TOTAL DESCONTROL DEL "LADRILLAZO" EN CANARIAS
"Ley del Suelo 2017: ¿Una Puerta Abierta a la destrucción urbanístico?"
Tras el parón obligatorio que la pandemia del Covid19 provocó en la "economía del ladrillo" en Canarias, los delitos medioambientales se han vuelto a disparar en el Archipiélago. Canarias enfrenta una auténtica ola de este tipo de delitos, según indican unos datos que son contundentes (...).
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Tras el parón obligatorio que la pandemia del Covid19 provocó en la "economía del ladrillo" en Canarias, los delitos medioambientales se han vuelto a disparar en el Archipiélago.
Canarias enfrenta una auténtica ola de este tipo de delitos, según indican unos datos que son contundentes. Desde 2020, el aumento ha sido constante, alcanzando un total de 1.691 expedientes sancionadores abiertos sólo en 2022.
Auge Constructivo y Descontrol Urbanístico
Uno de los factores que los expertos identifican como detonante de este problema es el retorno de la actividad constructiva en las islas. Sin embargo, no es la actividad per se, sino el descontrol urbanístico el que causa alarma. Tras la Ley del Suelo aprobada por Coalición Canaria en 2017, la ACPMN, Agencia de Protección del Medio Natural, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, interpuso más de 1.000 sanciones el último año. Aunque esta ley se presentó públicamente como un supuesto intento de regular el uso del suelo, la realidad es que ha generado un vacío legal que muchos han aprovechado. Los expertos alertaron en su momento de que la polémica norma no ayudaría a construir una "comunidad más sostenible", como prometían sus promotoroes.
La falta de implicación de las administraciones locales y de personal de seguridad ha dejado amplias zonas del Archipiélago en total desprotección.
Con la Ley de Islas Verdes se permitió la construcción en suelo rústico "bajo ciertas condiciones". La vaguedad de esta ley no solo ha creado confusión, sino que ha generado el ambiente necesario para el florecimiento de la picaresca y de proyectos destructivos para el medioambiente que logran la aprobación de las administraciones públicas.
En muchos casos, se han realizado también construcciones sin cumplir con los requisitos. Parcelaciones, bohíos y edificaciones en zonas prohibidas son solo algunos ejemplos de las infracciones que han surgido.
La investigación sugiere un vínculo preocupante entre el sector de la construcción y la criminalidad ambiental. Los delitos muchas veces se atribuyen al desconocimiento de la ley, pero no podemos descartar la posible colusión entre constructores y políticos locales.
La frustración de los activistas ambientales es palpable. Si bien es cierto que hay una mayor conciencia ambiental, la acción no se alinea con el discurso. Es crucial identificar y delimitar áreas de riesgo, fortalecer la vigilancia y promover una gestión de recursos más eficiente.
La información estadística de la ACPMN recoge las infracciones de la legislación en materia de costas, vertidos al mar, residuos, parcelaciones… Y todos aquellos crímenes que destruyen el territorio limitado del Archipiélago.
La serie histórica de las cifras muestra que a principios de siglo era habitual superar las 2.000 e incluso 3.000 vulneraciones normativas en este sentido en el marco de la llamada "burbuja inmobiliaria". Esos registros comenzaron a caer después de la crisis financiera y no habían vuelto a subir hasta en este momento.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Tras el parón obligatorio que la pandemia del Covid19 provocó en la "economía del ladrillo" en Canarias, los delitos medioambientales se han vuelto a disparar en el Archipiélago.
Canarias enfrenta una auténtica ola de este tipo de delitos, según indican unos datos que son contundentes. Desde 2020, el aumento ha sido constante, alcanzando un total de 1.691 expedientes sancionadores abiertos sólo en 2022.
Auge Constructivo y Descontrol Urbanístico
Uno de los factores que los expertos identifican como detonante de este problema es el retorno de la actividad constructiva en las islas. Sin embargo, no es la actividad per se, sino el descontrol urbanístico el que causa alarma. Tras la Ley del Suelo aprobada por Coalición Canaria en 2017, la ACPMN, Agencia de Protección del Medio Natural, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, interpuso más de 1.000 sanciones el último año. Aunque esta ley se presentó públicamente como un supuesto intento de regular el uso del suelo, la realidad es que ha generado un vacío legal que muchos han aprovechado. Los expertos alertaron en su momento de que la polémica norma no ayudaría a construir una "comunidad más sostenible", como prometían sus promotoroes.
La falta de implicación de las administraciones locales y de personal de seguridad ha dejado amplias zonas del Archipiélago en total desprotección.
Con la Ley de Islas Verdes se permitió la construcción en suelo rústico "bajo ciertas condiciones". La vaguedad de esta ley no solo ha creado confusión, sino que ha generado el ambiente necesario para el florecimiento de la picaresca y de proyectos destructivos para el medioambiente que logran la aprobación de las administraciones públicas.
En muchos casos, se han realizado también construcciones sin cumplir con los requisitos. Parcelaciones, bohíos y edificaciones en zonas prohibidas son solo algunos ejemplos de las infracciones que han surgido.
La investigación sugiere un vínculo preocupante entre el sector de la construcción y la criminalidad ambiental. Los delitos muchas veces se atribuyen al desconocimiento de la ley, pero no podemos descartar la posible colusión entre constructores y políticos locales.
La frustración de los activistas ambientales es palpable. Si bien es cierto que hay una mayor conciencia ambiental, la acción no se alinea con el discurso. Es crucial identificar y delimitar áreas de riesgo, fortalecer la vigilancia y promover una gestión de recursos más eficiente.
La información estadística de la ACPMN recoge las infracciones de la legislación en materia de costas, vertidos al mar, residuos, parcelaciones… Y todos aquellos crímenes que destruyen el territorio limitado del Archipiélago.
La serie histórica de las cifras muestra que a principios de siglo era habitual superar las 2.000 e incluso 3.000 vulneraciones normativas en este sentido en el marco de la llamada "burbuja inmobiliaria". Esos registros comenzaron a caer después de la crisis financiera y no habían vuelto a subir hasta en este momento.
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