EMPRESAS DE DESOCUPACIÓN Y MAFIAS : LAS DOS CARAS DE LA EMERGENCIA HABITACIONAL

Por A. RAMIREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   El crecimiento del número de  empresas de desocupación que operan bajo el disfraz de “mediación” se ha convertido en un síntoma del crítico problema de acceso a la vivienda en el Estado español. Estas compañías aprovechan un vacío legal que les permite actuar al margen de la regulación judicial, utilizando tácticas intimidatorias y coercitivas contra familias vulnerables.   Su legitimación social y política descansa en un relato simplista. Una criminalización de la ocupación que ignora tanto las causas estructurales de este fenómeno como la realidad de personas y familias que recurren a esa vía por desesperació, no por elección.

El vacío legal que fomenta la violencia organizada

   En el Estado español, la ley establece que un desalojo debe ser ejecutado únicamente con la autorización judicial. Sin embargo, las empresas de desocupación operan en una zona gris legal, presentándose como “mediadores” entre los propietarios y los ocupantes. En la práctica, sus métodos están lejos de la mediación: se valen de intimidación física, acoso psicológico y amenazas para forzar el desalojo de las familias sin necesidad de recurrir a los tribunales. Este modus operandi queda impune porque no existen normativas claras que limiten sus actividades, lo que convierte a estas compañías en auténticas mercenarias del mercado inmobiliario.

La ocupación mafiosa: un síntoma, no la raíz del problema

  El éxito de las empresas de desocupación radica también en la generalización de discursos mediáticos y políticos que asocian este fenómeno exclusivamente con estas mafias y las delincuencia organizada.  El fenómeno de las mafias de ocupación ha ganado visibilidad en los últimos años, especialmente en los medios de comunicación, donde se destacan casos en los que estas redes criminales se apropian de viviendas para realquilarlas de manera ilegal a familias desesperadas. Este tipo de actividad delictiva existe y no debería negarse. Se trata, sin embargo,  de una consecuencia directa de un problema estructural: la especulación inmobiliaria que ha transformado un derecho fundamental, como la vivienda, en un negocio para unos pocos, generando también el "mercado" y la demanda necesaria para la aparición de este tipo de mafias.

  La raíz del problema se encuentra en un modelo de mercado inmobiliario, dominado por los grandes tenedores, en el que las viviendas se han convertido en un bien dedicado a la especulación. Tras la crisis del 2008,  miles de viviendas fueron embargadas por bancos y posteriormente adquiridas por fondos de inversión y especuladores, dejando a familias enteras en la calle. Hoy, muchas de esas viviendas permanecen vacías, mientras que la oferta de alquiler asequible es prácticamente inexistente y los salarios no permiten acceder a los precios desorbitados del mercado. En este contexto, las mafias de ocupación no son más que intermediarios que lucran con la desesperación de quienes no tienen otra alternativa.

Invisibilizando a las familias vulnerables

  Estos poderosos intereses económicos explican la insistencia con la que los medios de comunicación corporativos reproducen el relato que identifica la ocupación con las mafias y la delincuencia organizada, invisibilizando a las personas realmente vulnerables que han recurrido a la opción de la ocupación como último recurso.

   Se trata, en su mayoría, de trabajadores precarios, familias con hijos y personas en situación de exclusión que no tienen acceso a una vivienda digna debido a los altos precios del alquiler y a la escasez de vivienda pública.

   Estas familias no suelen ocupar las viviendas de cualquiera, como se suele argumentar para justificar la actuación de las empresas de desocupación. No acostumbran a quitar la casa a un anciano que vive de su pensión o otra familia, deslojándolos del hogar que tanto les costó construir. En la gran mayoría de los casos, estas personas ocupan viviendas vacías, abandonadas, propiedad de bancos o fondos de inversión, que no cumplen ninguna función social y que, en muchos casos, fueron adquiridas tras los desahucios masivos de la crisis de 2008.

   Esta realidad ha sido completamente opacada por el discurso que asocia la ocupación con delincuencia, creando un clima de legitimidad para que las empresas de desocupación actúen como los "héroes" que rescatan las viviendas de "propietarios indefensos". La realidad es, no obstante, que a menudo estas empresas trabajan para entidades financieras que acumulan miles de viviendas vacías mientras familias enteras duermen se enfrentan al riesgo de desalojo.

Un problema de fondo: la especulación inmobiliaria

  El verdadero enemigo, pues, no son las familias vulnerables que ocupan viviendas por necesidad, sino el sistema especulativo que ha convertido la vivienda en un activo financiero. Según informes recientes, España cuenta con más de tres millones de viviendas vacías, mientras miles de personas no tienen acceso a un hogar. Este desequilibrio no es casual: responde a un modelo económico que prioriza los beneficios de grandes propietarios y fondos de inversión por encima del derecho a la vivienda.

  La falta de regulación efectiva del mercado inmobiliario ha permitido que los precios del alquiler se disparen y que los salarios no puedan cubrir las necesidades básicas. En este contexto, las empresas de desocupación actúan como el brazo ejecutor de un sistema que desahucia a los más débiles para mantener intactos los beneficios de los especuladores.