"AMNISTÍA INTERNACIONAL CONTUNDENTE": AYUSO ES CULPABLE
¿Cómo influyeron las decisiones políticas en la gestión de la crisis sanitaria en las residencias de Madrid?"
La gestión de la crisis sanitaria en las residencias de mayores de Madrid se ha convertido en el centro de un debate intenso y polarizado. La aparición de un informe de Amnistía Internacional ha reavivado las llamas de una polémica que, lejos de apagarse, parece cobrar nueva fuerza. ¿Fueron realmente abandonados a su suerte los ancianos en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid? ¿Qué papel juegan las decisiones políticas en la protección de los derechos más fundamentales en momentos de crisis?
POR DOMINGO RODRÍGUEZ NAVARRO PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
La muerte de 7.291 personas mayores en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid durante los primeros compases de la pandemia de COVID-19 ha desatado una tormenta política y social sin precedentes. Un protocolo establecido por el gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha sido señalado como el responsable de haber impedido el traslado de estos ancianos a hospitales, una medida que, según críticos, pudo haber salvado vidas.
Isabel Díaz Ayuso, figura central de esta controversia, ha defendido con vehemencia las acciones de su gobierno, argumentando que las decisiones tomadas buscaban proteger a los más vulnerables en un sistema sanitario sobrepasado por la crisis.
Sin embargo, esta postura ha encontrado una firme oposición en voces como la de "Amnistía Internacional", que acusa al gobierno madrileño de haber vulnerado derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la salud, la vida y una muerte digna.
La comparecencia de Carmen Miquel, investigadora de Amnistía Internacional, ante la Comisión de Familias y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid ha servido para poner de relieve las graves acusaciones que pesan sobre la gestión de la crisis en las residencias.
Miquel denunció una "situación de desamparo" que habría llevado a estos ancianos a un abandono fatal, enfatizando el impacto de una década de recortes en la sanidad pública que dejó al sistema incapaz de responder adecuadamente a la emergencia.
La polémica se está extendiendo mucho más allá de los muros de las residencias, llegando a alcanzar el terreno de lo político, donde las acusaciones cruzadas entre el gobierno regional y la oposición dibujan un panorama de intensa confrontación y desgaste.
La insistencia de Ayuso en desacreditar las críticas, atribuyéndolas a una estrategia política de la izquierda para desestabilizar su Gobierno se enfrenta, no obstante, con amplios sectores sociales que exigen transparencia, responsabilidad y un cambio urgente en el modelo residencial para garantizar los derechos de los mayores.
POR DOMINGO RODRÍGUEZ NAVARRO PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
La muerte de 7.291 personas mayores en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid durante los primeros compases de la pandemia de COVID-19 ha desatado una tormenta política y social sin precedentes. Un protocolo establecido por el gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha sido señalado como el responsable de haber impedido el traslado de estos ancianos a hospitales, una medida que, según críticos, pudo haber salvado vidas.
Isabel Díaz Ayuso, figura central de esta controversia, ha defendido con vehemencia las acciones de su gobierno, argumentando que las decisiones tomadas buscaban proteger a los más vulnerables en un sistema sanitario sobrepasado por la crisis.
Sin embargo, esta postura ha encontrado una firme oposición en voces como la de "Amnistía Internacional", que acusa al gobierno madrileño de haber vulnerado derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la salud, la vida y una muerte digna.
La comparecencia de Carmen Miquel, investigadora de Amnistía Internacional, ante la Comisión de Familias y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid ha servido para poner de relieve las graves acusaciones que pesan sobre la gestión de la crisis en las residencias.
Miquel denunció una "situación de desamparo" que habría llevado a estos ancianos a un abandono fatal, enfatizando el impacto de una década de recortes en la sanidad pública que dejó al sistema incapaz de responder adecuadamente a la emergencia.
La polémica se está extendiendo mucho más allá de los muros de las residencias, llegando a alcanzar el terreno de lo político, donde las acusaciones cruzadas entre el gobierno regional y la oposición dibujan un panorama de intensa confrontación y desgaste.
La insistencia de Ayuso en desacreditar las críticas, atribuyéndolas a una estrategia política de la izquierda para desestabilizar su Gobierno se enfrenta, no obstante, con amplios sectores sociales que exigen transparencia, responsabilidad y un cambio urgente en el modelo residencial para garantizar los derechos de los mayores.
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