LA PALMA: DAMNIFICADOS DEL VOLCÁN ACUSAN AL GOBIERNO CANARIO DE CONVERTIR SU TRAGEDIA EN UN NEGOCIO PARA LOS PODEROSOS
Tierra Bonita acusa al Ejecutivo canario de favorecer a inversores mientras cientos de familias esperan soluciones
La Asociación Tierra Bonita lanza una durísima acusación contra el Gobierno de Canarias: sostiene que la reconstrucción de La Palma está favoreciendo a inversores y grandes intereses agrarios mientras numerosos damnificados continúan sin recuperar sus viviendas y propiedades.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Más de cinco años después de la erupción del volcán Tajogaite, la reconstrucción de La Palma continúa provocando graves denuncias entre quienes perdieron sus viviendas, terrenos y medios de subsistencia. La Asociación Tierra Bonita acusa al Gobierno de Canarias de convertir la recuperación de la isla en un negocio para determinados intereses agrarios e inmobiliarios, mientras numerosas familias siguen esperando soluciones. El colectivo sostiene que la nueva legislación autonómica permite favorecer con ayudas públicas a inversores que ni siquiera sufrieron directamente las consecuencias de la catástrofe.
La denuncia llega tras la reunión de la Comisión Mixta Canarias-Estado celebrada el 12 de noviembre y la aprobación del Decreto-ley 9/2026, publicado en el Boletín Oficial de Canarias el día 11. La norma introduce modificaciones en materia de vivienda, reconstrucción agraria y ordenación territorial que el Ejecutivo presenta como medidas destinadas a facilitar la recuperación. Tierra Bonita, sin embargo, considera que algunas de esas disposiciones consolidan una distribución profundamente injusta de los recursos públicos.
En un contundente comunicado, la asociación denuncia que la reconstrucción se ha convertido en un «traje a medida de una minoría que mercantiliza la tragedia y castiga a las familias que lo perdieron todo». La organización acusa al Ejecutivo autonómico de actuar al servicio de los grandes intereses económicos y de relegar las necesidades de los verdaderos damnificados.
Ayudas para quienes compraron después de la catástrofe
Una de las acusaciones más graves se refiere a la modificación de la legislación agraria. Tierra Bonita sostiene que el nuevo decreto permite que intermediarios e inversores que hayan adquirido explotaciones plataneras sepultadas por la lava puedan acceder a determinadas ayudas de reconstrucción y compensaciones vinculadas al POSEI, el programa europeo de apoyo a las producciones agrarias de regiones ultraperiféricas.
Según denuncia la asociación, estos compradores podrían beneficiarse de subvenciones concebidas originalmente para compensar a quienes perdieron sus explotaciones durante la erupción.
El Gobierno canario presenta los cambios normativos como una fórmula para facilitar la transmisión de explotaciones y recuperar la actividad agrícola. Tierra Bonita cuestiona que esa finalidad justifique trasladar determinados derechos económicos a compradores posteriores a la catástrofe.
Para el colectivo, semejante mecanismo abre la puerta a la especulación con propiedades arrasadas y a que el dinero público termine favoreciendo a quienes disponen de capital para adquirirlas.
«Se está utilizando el dinero público de la reconstrucción para subvencionar a oportunistas que no perdieron nada con el volcán», denuncia la asociación.
Terrenos que sus propietarios no podrán recuperar
La segunda acusación afecta a quienes poseen terrenos situados en el espacio previsto para la ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja.
El Decreto-ley establece que los propietarios cuyas parcelas queden definitivamente incluidas en el espacio protegido no podrán reconstruir allí las edificaciones anteriores. Como alternativa, contempla la reubicación y una compensación económica complementaria, cuya cuantía y procedimiento deberán concretarse después de la declaración del espacio natural.
Tierra Bonita considera que esta regulación representa una «expropiación forzosa camuflada», porque impide recuperar las propiedades en su ubicación original sin garantizar todavía una compensación efectiva, con presupuesto, procedimiento y plazos definidos.
La asociación advierte de que la protección ambiental no puede utilizarse para dejar indefensos a propietarios que ya perdieron su patrimonio bajo la lava.
Millones para la reconstrucción, pero sin resolver el drama habitacional
La reunión de la Comisión Mixta Canarias-Estado también ha recibido duras críticas. Según los datos ministeriales citados por Tierra Bonita, el Estado ha destinado más de 1.600 millones de euros a la recuperación de La Palma. La asociación reconoce esa aportación, aunque cuestiona los 80 millones de fondos propios reivindicados por el Cabildo, al considerar que su gestión depende en buena medida del endeudamiento.
El colectivo acusa al Gobierno autonómico de reclamar otros 300 millones al Estado sin ajustarse, según su interpretación, a los acuerdos realmente alcanzados. Considera que esta confrontación institucional desvía la atención de los problemas pendientes de la población.
Especialmente severa resulta su crítica a la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto. Tierra Bonita sostiene que las prioridades anunciadas para el sector platanero contrastan con la falta de soluciones definitivas para numerosas familias afectadas por la destrucción de viviendas.
También rechaza la bonificación general del 60% en el IRPF para toda La Palma y defiende sustituirla por una bonificación del 100 % destinada específicamente a los damnificados que perdieron su patrimonio y sus medios de vida.
Una reconstrucción sin los damnificados
Para Tierra Bonita, buena parte de los problemas actuales procede de haber rechazado la creación de un consorcio único de reconstrucción, integrado por las administraciones y representantes de los afectados, con una dirección profesional.
La asociación denuncia una gestión fragmentada entre Gobierno canario, Cabildo y ayuntamientos, con escasa transparencia sobre los beneficiarios de las ayudas y los proyectos financiados.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Más de cinco años después de la erupción del volcán Tajogaite, la reconstrucción de La Palma continúa provocando graves denuncias entre quienes perdieron sus viviendas, terrenos y medios de subsistencia. La Asociación Tierra Bonita acusa al Gobierno de Canarias de convertir la recuperación de la isla en un negocio para determinados intereses agrarios e inmobiliarios, mientras numerosas familias siguen esperando soluciones. El colectivo sostiene que la nueva legislación autonómica permite favorecer con ayudas públicas a inversores que ni siquiera sufrieron directamente las consecuencias de la catástrofe.
La denuncia llega tras la reunión de la Comisión Mixta Canarias-Estado celebrada el 12 de noviembre y la aprobación del Decreto-ley 9/2026, publicado en el Boletín Oficial de Canarias el día 11. La norma introduce modificaciones en materia de vivienda, reconstrucción agraria y ordenación territorial que el Ejecutivo presenta como medidas destinadas a facilitar la recuperación. Tierra Bonita, sin embargo, considera que algunas de esas disposiciones consolidan una distribución profundamente injusta de los recursos públicos.
En un contundente comunicado, la asociación denuncia que la reconstrucción se ha convertido en un «traje a medida de una minoría que mercantiliza la tragedia y castiga a las familias que lo perdieron todo». La organización acusa al Ejecutivo autonómico de actuar al servicio de los grandes intereses económicos y de relegar las necesidades de los verdaderos damnificados.
Ayudas para quienes compraron después de la catástrofe
Una de las acusaciones más graves se refiere a la modificación de la legislación agraria. Tierra Bonita sostiene que el nuevo decreto permite que intermediarios e inversores que hayan adquirido explotaciones plataneras sepultadas por la lava puedan acceder a determinadas ayudas de reconstrucción y compensaciones vinculadas al POSEI, el programa europeo de apoyo a las producciones agrarias de regiones ultraperiféricas.
Según denuncia la asociación, estos compradores podrían beneficiarse de subvenciones concebidas originalmente para compensar a quienes perdieron sus explotaciones durante la erupción.
El Gobierno canario presenta los cambios normativos como una fórmula para facilitar la transmisión de explotaciones y recuperar la actividad agrícola. Tierra Bonita cuestiona que esa finalidad justifique trasladar determinados derechos económicos a compradores posteriores a la catástrofe.
Para el colectivo, semejante mecanismo abre la puerta a la especulación con propiedades arrasadas y a que el dinero público termine favoreciendo a quienes disponen de capital para adquirirlas.
«Se está utilizando el dinero público de la reconstrucción para subvencionar a oportunistas que no perdieron nada con el volcán», denuncia la asociación.
Terrenos que sus propietarios no podrán recuperar
La segunda acusación afecta a quienes poseen terrenos situados en el espacio previsto para la ampliación del Parque Natural de Cumbre Vieja.
El Decreto-ley establece que los propietarios cuyas parcelas queden definitivamente incluidas en el espacio protegido no podrán reconstruir allí las edificaciones anteriores. Como alternativa, contempla la reubicación y una compensación económica complementaria, cuya cuantía y procedimiento deberán concretarse después de la declaración del espacio natural.
Tierra Bonita considera que esta regulación representa una «expropiación forzosa camuflada», porque impide recuperar las propiedades en su ubicación original sin garantizar todavía una compensación efectiva, con presupuesto, procedimiento y plazos definidos.
La asociación advierte de que la protección ambiental no puede utilizarse para dejar indefensos a propietarios que ya perdieron su patrimonio bajo la lava.
Millones para la reconstrucción, pero sin resolver el drama habitacional
La reunión de la Comisión Mixta Canarias-Estado también ha recibido duras críticas. Según los datos ministeriales citados por Tierra Bonita, el Estado ha destinado más de 1.600 millones de euros a la recuperación de La Palma. La asociación reconoce esa aportación, aunque cuestiona los 80 millones de fondos propios reivindicados por el Cabildo, al considerar que su gestión depende en buena medida del endeudamiento.
El colectivo acusa al Gobierno autonómico de reclamar otros 300 millones al Estado sin ajustarse, según su interpretación, a los acuerdos realmente alcanzados. Considera que esta confrontación institucional desvía la atención de los problemas pendientes de la población.
Especialmente severa resulta su crítica a la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto. Tierra Bonita sostiene que las prioridades anunciadas para el sector platanero contrastan con la falta de soluciones definitivas para numerosas familias afectadas por la destrucción de viviendas.
También rechaza la bonificación general del 60% en el IRPF para toda La Palma y defiende sustituirla por una bonificación del 100 % destinada específicamente a los damnificados que perdieron su patrimonio y sus medios de vida.
Una reconstrucción sin los damnificados
Para Tierra Bonita, buena parte de los problemas actuales procede de haber rechazado la creación de un consorcio único de reconstrucción, integrado por las administraciones y representantes de los afectados, con una dirección profesional.
La asociación denuncia una gestión fragmentada entre Gobierno canario, Cabildo y ayuntamientos, con escasa transparencia sobre los beneficiarios de las ayudas y los proyectos financiados.




































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