarias en la UE bajo los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que promueven la libre circulación de personas, capitales y servicios.

   "Principios -dicen- que representan un desafío para Canarias, dada su condición insular y su limitada capacidad para absorber un aumento desproporcionado en la demanda de vivienda y servicios".

   La situación se complica aún más con la promoción de Canarias como destino para nómadas digitales y jubilados europeos, aumentando la presión sobre un mercado inmobiliario ya saturado y elevando los precios hasta puntos inaccesibles para la población local.

    "La estrategia del Gobierno canario -sostienen desde Liberación Canaria- lejos de priorizar el acceso a la vivienda para sus ciudadanos, parece facilitar una dinámica de desplazamiento y gentrificación que amenaza con transformar el tejido social y económico del Archipiélago".