REBELIÓN: En Ecuador, el nuevo presidente Novoa privatizará hasta el aire
Las "reformas energéticas: ¿A quién benefician realmente?"
¿Cómo afectarán los recientes decretos y propuestas legislativas el sector eléctrico en Ecuador? ¿Es la privatización una solución viable o un camino hacia mayores costos y menor control público?
En un artículo publicado por Pablo Dávalos en el digital Rebelión, se analiza detalladamente la privatización del sector eléctrico en Ecuador, destacando las implicaciones de los Decretos Ejecutivos No. 238, No. 239 y No. 540.
Los citados decretos, promulgados durante la presidencia de Guillermo Lasso Mendoza, buscaban promover la participación del sector privado en todas las fases del servicio público de energía eléctrica y alumbrado público. Se señala cómo, bajo la administración de Lasso, se detuvo la inversión pública en el sector eléctrico, acatando las condiciones del Acuerdo de Financiamiento Extendido con el FMI, lo que condujo al colapso del sector y a la necesidad de programar apagones a nivel nacional.
Dávalos, el autor del artículo al que nos referimos, critica que, lejos de buscar fortalecer el sector energético, las reformas legislativas presentadas bajo la administración de Daniel Noboa, especialmente la Ley Orgánica de Competitividad Energética, buscan debilitar al sector público para facilitar su privatización. Se menciona que las reformas proponen la creación de un mercado privado de electricidad utilizando las tarifas eléctricas como pivote, lo que significa un detrimento para la inversión y la institucionalidad pública en el sector energético.
El artículo citado detalla igualmente cómo estas reformas afectarían la estructura y la regulación del sector eléctrico, debilitando la capacidad reguladora del Estado y transfiriendo responsabilidades financieras a los usuarios finales a través de aumentos en las tarifas. Se describe cómo el enfoque de mercado impuesto por estas reformas altera la lógica del sistema eléctrico nacional, priorizando la rentabilidad privada sobre el bienestar colectivo y la eficiencia energética.
En conclusión, Dávalos advierte que el proyecto de ley de Noboa no solo es una continuación de las políticas de privatización del sector eléctrico, sino que también representa una amenaza para la soberanía energética del país y un posible aumento significativo en el costo de la energía para los ciudadanos.
En el artículo en cuestión se enfatiza tambien que estas reformas van en detrimento de un modelo energético, equitativo y sostenible, favoreciendo intereses privados y mercantiles sobre los públicos y colectivos.
En un artículo publicado por Pablo Dávalos en el digital Rebelión, se analiza detalladamente la privatización del sector eléctrico en Ecuador, destacando las implicaciones de los Decretos Ejecutivos No. 238, No. 239 y No. 540.
Los citados decretos, promulgados durante la presidencia de Guillermo Lasso Mendoza, buscaban promover la participación del sector privado en todas las fases del servicio público de energía eléctrica y alumbrado público. Se señala cómo, bajo la administración de Lasso, se detuvo la inversión pública en el sector eléctrico, acatando las condiciones del Acuerdo de Financiamiento Extendido con el FMI, lo que condujo al colapso del sector y a la necesidad de programar apagones a nivel nacional.
Dávalos, el autor del artículo al que nos referimos, critica que, lejos de buscar fortalecer el sector energético, las reformas legislativas presentadas bajo la administración de Daniel Noboa, especialmente la Ley Orgánica de Competitividad Energética, buscan debilitar al sector público para facilitar su privatización. Se menciona que las reformas proponen la creación de un mercado privado de electricidad utilizando las tarifas eléctricas como pivote, lo que significa un detrimento para la inversión y la institucionalidad pública en el sector energético.
El artículo citado detalla igualmente cómo estas reformas afectarían la estructura y la regulación del sector eléctrico, debilitando la capacidad reguladora del Estado y transfiriendo responsabilidades financieras a los usuarios finales a través de aumentos en las tarifas. Se describe cómo el enfoque de mercado impuesto por estas reformas altera la lógica del sistema eléctrico nacional, priorizando la rentabilidad privada sobre el bienestar colectivo y la eficiencia energética.
En conclusión, Dávalos advierte que el proyecto de ley de Noboa no solo es una continuación de las políticas de privatización del sector eléctrico, sino que también representa una amenaza para la soberanía energética del país y un posible aumento significativo en el costo de la energía para los ciudadanos.
En el artículo en cuestión se enfatiza tambien que estas reformas van en detrimento de un modelo energético, equitativo y sostenible, favoreciendo intereses privados y mercantiles sobre los públicos y colectivos.
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