CANARIAS PREMIA AL MÉDICO QUE PUEDE TRABAJAR EN LA PRIVADA Y RELEGA AL QUE DEDICA TODA SU CARRERA A LA SANIDAD PÚBLICA

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Una investigación encargada por el Servicio Canario de la Salud sitúa a los médicos jóvenes sin exclusividad, que combinan su trabajo en el sistema público con el trabajo en el sector privado,  entre los mejor remunerados de España, mientras determinados perfiles veteranos con dedicación exclusiva caen hasta el puesto 17 de 18 sistemas sanitarios.

  El sistema de remuneraciones del Servicio Canario de la Salud (SCS) presenta una contradicción: ofrece una posición salarial comparativamente favorable a los médicos jóvenes sin exclusividad, pero pierde posiciones cuando se examina a profesionales veteranos dedicados únicamente a la sanidad pública. La diferencia cuestiona cómo se recompensa la permanencia y qué incentivos establece la Administración para fortalecer sus plantillas.

  Así lo recoge una investigación encargada por el propio SCS, elaborada por especialistas de las universidades de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Pompeu Fabra y publicada en Gaceta Sanitaria. El estudio compara las retribuciones de 2024 mediante perfiles equivalentes, considerando antigüedad, carrera profesional, exclusividad y guardias. Sus resultados muestran que hablar de un único salario médico oculta diferencias importantes.

JÓVENES EN CABEZA, VETERANOS A LA COLA

  Un médico de familia con cinco años de antigüedad, sin carrera profesional reconocida ni compromiso de exclusividad, puede percibir en Canarias alrededor de 56.000 euros brutos anuales, sin guardias. Para un especialista hospitalario equivalente, la cifra ronda los 53.000 euros. Ambos perfiles ocupan el tercer puesto en la comparación territorial, por encima de las medias correspondientes del resto del país.

  El panorama cambia entre quienes acumulan treinta años de antigüedad, el máximo nivel de carrera profesional y dedicación exclusiva. Un especialista hospitalario canario percibe aproximadamente 68.000 euros anuales, frente a unos 74.500 de media en los demás servicios. En medicina de familia, las cantidades rondan los 72.000 y 76.000 euros, respectivamente. Determinados perfiles de este grupo descienden hasta el puesto 17 de los 18 sistemas comparados, contando conjuntamente Ceuta y Melilla.

  Esto no significa que los veteranos cobren menos que los jóvenes: sus salarios siguen siendo superiores gracias a la antigüedad y otros complementos. Significa que su progresión retributiva resulta menos favorable en Canarias que en buena parte de los restantes servicios sanitarios. Una política capaz de atraer nuevos facultativos puede, simultáneamente, reconocer insuficientemente la experiencia y la permanencia en el sistema público.

UNA EXCLUSIVIDAD SIN INCENTIVO DIFERENCIADO

  Una característica del modelo canario es la ausencia de una diferencia retributiva fija por dedicación exclusiva cuando se mantienen constantes las demás condiciones. Otros servicios autonómicos ofrecen complementos a quienes renuncian a compatibilizar su actividad pública con la privada. Canarias no establece ese incentivo de la misma manera, lo que contribuye a explicar su retroceso al comparar profesionales veteranos con exclusividad.

  La cuestión afecta a la disponibilidad de personal para dos ámbitos con objetivos diferentes. La sanidad pública necesita garantizar atención universal; las empresas privadas necesitan facultativos para desarrollar actividades que generan ingresos. Las decisiones profesionales dependen de salarios, horarios, condiciones laborales y posibilidades de desarrollo, por lo que la estructura retributiva constituye una herramienta de política sanitaria.

 No tener exclusividad no implica trabajar efectivamente en la privada, ni demuestra por sí mismo un perjuicio para la asistencia pública. Pero cabe preguntar por qué la Administración no reconoce suficientemente la dedicación exclusiva si considera prioritario reforzar sus servicios. El estudio señala que las diferencias salariales pueden influir en la movilidad y retención del personal, aunque no demuestra que hayan provocado una pérdida concreta de médicos en Canarias.

LAS GUARDIAS: SALARIO, DESCANSO Y ORGANIZACIÓN

   Las guardias también presentan diferencias. Según los datos de 2024 recogidos en la investigación, Canarias abonaba aproximadamente 22 euros por hora de guardia presencial en días laborables, frente a una media cercana a 28 euros en los demás servicios. En festivos, en cambio, pagaba unos 35 euros por hora, por encima de una media aproximada de 31 euros.

  El resultado anual depende, por tanto, de cómo se distribuye esa actividad. En el escenario estandarizado del estudio, las guardias representan entre el 21 % y el 27 % de la remuneración total. Su peso explica que ocupen un lugar central en las reivindicaciones médicas: condicionan los ingresos, pero también el descanso, la conciliación y la organización asistencial.

  Estas cifras corresponden a 2024, no a una tabla salarial actualizada a octubre de 2026. Las propuestas formuladas durante negociaciones posteriores deben distinguirse de las medidas efectivamente aprobadas. Una oferta pendiente de aplicación no modifica los resultados del estudio ni permite conocer, por sí sola, las condiciones actuales de cada profesional.

EL ESTUDIO Y LA HUELGA MÉDICA

  La difusión de la investigación coincide con la huelga indefinida iniciada el 16 de octubre, convocada por CESM Canarias y SEMCA. El conflicto incluye demandas sobre remuneraciones, guardias, organización del trabajo y representación sindical. El SCS sostiene que ha presentado mejoras suficientes para continuar negociando sin mantener el paro.

  El estudio no fue elaborado para justificar la huelga ni respalda automáticamente todas las demandas sindicales. Aporta, sin embargo, elementos para examinar las diferencias retributivas. También existen discrepancias sobre el seguimiento: Sanidad situó la participación inicial alrededor del 9 %, mientras los convocantes difundieron porcentajes superiores. Sin aclarar los criterios utilizados, esas cifras no permiten establecer una comparación concluyente.

 La discusión supera la cuantía de determinados complementos. Mejorar ingresos sin resolver sobrecargas puede mantener problemas asistenciales; exigir mayores responsabilidades sin condiciones adecuadas dificulta conservar profesionales. Salarios, plantillas y organización del trabajo deben abordarse conjuntamente para que los acuerdos repercutan también en la atención a los pacientes.

SANIDAD PÚBLICA Y NEGOCIO PRIVADO

  El sector privado obtiene ingresos de pacientes, aseguradoras y administraciones que contratan servicios. El sistema público, en cambio, debe atender con independencia de la capacidad económica de cada persona. Esta diferencia resulta esencial: una empresa puede concentrarse en prestaciones rentables, mientras la sanidad pública debe asumir también urgencias, enfermedades complejas y tratamientos costosos.

  La coexistencia de ambos ámbitos exige regular incompatibilidades, horarios y remuneraciones para garantizar personal suficiente en los servicios públicos. No se trata de atribuir irregularidades a quienes ejercen legalmente en la privada, sino de evaluar qué decisiones favorecen la atención universal. Una política que no valore la exclusividad puede dificultar ese objetivo, aunque su impacto debe acreditarse con datos.

  El debate tampoco puede limitarse a los médicos. Enfermeras, auxiliares, técnicos, celadores, personal de limpieza y administrativos sostienen igualmente el funcionamiento sanitario. Cualquier evaluación del reparto de recursos debe incluir sus condiciones laborales y evitar que las necesidades del conjunto queden subordinadas a la capacidad negociadora de una categoría.

QUÉ OCURRE CON EL RESTO DE LA PLANTILLA

  La investigación sitúa las remuneraciones canarias por encima de la media estatal en la mayoría de las categorías examinadas, entre ellas determinados perfiles de enfermería hospitalaria, técnicos, auxiliares, celadores y administrativos. La principal excepción es la enfermería de atención primaria, aproximadamente en la media. No permite, por tanto, presentar a toda la plantilla como uniformemente peor pagada que en otras comunidades.

  Una posición salarial favorable tampoco garantiza condiciones satisfactorias. Deben considerarse cargas de trabajo, estabilidad contractual y coste de la vida. El estudio incorpora un ajuste territorial de precios que mejora la posición relativa de Canarias, pero utiliza estimaciones de 2021. Esa limitación impide precisar el efecto posterior del encarecimiento de la vivienda y otros gastos esenciales.

  El Gobierno dispone de un estudio encargado por su propio servicio sanitario que identifica desequilibrios entre perfiles profesionales. Le corresponde explicar si considera adecuado ese diseño y qué cambios plantea para garantizar plantillas suficientes y estables. La cuestión no consiste únicamente en cuánto dinero destinar a salarios, sino en cómo distribuirlo y con qué objetivos asistenciales.

  Una subida general tiene efectos distintos de una reforma que reconozca la exclusividad, reorganice las guardias o refuerce servicios con dificultades para cubrir puestos. Las decisiones deben relacionar financiación, condiciones laborales y necesidades de la población. También requieren transparencia para comprobar si las mejoras contribuyen a consolidar equipos y reducir sobrecargas.

  Fortalecer la sanidad pública exige recompensar la experiencia sin olvidar al resto de trabajadores ni los derechos de los pacientes. El estudio deja una pregunta que el Gobierno debe responder: ¿por qué Canarias destaca al remunerar a médicos jóvenes sin exclusividad y queda rezagada al valorar décadas de experiencia con dedicación exclusivamente pública? Corregir ese desequilibrio no resolverá todos los problemas, pero resulta coherente con el objetivo declarado de proteger y reforzar el sistema sanitario público canario.