LA "JUSTICIA" BLOQUEADA: EL CASO DE MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ Y SUS SOMBRAS DE PRESUNTA CORRUPCIÓN

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  Una nueva causa judicial contra Miguel Ángel Ramírez, empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, ha quedado estancada debido a una pericial pendiente sobre el valor real de las acciones del club. 

   Este procedimiento, que acumula al friolera de seis años en diligencias previas, forma parte de una querella presentada por la Agencia Tributaria y la Fiscalía, en la que Ramírez está acusado de desviar fondos para eludir deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

  El bloqueo del caso pone en evidencia, cuando menos, las carencias del sistema de Justicia.  Según informan fuentes judiciales, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias lleva más de año y medio sin proveer los recursos necesarios para que el perito designado determine el valor de las acciones. Un trámite  crucial para que el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria pueda decidir si archiva la causa o abre juicio oral contra Ramírez y otros ocho investigados.

  Sin embargo, el caso no es solo un reflejo de la burocracia judicial; también revela las complejas estrategias utilizadas por Miguel Ángel Ramírez para esquivar responsabilidades legales y fiscales.  Este último episodio se suma a una larga lista de procedimientos en los que el empresario ha sido señalado por prácticas empresariales irregulares y posibles delitos económicos y siempre ha logrado salir bien parado. 

Una presunta maniobra detrás de las acciones de la UD Las Palmas

  En el centro de esta investigación está la venta de acciones de la Unión Deportiva Las Palmas. 

Hacienda y la Fiscalía sostienen que Ramírez utilizó una operación ficticia para evitar el embargo de dichas acciones, inicialmente a nombre de Seguridad Integral Canaria (SIC), una empresa de la que era propietario. 

  Los investigadores aseguran que la operación se realizó por un valor inferior al real y sin ninguna contraprestación económica visible, un esquema que buscaba desviar bienes y fondos para eludir deudas millonarias.

Las sospechas no se limitan a las acciones del club

  Según los informes judiciales, Ramírez utilizó una red de empresas vinculadas para ejecutar transferencias y adquisiciones que enmascaraban el verdadero control que mantenía sobre ellas.  Estas maniobras incluían la adquisición de inmuebles, coches de lujo y otras operaciones financieras destinadas a simular insolvencia. Todo ello para evitar embargos por deudas con Hacienda, que ascendían a más de siete millones de euros, y con la Seguridad Social, por haber aplicado a sus trabajadores convenios más restrictivos que los del sector, generando infracotizaciones masivas.

La sombra de un historial turbio

  La actualidad del caso no puede entenderse sin analizar el historial judicial de Miguel Ángel Ramírez, quien ha enfrentado múltiples acusaciones por prácticas empresariales presuntamente ilegales. 

  En un proceso emblemático, Ramírez fue acusado de defraudar 36 millones de euros entre 2009 y 2017 mediante la práctica de camuflar como dietas las horas extraordinarias realizadas por sus empleados. Aunque quedó absuelto de estos cargos en abril de 2024, la sentencia fue objeto de controversia por los argumentos esgrimidos para exonerarlo.

  Uno de los factores decisivos en esta absolución fue la "contaminación" del caso por parte del exjuez Salvador Alba, quien utilizó el proceso contra Ramírez para perjudicar a su predecesora en el cargo, la jueza María Victoria Rosell. 

  Alba, actualmente en prisión por corrupción, fue señalado como responsable de haber viciado la instrucción, lo que llevó a la Audiencia Provincial de Las Palmas a anular gran parte de las pruebas en el caso. 

  Sin embargo, esta decisión no fue unánime: la magistrada Mónica Herreras emitió un voto particular discrepante, argumentando que las irregularidades de Alba no debían exonerar a Ramírez de sus responsabilidades penales.

¿Un empresario "perseguido"?

  Miguel Ángel Ramírez ha defendido públicamente su inocencia, afirmando que es víctima de una persecución orquestada por sindicatos y sectores que no toleran su éxito empresarial. 

  En repetidas ocasiones, el empresario ha calificado las denuncias en su contra como fruto de una "envidia insana". 

  Sin embargo, las pruebas presentadas por la Fiscalía y el testimonio de extrabajadores de Seguridad Integral Canaria pintan un panorama muy diferente.

  Durante los juicios, numerosos empleados declararon que en la empresa de seguridad del también presidente de la UD Las Palmas las horas extraordinarias se pagaban como dietas para eludir cotizaciones sociales. Este esquema de infracotización fue validado por el Tribunal Supremo, que anuló el convenio aplicado por Ramírez por considerarlo perjudicial para los derechos de los trabajadores.

  A pesar de estas pruebas, la resolución de los casos contra Ramírez ha sido marcada por demoras, bloqueos y decisiones controvertidas. 

  Esto ha alimentado la percepción de que el empresario cuenta con "poderosos apoyos". En una entrevista reciente, Ramírez insinuó que su grabación al exjuez Alba fue realizada con respaldo de "altas esferas del país", lo que, para algunos, refuerza las sospechas de quienes ven en él un símbolo de la impunidad.

Un sistema judicial bajo escrutinio

   Más allá de las actuaciones de Miguel Ángel Ramírez, este caso pone en evidencia las debilidades estructurales del sistema judicial español. Las dilaciones en los procedimientos, la falta de recursos para completar pruebas periciales y las interpretaciones legales controvertidas han minado la credibilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia.

  La demora de más de seis años para resolver un caso de presunta corrupción empresarial, agravada por la falta de recursos administrativos, no solo afecta a las víctimas directas, como los trabajadores perjudicados, sino que también erosiona, con razón, la confianza pública en la equidad del sistema.

  Por otro lado, el uso de tecnicismos legales para absolver a empresarios como Ramírez plantea interrogantes sobre la efectividad de las leyes contra la corrupción y la evasión fiscal.  El caso de Miguel Ángel Ramírez es un ejemplo de la capacidad de algunos empresarios para maniobrar dentro de los márgenes legales pueden generar una sensación de impunidad.