CUNA DEL ALMA: LA FISCALÍA DESTAPA GRAVES IRREGULARIDADES Y LA JUSTICIA FRENA EL INTENTO DE CERRAR EL CASO
ARCAN denuncia que dos responsables de Costas autorizaron obras pese a los informes técnicos desfavorables
La Justicia mantiene abierta la investigación sobre las autorizaciones del complejo turístico Cuna del Alma, en Tenerife. La Fiscalía cuestiona que dos responsables de Costas permitieran determinadas construcciones pese a existir informes técnicos desfavorables. ARCAN denuncia unas irregularidades que vuelven a situar bajo sospecha la gestión institucional del litoral canario.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El proyecto turístico de lujo Cuna del Alma, situado en el Puertito de Adeje, al sur de Tenerife, vuelve a encontrarse en el centro de una controversia judicial que afecta directamente al Gobierno de Canarias. La investigación sobre posibles irregularidades en las autorizaciones concedidas para construir determinadas instalaciones junto al litoral continúa abierta. La jueza ha rechazado archivar la causa contra dos responsables de Costas, después de que la Fiscalía advirtiera de importantes incompatibilidades con la legislación vigente y cuestionara la forma en que se tramitaron los permisos.
El complejo, promovido por Segunda Casa Adeje, contempla la construcción de centenares de villas de lujo en una amplia superficie próxima a la costa. Desde el comienzo de las obras, en 2022, ha provocado una intensa oposición social por sus consecuencias ambientales y patrimoniales. Organizaciones ecologistas y colectivos ciudadanos han denunciado reiteradamente las transformaciones que el proyecto podría ocasionar en el territorio y han cuestionado distintas decisiones administrativas relacionadas con su ejecución.
La Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN) ha informado a Canarias-semanal, mediante un comunicado remitido a nuestra redacción, de las últimas novedades judiciales. La organización considera que la decisión de mantener abierta la investigación representa un serio revés para los intentos de dar por concluido el procedimiento.
Dos responsables de Costas continúan investigados
La resolución judicial, fechada el 10 de noviembre de 2026, rechaza las solicitudes de sobreseimiento presentadas por Antonio Manuel Acosta Felipe, director general de Costas del Gobierno canario, vinculado a Coalición Canaria, y Valeriano Díaz Castro, jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental.
Ambos continúan investigados por su intervención en las autorizaciones concedidas para determinadas instalaciones del complejo turístico. La magistrada considera que todavía existen diligencias pendientes y que, por tanto, resulta prematuro cerrar el procedimiento.
Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular, ejercida por la Asociación Puertito Libre, se opusieron al archivo. Ambas partes defendieron la necesidad de continuar practicando pruebas para esclarecer cómo se concedieron los permisos y determinar si pudieron existir responsabilidades penales.
La continuidad de la investigación adquiere especial relevancia porque las objeciones formuladas por la Fiscalía afectan directamente a la actuación de los responsables administrativos que autorizaron las obras.
Instalaciones que podrían vulnerar la Ley de Costas
Una de las cuestiones principales del procedimiento es la ubicación de determinadas construcciones dentro de la denominada servidumbre de protección del litoral. Esta figura jurídica establece restricciones a las edificaciones y actividades que pueden desarrollarse en terrenos próximos al mar, con el propósito de preservar el espacio costero frente a determinadas formas de urbanización.
Según recoge el comunicado de ARCAN, un informe pericial judicial concluye que varias instalaciones proyectadas en Cuna del Alma no cumplen las condiciones exigidas por la Ley de Costas.
Los peritos consideran que los cuartos de instalaciones y las piscinas privadas correspondientes a las unidades alojativas T2-XL 01 y 02 forman parte de edificaciones destinadas a habitación. Por ello, entienden que vulneran la prohibición establecida en el artículo 25.1.a de dicha ley, sin que concurran las circunstancias excepcionales que permitirían autorizarlas.
El informe también cuestiona el edificio destinado a restaurante y las infraestructuras previstas para su funcionamiento. Según sus conclusiones, estas instalaciones tampoco encajan en los supuestos permitidos dentro de la franja de protección costera.
Respecto al túnel de servicio proyectado, los peritos señalan que no se ha acreditado suficientemente la inexistencia de un trazado alternativo. Esta circunstancia resulta relevante porque la legislación exige justificar determinadas ocupaciones del litoral cuando pueden existir otras soluciones técnicas.
La Fiscalía señala posibles irregularidades administrativas
Las conclusiones periciales constituyen una parte importante de la investigación, pero las observaciones de la Fiscalía sobre la tramitación de los permisos plantean interrogantes todavía más comprometidos para los responsables investigados.
Según el escrito del Ministerio Público, el expediente administrativo contenía un informe técnico desfavorable y ambos investigados conocían esa circunstancia. Sin embargo, la resolución que finalmente autorizó las actuaciones no habría recogido expresamente el sentido negativo de aquel informe.
La Fiscalía cuestiona también que se presentara como recibido un informe de Biodiversidad cuando, según sostiene, el organismo correspondiente únicamente había solicitado documentación complementaria para poder emitirlo.
La diferencia resulta significativa: una solicitud de información adicional no equivale a un informe favorable ni acredita que se hayan completado los trámites necesarios.
El Ministerio Fiscal considera que estas circunstancias podrían revelar una actuación consciente destinada a permitir unas obras que no cumplían los requisitos legales. En su escrito sostiene que se habría actuado con la finalidad de «conceder una autorización que debió ser denegada». La investigación deberá determinar si las irregularidades descritas constituyen infracciones administrativas o pueden dar lugar a responsabilidades penales.
Un conflicto que afecta al modelo turístico canario
Para ARCAN y los colectivos que se oponen al proyecto, estas actuaciones judiciales vuelven a cuestionar la manera en que las administraciones gestionan las grandes inversiones turísticas en Canarias.
El conflicto de Cuna del Alma refleja una tensión recurrente entre los intereses inmobiliarios vinculados al turismo de lujo y la protección de un territorio limitado, especialmente en las zonas costeras sometidas a una intensa presión urbanística.
La cuestión resulta particularmente delicada cuando las autorizaciones administrativas favorecen inversiones privadas pese a la existencia de objeciones técnicas que, según sostiene la Fiscalía, eran conocidas por los responsables de resolver los expedientes.
En este contexto, la investigación judicial deberá aclarar si los mecanismos públicos de control funcionaron correctamente o si determinadas decisiones administrativas permitieron eludir restricciones establecidas para proteger el litoral.
La Asamblea Reivindicativa Canaria considera imprescindible que se practiquen todas las diligencias pendientes y que se esclarezca la posible intervención de otras administraciones en la tramitación del proyecto.
El futuro judicial de Cuna del Alma dependerá de las pruebas todavía pendientes. Mientras tanto, el caso mantiene abierto un debate sobre los límites legales de la expansión turística y las responsabilidades de quienes deben garantizar que las inversiones privadas respeten la protección del territorio.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El proyecto turístico de lujo Cuna del Alma, situado en el Puertito de Adeje, al sur de Tenerife, vuelve a encontrarse en el centro de una controversia judicial que afecta directamente al Gobierno de Canarias. La investigación sobre posibles irregularidades en las autorizaciones concedidas para construir determinadas instalaciones junto al litoral continúa abierta. La jueza ha rechazado archivar la causa contra dos responsables de Costas, después de que la Fiscalía advirtiera de importantes incompatibilidades con la legislación vigente y cuestionara la forma en que se tramitaron los permisos.
El complejo, promovido por Segunda Casa Adeje, contempla la construcción de centenares de villas de lujo en una amplia superficie próxima a la costa. Desde el comienzo de las obras, en 2022, ha provocado una intensa oposición social por sus consecuencias ambientales y patrimoniales. Organizaciones ecologistas y colectivos ciudadanos han denunciado reiteradamente las transformaciones que el proyecto podría ocasionar en el territorio y han cuestionado distintas decisiones administrativas relacionadas con su ejecución.
La Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN) ha informado a Canarias-semanal, mediante un comunicado remitido a nuestra redacción, de las últimas novedades judiciales. La organización considera que la decisión de mantener abierta la investigación representa un serio revés para los intentos de dar por concluido el procedimiento.
Dos responsables de Costas continúan investigados
La resolución judicial, fechada el 10 de noviembre de 2026, rechaza las solicitudes de sobreseimiento presentadas por Antonio Manuel Acosta Felipe, director general de Costas del Gobierno canario, vinculado a Coalición Canaria, y Valeriano Díaz Castro, jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental.
Ambos continúan investigados por su intervención en las autorizaciones concedidas para determinadas instalaciones del complejo turístico. La magistrada considera que todavía existen diligencias pendientes y que, por tanto, resulta prematuro cerrar el procedimiento.
Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular, ejercida por la Asociación Puertito Libre, se opusieron al archivo. Ambas partes defendieron la necesidad de continuar practicando pruebas para esclarecer cómo se concedieron los permisos y determinar si pudieron existir responsabilidades penales.
La continuidad de la investigación adquiere especial relevancia porque las objeciones formuladas por la Fiscalía afectan directamente a la actuación de los responsables administrativos que autorizaron las obras.
Instalaciones que podrían vulnerar la Ley de Costas
Una de las cuestiones principales del procedimiento es la ubicación de determinadas construcciones dentro de la denominada servidumbre de protección del litoral. Esta figura jurídica establece restricciones a las edificaciones y actividades que pueden desarrollarse en terrenos próximos al mar, con el propósito de preservar el espacio costero frente a determinadas formas de urbanización.
Según recoge el comunicado de ARCAN, un informe pericial judicial concluye que varias instalaciones proyectadas en Cuna del Alma no cumplen las condiciones exigidas por la Ley de Costas.
Los peritos consideran que los cuartos de instalaciones y las piscinas privadas correspondientes a las unidades alojativas T2-XL 01 y 02 forman parte de edificaciones destinadas a habitación. Por ello, entienden que vulneran la prohibición establecida en el artículo 25.1.a de dicha ley, sin que concurran las circunstancias excepcionales que permitirían autorizarlas.
El informe también cuestiona el edificio destinado a restaurante y las infraestructuras previstas para su funcionamiento. Según sus conclusiones, estas instalaciones tampoco encajan en los supuestos permitidos dentro de la franja de protección costera.
Respecto al túnel de servicio proyectado, los peritos señalan que no se ha acreditado suficientemente la inexistencia de un trazado alternativo. Esta circunstancia resulta relevante porque la legislación exige justificar determinadas ocupaciones del litoral cuando pueden existir otras soluciones técnicas.
La Fiscalía señala posibles irregularidades administrativas
Las conclusiones periciales constituyen una parte importante de la investigación, pero las observaciones de la Fiscalía sobre la tramitación de los permisos plantean interrogantes todavía más comprometidos para los responsables investigados.
Según el escrito del Ministerio Público, el expediente administrativo contenía un informe técnico desfavorable y ambos investigados conocían esa circunstancia. Sin embargo, la resolución que finalmente autorizó las actuaciones no habría recogido expresamente el sentido negativo de aquel informe.
La Fiscalía cuestiona también que se presentara como recibido un informe de Biodiversidad cuando, según sostiene, el organismo correspondiente únicamente había solicitado documentación complementaria para poder emitirlo.
La diferencia resulta significativa: una solicitud de información adicional no equivale a un informe favorable ni acredita que se hayan completado los trámites necesarios.
El Ministerio Fiscal considera que estas circunstancias podrían revelar una actuación consciente destinada a permitir unas obras que no cumplían los requisitos legales. En su escrito sostiene que se habría actuado con la finalidad de «conceder una autorización que debió ser denegada». La investigación deberá determinar si las irregularidades descritas constituyen infracciones administrativas o pueden dar lugar a responsabilidades penales.
Un conflicto que afecta al modelo turístico canario
Para ARCAN y los colectivos que se oponen al proyecto, estas actuaciones judiciales vuelven a cuestionar la manera en que las administraciones gestionan las grandes inversiones turísticas en Canarias.
El conflicto de Cuna del Alma refleja una tensión recurrente entre los intereses inmobiliarios vinculados al turismo de lujo y la protección de un territorio limitado, especialmente en las zonas costeras sometidas a una intensa presión urbanística.
La cuestión resulta particularmente delicada cuando las autorizaciones administrativas favorecen inversiones privadas pese a la existencia de objeciones técnicas que, según sostiene la Fiscalía, eran conocidas por los responsables de resolver los expedientes.
En este contexto, la investigación judicial deberá aclarar si los mecanismos públicos de control funcionaron correctamente o si determinadas decisiones administrativas permitieron eludir restricciones establecidas para proteger el litoral.
La Asamblea Reivindicativa Canaria considera imprescindible que se practiquen todas las diligencias pendientes y que se esclarezca la posible intervención de otras administraciones en la tramitación del proyecto.
El futuro judicial de Cuna del Alma dependerá de las pruebas todavía pendientes. Mientras tanto, el caso mantiene abierto un debate sobre los límites legales de la expansión turística y las responsabilidades de quienes deben garantizar que las inversiones privadas respeten la protección del territorio.




































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