M.A. RAMÍREZ Y LUCAS BRAVO DE LAGUNA INVESTIGADOS EN UN NUEVO ESCÁNDALO POR COMPRA DE MATERIAL EN LA PANDEMIA

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.-

        Un nuevo caso de presunta corrupción ha saltado a la luz pública en la isla de Gran Canaria.  El Juzgado de Instrucción Número 5 ha admitido a trámite una querella presentada por la Fiscalía de Las Palmas contra un grupo de empresarios por presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

     Entre los implicados se encuentra Miguel Ángel Ramírez, el polémico empresario y presidente de la UD Las Palmas, cuyas operaciones vuelven a estar ahora  bajo la lupa de la justicia.

     La presunta trama investigada se centra en la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), un incentivo fiscal del que se ha beneficiado el empresariado isleño para reducir significativamente el pago de sus impuestos y que se implementó con la presunta justificación de que debía servir para promover el desarrollo económico en el archipiélago.

      El auto judicial sugiere que este mecanismo podría haber sido explotado para lucrarse personalmente por parte de los empresarios investigados. 

      Además de Ramírez, aparecen en la investigación, como presuntos implicados, el exdiputado de Coalición Canaria y ex consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, así como Noel Jammal Fernández y Christian Cerpa.

    Las investigaciones se centran en contratos otorgados por el Servicio Canario de Salud a las empresas madrileñas Damco Trading Services y Tanoja Services, ambas administradas por Noel Jammal, por un valor que asciende a 22,9 millones de euros.

       Este volumen de negocio, realizado entre 2020 y 2021, ha levantado sospechas de actividades que podrían encuadrarse dentro de delitos contra la Hacienda Pública, sin descartar la posibilidad de que emerjan indicios de blanqueo de capitales, corrupción y malversación a medida que avance la investigación.

      Otra pieza clave en este entramado es la empresa Tabaiba Capital, dirigida por Miguel Ángel Ramírez, que actuaba como intermediaria en la compraventa de material sanitario durante la pandemia de coronavirus.

      A través de Tabaiba, se canalizaban operaciones que generaban un sobreprecio, cuyos beneficios, según el auto judicial, no se derivaban de una actividad económica genuina, poniendo en duda su elegibilidad para aplicar a los beneficios de la RIC.

      Según el auto judicial las empresas Damco y Tanoja contrataron a la mercantil Tabaiba Capital para las gestiones de compraventa de material sanitario durante la crisis del coronavirus.

   Esa sociedad, constituida en 2017 y de la que es administrador único Miguel Ángel Ramírez, habría estado encargada de buscar potenciales clientes para la venta de los lotes de productos, percibiendo como consecuencia de ello el 100% del sobreprecio que obtuviera de los eventuales compradores para cada uno de los lotes de productos.

    La empresa de Miguel Ángel Ramírez habría tenido la función de recibir las mercancías, evaluar la calidad y cantidad de las mismas con la distribución y entregar posteriormente los productos a los clientes de Damco.

    Según el auto, el presunto delito fiscal del presidente de la UD Las Palmas se habría producido por la dotación por parte de la empresa  Tabaiba a la RIC de importes de 2,37 millones de euros en el año 2020 y 2,5 millones en 2021 y que, tras compensar las bases negativas, las cuotas a pagar del Impuesto de Sociedades al beneficiarse de este incentivo fiscal habrían quedado reducidas a 109.000 y 120.000 euros, respectivamente.

   Tabaiba, a su vez, contrató con la entidad B&M Sport Marketing SLU, “constituida en el año 2015, sin medios materiales salvo sus socios [y] un empleado hasta el año 2018”. El administrador único de dicha empresa era Lucas Bravo de Laguna. Según el auto, Tabaiba percibió 6,8 millones de euros de Damco y 2,2 de Tajona por “gestiones que luego encomendó a B&M”, empresa que recibió de la mercantil administrada por Ramírez alrededor de 2,3 millones.

   En relación a la empresa de Lucas Bravo de Laguna, el auto destaca que carece de trabajadores y que los “únicos servicios prestados en el año 2020 y 2021 son los ingresos percibidos por Tabaiba y Wewin Sport Marketing SL, esta ultima [sociedad] participada por Jedisky SLU y Volavi Canarias SLU, entidades ambas de Bravo de Laguna y Andrea Peñate, siendo los únicos ingresos de Wewin los procedentes de la UD Las Palmas, donde [Bravo de Laguna] ejerce de director comercial”.

   El auto que, al carecer B&M de estructura de medios materiales o humanos, “se ha producido una simulación para interponer los ingresos recibidos por Bravo de Laguna en esos ingresos”, debiendo ser tratadas dichas actuaciones como rendimientos de trabajo sometidos al IRPF. De acuerdo con el auto, la cuota defraudasa ascendería a 272.000 euros en 2020 y 249.000 en 2021.

   Los hechos denunciados son “inicialmente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de que en el desarrollo de la instrucción pueda apreciarse serios indicios de delito de blanqueo de capitales, delito de corrupción y delito de malversación”, señala la jueza en el auto de admisión de la querella.