VIVIR EN CANARIAS: TRABAJAR PARA SEGUIR SIENDO POBRE
Un modelo que genera riqueza… pero no para la mayoría
Mientras la economía crece en Canarias, una parte cada vez mayor de su población no llega a fin de mes. La riqueza existe, pero no se reparte. Este es el retrato de un modelo que produce prosperidad… y también pobreza.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Las organizaciones Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (REDESSCAN) y la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza han vuelto a poner sobre la mesa una realidad incómoda: en Canarias, la justicia social jamás ha sido una prioridad política. Lejos de tratarse de una crítica aislada, sus denuncias encajan con una realidad ampliamente documentada por distintos informes sociales. En las islas, el crecimiento económico convive con altos niveles de pobreza, precariedad y desigualdad.
Según datos recientes, más de 700.000 personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social en Canarias. Esto significa que aproximadamente un tercio de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad permanente.
Un modelo económico que no reparte la riqueza
Uno de los elementos clave para entender esta situación es el modelo económico del archipiélago. Canarias ha experimentado crecimiento en términos de Producto Interior Bruto, impulsado principalmente por el turismo. Sin embargo, ese crecimiento no se ha traducido en una mejora proporcional de las condiciones de vida de la mayoría.
El empleo generado en sectores como el turístico se caracteriza por ser precario, temporal y mal remunerado. Esto provoca una paradoja evidente: aunque la economía crece, los salarios pierden poder adquisitivo y cada vez más personas, incluso trabajando, no logran salir de la pobreza.
La crítica de los colectivos sociales apunta directamente a este problema. El actual modelo económico no está diseñado para redistribuir la riqueza, sino para concentrarla. En otras palabras, la riqueza generada no se reparte, sino que se acumula en manos de una minoría.
La vivienda: una máquina de empobrecimiento
Si hay un factor que agrava esta situación, es el acceso a la vivienda. El aumento de los precios del alquiler ha convertido este derecho básico en un auténtico mecanismo de empobrecimiento.
Miles de familias en Canarias destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar el alquiler. Como consecuencia, muchas de ellas caen por debajo del umbral de la pobreza una vez cubren este gasto. En algunos casos, ni siquiera pueden acceder a una vivienda digna, viviendo en condiciones inseguras o inadecuadas.
La vivienda, lejos de ser un derecho garantizado, se ha convertido en un elemento central de la desigualdad. Y esto no es casual: responde a un modelo en el que el mercado inmobiliario prima sobre las necesidades sociales.
Servicios públicos insuficientes
A esta situación se suma la debilidad de los servicios públicos. Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas con menor inversión social por habitante, lo que limita la capacidad de respuesta ante situaciones de vulnerabilidad.
Muchas personas en situación de exclusión no acceden a los servicios sociales o lo hacen de forma insuficiente. Esto ha llevado a que organizaciones como Cáritas asuman un papel fundamental en la atención a la pobreza, evidenciando las carencias del sistema público.
Las medidas que podrían aliviar esta situación —como el desarrollo efectivo de la Ley de Servicios Sociales, el impulso de la renta canaria o el fortalecimiento de la atención a la dependencia— han sido, según denuncian los colectivos, insuficientes o directamente ignoradas en los planes del gobierno regional.
Aunque en los últimos años se han registrado ligeras mejoras en algunos indicadores, estas no han sido suficientes para cambiar el fondo del problema. La desigualdad sigue siendo elevada: el 20% más rico de la población gana varias veces más que el 20% más pobre.
Un sistema que necesita la desigualdad
La Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (REDESSCAN) y la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza van más allá de la denuncia puntual y plantean una idea de fondo: el sistema económico vigente necesita de la desigualdad para funcionar. La acumulación de riqueza en pocas manos no es un accidente, sino una condición del propio modelo.
Desde esta perspectiva, la precariedad, el empobrecimiento y la falta de oportunidades no son fallos del sistema, sino consecuencias directas de su funcionamiento. Mientras no se cuestionen sus bases, cualquier mejora será limitada y temporal.
La ausencia de cambios estructurales
Uno de los puntos más criticados es que el plan de recuperación económica impulsado por el Gobierno de Canarias no ha supuesto un cambio real en el modelo. No se han tocado elementos clave como la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) o el Régimen Económico y Fiscal (REF), instrumentos que, según los colectivos, favorecen la acumulación de riqueza sin garantizar su redistribución.
Además, muchas de las medidas necesarias para fortalecer los servicios públicos y combatir la pobreza han quedado fuera de las prioridades políticas. Esto refuerza la idea de que la justicia social no ocupa un lugar central en la agenda institucional.
Frente a esta situación, REDESSCAN y la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza plantean la necesidad de un cambio profundo. Entre sus propuestas destacan el refuerzo de los servicios públicos, el desarrollo de políticas sociales efectivas y la implantación de una renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas para toda la población.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Las organizaciones Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (REDESSCAN) y la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza han vuelto a poner sobre la mesa una realidad incómoda: en Canarias, la justicia social jamás ha sido una prioridad política. Lejos de tratarse de una crítica aislada, sus denuncias encajan con una realidad ampliamente documentada por distintos informes sociales. En las islas, el crecimiento económico convive con altos niveles de pobreza, precariedad y desigualdad.
Según datos recientes, más de 700.000 personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social en Canarias. Esto significa que aproximadamente un tercio de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad permanente.
Un modelo económico que no reparte la riqueza
Uno de los elementos clave para entender esta situación es el modelo económico del archipiélago. Canarias ha experimentado crecimiento en términos de Producto Interior Bruto, impulsado principalmente por el turismo. Sin embargo, ese crecimiento no se ha traducido en una mejora proporcional de las condiciones de vida de la mayoría.
El empleo generado en sectores como el turístico se caracteriza por ser precario, temporal y mal remunerado. Esto provoca una paradoja evidente: aunque la economía crece, los salarios pierden poder adquisitivo y cada vez más personas, incluso trabajando, no logran salir de la pobreza.
La crítica de los colectivos sociales apunta directamente a este problema. El actual modelo económico no está diseñado para redistribuir la riqueza, sino para concentrarla. En otras palabras, la riqueza generada no se reparte, sino que se acumula en manos de una minoría.
La vivienda: una máquina de empobrecimiento
Si hay un factor que agrava esta situación, es el acceso a la vivienda. El aumento de los precios del alquiler ha convertido este derecho básico en un auténtico mecanismo de empobrecimiento.
Miles de familias en Canarias destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar el alquiler. Como consecuencia, muchas de ellas caen por debajo del umbral de la pobreza una vez cubren este gasto. En algunos casos, ni siquiera pueden acceder a una vivienda digna, viviendo en condiciones inseguras o inadecuadas.
La vivienda, lejos de ser un derecho garantizado, se ha convertido en un elemento central de la desigualdad. Y esto no es casual: responde a un modelo en el que el mercado inmobiliario prima sobre las necesidades sociales.
Servicios públicos insuficientes
A esta situación se suma la debilidad de los servicios públicos. Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas con menor inversión social por habitante, lo que limita la capacidad de respuesta ante situaciones de vulnerabilidad.
Muchas personas en situación de exclusión no acceden a los servicios sociales o lo hacen de forma insuficiente. Esto ha llevado a que organizaciones como Cáritas asuman un papel fundamental en la atención a la pobreza, evidenciando las carencias del sistema público.
Las medidas que podrían aliviar esta situación —como el desarrollo efectivo de la Ley de Servicios Sociales, el impulso de la renta canaria o el fortalecimiento de la atención a la dependencia— han sido, según denuncian los colectivos, insuficientes o directamente ignoradas en los planes del gobierno regional.
Aunque en los últimos años se han registrado ligeras mejoras en algunos indicadores, estas no han sido suficientes para cambiar el fondo del problema. La desigualdad sigue siendo elevada: el 20% más rico de la población gana varias veces más que el 20% más pobre.
Un sistema que necesita la desigualdad
La Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (REDESSCAN) y la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza van más allá de la denuncia puntual y plantean una idea de fondo: el sistema económico vigente necesita de la desigualdad para funcionar. La acumulación de riqueza en pocas manos no es un accidente, sino una condición del propio modelo.
Desde esta perspectiva, la precariedad, el empobrecimiento y la falta de oportunidades no son fallos del sistema, sino consecuencias directas de su funcionamiento. Mientras no se cuestionen sus bases, cualquier mejora será limitada y temporal.
La ausencia de cambios estructurales
Uno de los puntos más criticados es que el plan de recuperación económica impulsado por el Gobierno de Canarias no ha supuesto un cambio real en el modelo. No se han tocado elementos clave como la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) o el Régimen Económico y Fiscal (REF), instrumentos que, según los colectivos, favorecen la acumulación de riqueza sin garantizar su redistribución.
Además, muchas de las medidas necesarias para fortalecer los servicios públicos y combatir la pobreza han quedado fuera de las prioridades políticas. Esto refuerza la idea de que la justicia social no ocupa un lugar central en la agenda institucional.
Frente a esta situación, REDESSCAN y la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza plantean la necesidad de un cambio profundo. Entre sus propuestas destacan el refuerzo de los servicios públicos, el desarrollo de políticas sociales efectivas y la implantación de una renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas para toda la población.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.138