EL (PRESUNTO) MACROFRAUDE DE MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ CONTADO POR SUS EX TRABAJADORES
Los ex trabajadores de IC declaran que trabajaban cientos de horas extra que se malpagaban como dietas
En un juicio impactante, ex trabajadores de Seguridad Integral Canaria han desvelado el turbio esquema de "presunto" fraude fiscal orquestado por Miguel Ángel Ramírez. Horas extra ocultas como dietas y una demanda de 105 millones de euros son solo algunos de los escalofriantes detalles que han salido a la luz.
La sala de la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas ha sido testigo de impactantes revelaciones durante la segunda sesión del juicio contra los empresarios Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas, acusados de un fraude fiscal que asciende a la escalofriante cifra de 36 millones de euros.
En un gesto, sin duda, valiente, trece ex trabajadores de Seguridad Integral Canaria (SIC) han comparecido para exponer las prácticas oscuras que presuntamente eran moneda corriente en esta empresa.
Lo más sobrecogedor de los testimonios es la frecuente práctica de trabajar un número exorbitante de horas extra, alcanzando en algunos casos más de cien horas al mes, y cobrarlas a través de una transferencia camuflada bajo el concepto de dietas, completamente ajeno al salario percibido oficialmente.
Estos ex empleados han desvelado una estrategia maquiavélica para lograr evadir las cotizaciones sociales y las retenciones de Hacienda, una artimaña fiscal que se llevaba a cabo a espaldas de las autoridades pertinentes.
Aunque la mayoría de los testigos han afirmado haberse visto inmersos en esta práctica ilícita, cuatro de ellos han declarado que sí recibían pagos adicionales por concepto de gastos de desplazamiento y manutención. En ese sentido, la cuestión clave que se juzga en este proceso es si los ex administradores de SIC utilizaban el pretexto de las dietas para ocultar las horas extra de los trabajadores y, de esta manera, eludir sus responsabilidades legales y fiscales.
La gravedad de los cargos presentados por la Fiscalía no deja lugar a dudas sobre la magnitud del fraude. En concreto, se solicita una condena de 21 años de prisión y una multa de 105 millones de euros para Miguel Ángel Ramírez, mientras que para Héctor de Armas se pide una pena de catorce años tras las rejas y una sanción económica de 79 millones de euros.
Ahora, la Audiencia Provincial de Las Palmas deberá dictar sentencia y decidir sobre la petición de las defensas para anular todas las actuaciones llevadas a cabo desde que el ex juez Salvador Alba asumió el caso. Cabe recordar que Alba fue condenado a seis años y medio de prisión por utilizar este proceso judicial con fines ajenos a la investigación, contaminando así el caso con su accionar ilegal.
El testimonio más impactante provino de David G., quien compareció por videoconferencia y reveló una triste realidad: como vigilante en la Casa Palacio, sede oficial del Cabildo de Gran Canaria, llegó a trabajar hasta "320 horas al mes", superando de manera desorbitada las 162 horas que estipulaba su contrato. La angustia de David quedó plasmada en sus palabras:
"Había días en los que terminaba un turno de doce horas y luego me quedaba otras cuatro o cinco horas en un partido. Mi hipoteca había subido a 900 euros y tenía que hacer horas extra.
La sala de la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas ha sido testigo de impactantes revelaciones durante la segunda sesión del juicio contra los empresarios Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas, acusados de un fraude fiscal que asciende a la escalofriante cifra de 36 millones de euros.
En un gesto, sin duda, valiente, trece ex trabajadores de Seguridad Integral Canaria (SIC) han comparecido para exponer las prácticas oscuras que presuntamente eran moneda corriente en esta empresa.
Lo más sobrecogedor de los testimonios es la frecuente práctica de trabajar un número exorbitante de horas extra, alcanzando en algunos casos más de cien horas al mes, y cobrarlas a través de una transferencia camuflada bajo el concepto de dietas, completamente ajeno al salario percibido oficialmente.
Estos ex empleados han desvelado una estrategia maquiavélica para lograr evadir las cotizaciones sociales y las retenciones de Hacienda, una artimaña fiscal que se llevaba a cabo a espaldas de las autoridades pertinentes.
Aunque la mayoría de los testigos han afirmado haberse visto inmersos en esta práctica ilícita, cuatro de ellos han declarado que sí recibían pagos adicionales por concepto de gastos de desplazamiento y manutención. En ese sentido, la cuestión clave que se juzga en este proceso es si los ex administradores de SIC utilizaban el pretexto de las dietas para ocultar las horas extra de los trabajadores y, de esta manera, eludir sus responsabilidades legales y fiscales.
La gravedad de los cargos presentados por la Fiscalía no deja lugar a dudas sobre la magnitud del fraude. En concreto, se solicita una condena de 21 años de prisión y una multa de 105 millones de euros para Miguel Ángel Ramírez, mientras que para Héctor de Armas se pide una pena de catorce años tras las rejas y una sanción económica de 79 millones de euros.
Ahora, la Audiencia Provincial de Las Palmas deberá dictar sentencia y decidir sobre la petición de las defensas para anular todas las actuaciones llevadas a cabo desde que el ex juez Salvador Alba asumió el caso. Cabe recordar que Alba fue condenado a seis años y medio de prisión por utilizar este proceso judicial con fines ajenos a la investigación, contaminando así el caso con su accionar ilegal.
El testimonio más impactante provino de David G., quien compareció por videoconferencia y reveló una triste realidad: como vigilante en la Casa Palacio, sede oficial del Cabildo de Gran Canaria, llegó a trabajar hasta "320 horas al mes", superando de manera desorbitada las 162 horas que estipulaba su contrato. La angustia de David quedó plasmada en sus palabras:
"Había días en los que terminaba un turno de doce horas y luego me quedaba otras cuatro o cinco horas en un partido. Mi hipoteca había subido a 900 euros y tenía que hacer horas extra.
Maribel Santana | Jueves, 06 de Julio de 2023 a las 15:19:36 horas
No, no le pasará nada a los capos xxxxxx. Lo absolverán a cuenta de pagar una migajitas y aquí paz y el el cielo bizcocho.
El entramado corrupto entre el capo xxxx, chulón y xxxxxxxx, los presidentes del gobierno y los altos funcionarios que le apoya es tan bestial, que esos no van a caer en picado, seria el acabose del mundo. Igual algún cabeza de turco puede caer, por esto de blanqueo, pero creo que nadita mas. Algo hacen para que todo sea tapado, no se preocupen.
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