EL PRESIDENTE MADURO "TOMÓ POR ASALTO" AL PCV, DENUNCIAN LOS COMUNISTAS VENEZOLANOS

POR DAVID H. NIEVES PARA CANARIAS SEMANAL

    Según informa el periódico venezolano "Tribuna Popular", órgano de expresión de los comunistas venezolanos, un equipo de abogados del Partido Comunista de Venezuela, solicitó el pasado 14 de diciembre ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la revocatoria de la sentencia N.º 1.160  a través de la que se le arrebató la personalidad jurídica a la legítima militancia comunista, para entregársela a un grupo de operadores políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

    En agosto de este año, en un hecho inédito en la historia jurídica del país, las magistradas de la Sala Constitucional del TSJ, intervinieron judicialmente al Partido Comunista venezolano sin permitirle siquiera el derecho a la defensa, fallando a favor de un grupo de ciudadanos sin cualidad jurídica a quienes de manera insólita le entregaron la tarjeta del partido político más antiguo del país.

   En el escrito firmado por el Secretario general del PCV, Oscar Figuera, se dan razones detalladas de por qué la Sentencia N° 1.160 viola

  «normas de eminente orden público constitucional que no pueden ser desconocidas ni desacatadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia».

     En el documento referido se recuerda que la Sala Constitucional falló sobre un recurso de amparo introducido por los operadores políticos del Partido Socialista unificado de Venezuela (PSUV)

   «a pesar -según ha explicado el abogado del Partido Comunista, Elio Pimentel- de que se les advirtió, mediante escrito que consta en el expediente, que el mismo era inadmisible e improcedente».

   «En el recurso de amparo de los mercenarios, no hay prueba alguna de que los solicitantes sean militantes del PCV»

    El jurista citado señaló que los hechos referidos en el documento de los accionantes,

    «como presuntos hechos agraviantes de sus derechos constitucionales datan de 2016, otros de 2018 y otros de 2022, lo que en los términos del numeral 4, del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales hacían inadmisible el amparo ejercido por estar fuera de los lapsos establecidos para accionar legalmente».

     Pimentel explicó que entre los argumentos de los ciudadanos coordinados por el partido de Gobierno estaba un alegato no probado que la Sala Constitucional dio por cierto:

   «los mercenarios no presentaron constancia de haber ejercido su derecho a la defensa ante ningún órgano del Partido Comunista de Venezuela (PCV), como lo garantizan los estatutos a sus militantes. La razón es obvia: ellos no son militantes». El abogado argumentó que hay varios hechos durante el proceso que vician la sentencia del TSJ. Entre ellos, «el haber incurrido omisión de pruebas al no valorar las presentadas por la dirección legítima del PCV».

    «La sentencia N.º 1.160 debe ser revocada por inconstitucional; aquí se violó el derecho al debido proceso garantizado en los artículos 27, 49, 253 y 257 de la Constitución», aclaró Pimentel.

    «La Sala Constitucional se ha extralimitado al admitir un recurso que no reunía los requisitos previstos en la ley de amparo; al omitir los alegatos del PCV y al desconocer a sus instancias de dirección, a saber: el Comité Central y el Buró Político», puntualizó.

   «Es en atención a las violaciones al derecho a la de defensa, al derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, todos recogidos en el artículo 49 de la Constitución, que formalmente hemos solicitado la revocatoria», concluyó.

UN CONFLICTO POLÍTICO DE LARGA DATA

    Los sucesivos roces y diferencias entre los comunistas venezolanos y el Partido gubernamental, el PSUV,  no tienen su origen en anteayer.

    Todavía en vida de Hugo Chávez, el Partido Comunista venezolano se negó rotundamente a integrarse en las filas del PSUV.  En esos momentos, los comunistas entendían que la composición de la organización política gubernamental era ideológicamente tan variopinta y contradictoria ideológicamente,  que requería que su organización partidaria  mantuviera su independencia ideológica marxista, en lugar de favorecer la integración en un Partido en el que la perspectiva socialista no pasaba de ser sino un esbozo contradictorio. No obstante, el PCV continuó conservando con el Gobierno y con el PSUV, una política de alianza antiimperialista. 

     Los comunistas venezolanos estimaban que a partir de la desaparición física de Chávez, el Ejecutivo de Nicolás Maduro se ha ido escorando paulatinamente hacia postulados económicos derechistas, en lugar de profundizar en el proceso político emprendido a finales de los años 90, se estaban distanciando del mismo.

      En 2020, el PCV se retiró del "Gran Polo Patriótico", la Coalición de partidos liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y dejó de apoyar al Gobierno bolivariano tras considerar que la política económica gubernamental experimentaba un claro deslizamiento hacia la derecha, que lesionaba los intereses de la clase trabajadora de ese país.

    Ya desde mayo del pasado 2023, miembros del PCV habían venido denunciando públicamente cuáles estaban siendo los propósitos del Ejecutivo de Maduro: la puesta "fuera de juego" de la actividad de los comunistas venezolanos, el Partido más veterano y cargado una historia política de luchas de todo espectro político de ese país.

     Según los comunistas venezolanos, el Ejecutivo que preside Nicolás Maduro ha terminado "consumando su asalto" a la organización comunista a través de una sentencia judicial que fue calificada por ellos como "arbitraria" e "inconstitucional".