VECINOS AFECTADOS POR EL VOLCÁN DE LA PALMA DENUNCIAN LA NUEVA LEY AMBIENTAL

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Asociación Tierra Bonita ha denunciado lo que considera un “grave error histórico” en relación con el anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno de Canarias para ampliar el Parque Natural de Cumbre Vieja y declarar como espacios protegidos el cono volcánico del Tajogaite, su entorno y las fajanas surgidas tras la erupción en la isla de La Palma.

  En su comunicado, Tierra Bonita explica que ha presentado alegaciones formales contra esta iniciativa legislativa, que contempla la protección de amplias zonas afectadas por el volcán, incluyendo la creación de la Reserva Natural Integral del Delta Lávico Norte Costa del Perdido y la Reserva Natural Especial del Delta Lávico Sur Costa del Guirre. Según el colectivo, la aprobación de esta norma supondría "un punto de inflexión negativo debido a la dureza de las medidas contempladas".

Críticas a la base del proyecto

   La Asociación Tierra Bonita sostiene que el anteproyecto se basa en una visión que califican de “demagógica y propagandística”, además de señalar que presenta "importantes debilidades jurídicas". A su juicio, se trata de "una propuesta elaborada sin tener en cuenta la compleja realidad humana, social y económica de los territorios afectados por la erupción volcánica".

  En este sentido, Tierra Bonita subraya que la iniciativa "pretende presentarse como una gran acción de protección ambiental, cuando en realidad —según denuncian— adolece de importantes carencias legales y omite garantías esenciales para las personas damnificadas".

    El colectivo insiste en que "se ha optado por la vía más restrictiva sin una justificación técnica suficientemente sólida".

Una concepción reduccionista del paisaje

  Uno de los aspectos centrales de las alegaciones presentadas por Tierra Bonita es la concepción del paisaje recogida en el anteproyecto. En su comunicado, la asociación critica que "se trata de una visión reduccionista, centrada casi exclusivamente en los valores geológicos y naturales, dejando de lado dimensiones fundamentales como la cultural, histórica y social". 

    "Esta omisión  -afirman - resulta especialmente significativa en un territorio profundamente marcado por la destrucción de viviendas, explotaciones y redes comunitarias".

  Tierra Bonita recuerda que el Convenio Europeo del Paisaje establece la necesidad de integrar la percepción social y los valores culturales en la gestión del territorio. Por ello, consideran que no es posible construir una política de protección eficaz ignorando a la población que ha vivido y configurado ese espacio.

  Asimismo, el colectivo califica la propuesta como “manifiestamente desproporcionada”. La asociación denuncia que el anteproyecto recurre a algunas de las figuras de protección más estrictas del ordenamiento jurídico en zonas donde los ecosistemas aún están en fases iniciales de desarrollo. Según Tierra Bonita, esta decisión evidencia una voluntad política de imponer restricciones máximas sin una adecuada ponderación de los derechos y realidades existentes.

  Frente a esta situación, el colectivo plantea alternativas, como la posible declaración de estas áreas como Paisaje Protegido, acompañada de instrumentos de ordenación territorial que permitan una gestión equilibrada de los usos y limitaciones. En su opinión, la actual propuesta limita en exceso incluso actividades como el turismo, bajo la premisa de convertir la zona en un laboratorio natural.

Deficiencias jurídicas del anteproyecto

  El comunicado también alerta de “graves defectos jurídicos” en el anteproyecto, especialmente en lo relativo al uso de procedimientos excepcionales para declarar espacios protegidos sin contar previamente con un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

   Tierra Bonita advierte que "este tipo de atajos debilitan la solidez legal de la norma y pueden comprometer su validez futura".

   Otro de los puntos más críticos señalados por la Asociación Tierra Bonita es "la ausencia de garantías claras de compensación para los afectados". En su comunicado, denuncian que "se pretende imponer nuevas restricciones sobre propietarios y vecinos sin establecer mecanismos firmes de indemnización. Consideran inaceptable que, tras los daños sufridos por la erupción, las instituciones añadan nuevas cargas e incertidumbres".

   Además, Tierra Bonita señala la existencia de lo que consideran "un agravio comparativo con respecto a otras zonas afectadas por las coladas volcánicas, donde sí se permite la recuperación de fincas e incluso viviendas".

  "En cambio -apuntan -  para las aproximadamente 300 hectáreas incluidas en este anteproyecto, no se contemplan garantías similares".

Problemas en el proceso de participación

  El comunicado también pone el foco en lo que califican como un “hecho especialmente grave”: la falta de operatividad del portal web habilitado para la presentación de alegaciones. Según Tierra Bonita, aunque el Boletín Oficial de Canarias indica que las alegaciones pueden presentarse a través de dicho portal, en la práctica no existe un sistema claro, accesible y verificable para hacerlo, lo que podría vulnerar el derecho de participación ciudadana.

  A esta situación se suma, según el colectivo, "la ausencia de garantías de trazabilidad registral electrónica, lo que dificulta acreditar la presentación de alegaciones, su contenido y la fecha de registro". Tierra Bonita considera que "este aspecto debe ser aclarado de manera urgente".

  En conjunto, la Asociación Tierra Bonita concluye en su comunicado que "el anteproyecto está mal planteado desde su base, al ignorar la dimensión humana del territorio y utilizar la protección ambiental como justificación para imponer medidas extremas sin consenso social ni garantías suficientes".

  Por todo ello,  exige al Gobierno de Canarias "la retirada o profunda rectificación del anteproyecto". Asimismo, reclaman la apertura de un proceso de participación pública real, con mecanismos efectivos y transparentes, en línea con los principios del Convenio de Aarhus y solicitan una revisión de las categorías de protección y del enfoque jurídico adoptado.

   Finalmente, el colectivo insiste en la necesidad de que exista "una respuesta institucional equilibrada, que permita proteger los valores naturales sin menoscabar los derechos, la memoria y la seguridad jurídica de la población de La Palma".

  “Lo que se pretende aprobar -concluye Tierra Bonita -sería un error histórico”.