INTERMÓN OXFAM SEÑALA A CANARIAS COMO LA SEGUNDA COMUNIDAD CON MAYOR DESIGUALDAD

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Las organizaciones Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales y la Asamblea Canaria por el Reparto de La Riqueza han emitido un comunicado en el que denuncian que la justicia social no ha formado parte de las prioridades del gobierno regional.

   Según las dos organizaciones, la normalidad en las Islas Canarias es la del empobrecimiento, la explotación, el sufrimiento, la precariedad y la desigualdad.

   El informe de Intermón Oxfam "Una reconstrucción justa es posible y necesaria" sitúa a las Islas Canarias como la segunda comunidad autónoma con más impacto en la desigualdad de todo el estado, con más de 800.000 personas en situación de empobrecimiento y exclusión social. Además, Canarias es la tercera comunidad con menos inversión por habitante en políticas sociales.

   Según REDESSCAN y la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, el plan presentado por el gobierno canario para la recuperación económica no generó justicia social ni ecológica ya que no varió el modelo de crecimiento que no redistribuye ni reparte renta, riqueza y propiedad.

    Ambos colectivos denuncia que se ha reforzado  un sistema económico que necesita de la desigualdad y la acumulación de la riqueza de pocos, para vivir matando oportunidades, derechos y libertades para la mayoría. Un Plan que refuerza la acumulación de la riqueza en pocas manos y no toca ni la RIC, ni el REF.

   REDESSCAN y la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza recuerdan que en los proyectos del Gobierno de Canarias no tuvieron cabida para ninguna de las medidas de servicios sociales del eje del mantenimiento de los servicios públicos esenciales, el proyecto de Ley de Renta Canaria, el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, el Plan de inclusión y lucha contra la pobreza, los Convenios plurianuales para el desarrollo del Plan Concertado, ni un desarrollo de la Ley de Dependencia y la Vivienda social.

  Finalmente, las dos organizaciones reclaman un plan alternativo que contemple el incremento y mejora de las políticas públicas, los servicios públicos que garanticen, protejan y respeten los derechos y libertades; priorizando el cumplimiento de una renta básica para todas las personas, comenzando con urgencia por las más de 773.000 personas en riesgo de exclusión social. La justicia social debe ser una prioridad en el plan de reestructuración del gobierno regional para acabar con la desigualdad y la pobreza en las Islas Canarias.