LA COMUNIDAD PALESTINA RECURRE ANTE LOS TRIBUNALES LA VENTA DE ARMAS ESPAÑOLAS A ISRAEL

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La Comunidad Palestina de Cataluña ha dado un paso significativo al lanzar un desafío legal al Gobierno de España centrando su atención en la polémica venta de armas a Israel. 

  La pasada semana, esta comunidad presentaba un requerimiento formal ante la Delegación del Gobierno de España en Barcelona, solicitando la anulación de todas las autorizaciones relacionadas con el comercio exterior de material de defensa y doble uso destinado a o proveniente de Israel.

  Esta acción legal surge en un contexto de creciente tensión, dado que Israel está bajo investigación por genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia, enfrentándose también a acusaciones de larga data sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra contra el pueblo palestino. 

  El mantenimiento de relaciones comerciales de armas con Israel por parte de España, a pesar de estas acusaciones, ha llevado a la Comunidad Palestina de Cataluña a buscar justicia en los tribunales.

  La legislación española prohíbe claramente el comercio de armas en circunstancias que puedan comprometer la paz, la seguridad global o regional, o en casos de violación de derechos humanos. Sin embargo, informes recientes indican que el gobierno español ha continuado con estas transacciones, incluso después de negarlo públicamente. Las exportaciones a Israel, que superaron los 987.000 euros después del 7 de octubre de 2023, evidencian una discrepancia alarmante entre la política oficial y la práctica gubernamental.

  El llamado a la acción ha trascendido a la Comunidad Palestina, uniendo a más de 375 organizaciones civiles, políticas, sindicatos y grupos de diversas causas en protestas para exigir al Gobierno español que se adhiera a sus obligaciones legales y cese su apoyo militar a Israel, como medida para frenar el genocidio en Gaza.

  Frente a la inacción y las promesas vacías del Gobierno, la Comunidad Palestina de Cataluña ha emitido un contundente llamado a la acción, prometiendo llevar al Gobierno ante la justicia si continúa ignorando tanto la legalidad internacional como sus propias leyes. Este caso no solo representa una demanda de responsabilidad legal y moral por parte del Gobierno español, sino también un acto de solidaridad hacia el pueblo palestino, en un esfuerzo por romper el silencio y la complicidad global.

  A medida que el caso avanza legalmente, la comunidad y sus aliados mantienen su compromiso de luchar en las calles y en todas las arenas posibles para defender sus derechos, su tierra y su vida. Este desafío legal podría marcar un punto de inflexión en las normativas internacionales de comercio de armas y en la lucha global por la justicia y los derechos humanos.