20.000 FIRMAS RECLAMAN UNA LEY DE VOLCANES PARA CANARIAS

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  La Comisión Promotora de la Ley de Volcanes en Canarias ha entregado un mensaje claro y contundente al Parlamento regional: es hora de actuar y aprobar una legislación que proteja a la población ante el riesgo volcánico. Con un respaldo de 19.177 firmas recogidas en toda Canarias, esta iniciativa legislativa ciudadana busca establecer medidas concretas para garantizar la seguridad de los habitantes de las islas.

   Unas 80 personas han trabajado incansablemente para obtener este apoyo social a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Ley de Volcanes. Surgida a raíz de la erupción catastrófica en Cumbre Vieja en 2021, este colectivo de afectados por la tragedia ha logrado un amplio respaldo de la comunidad canaria. La entrega de estas firmas representa un hito en la lucha por una ley que proteja los derechos de los damnificados y que tenga un carácter retroactivo para aplicarla a la población afectada por el volcán Tajogaite.

     Juan González, portavoz de la comisión promotora, destacó la importancia de esta ley que parte "desde abajo, del pueblo" y espera que el Parlamento la tramite y vote pronto y por unanimidad. También agradeció el apoyo solidario de quienes han respaldado "una ley del pueblo para el pueblo" y reconoció el papel fundamental de los medios de comunicación en el proceso de recolección de firmas y en mantener el foco en La Palma incluso después de que la erupción finalizara.

   Esta ley tiene como objetivo fundamental "blindar los derechos socioeconómicos de los afectados y garantizar que los bienes perdidos se restituyan a su justo precio, así como procurar un sitio digno donde vivir en el período de recuperación tras una catástrofe de este tipo". Aunque algunas de las demandas iniciales requerirán cambios legislativos a nivel nacional, esta iniciativa representa una herramienta crucial para todos los canarios.

   La aspiración del colectivo promotor es clara: que esta ley se convierta en una realidad para proteger a la población ante el riesgo volcánico y garantizar una respuesta efectiva en caso de una nueva erupción. A pesar de que existen diferencias entre los grupos parlamentarios, la comunidad canaria espera que sus representantes actúen en el mejor interés de la seguridad y el bienestar de todos los habitantes de las islas.

  El Parlamento se encuentra ahora en una encrucijada, donde deberá considerar cuidadosamente las demandas ciudadanas y evaluar el impacto potencial de esta legislación en el futuro de Canarias.