CASI UNA DÉCADA DE SILENCIO CÓMPLICE EN EL CASO DEL PEDÓFILO ‘KOTE CABEZUDO’ (VÍDEOS)
Las mujeres víctimas de los abusos sexuales han sido abandonadas por el feminismo institucional
Hace unas semanas se supo que el Tribunal Supremo había ratificado la sentencia a 28 años de prisión al fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo. Treinta años cometiendo abusos sexuales y manteniendo páginas de pornografía infantil, delitos en los que participaron personajes muy conocidos. Ello hasta que 21 mujeres víctimas de esos abusos y un abogado decidieron llevar a Cabezudo ante los tribunales. El proceso ha durado 9 años, durante los cuales tanto los medios de comunicación como las instituciones que debieron proteger a las víctimas han guardado absoluto silencio.
Por TITA BARAHONA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Seguramente muchos de ustedes no habrán oído hablar del caso Kote Cabezudo, el pedófilo, proxeneta, agresor sexual, estafador y distribuidor de pornografía infantil, condenado a 28 años de prisión, porque ha habido una poderosa trama que lo ha protegido de toda publicidad e incluso de ser procesado.
Finalmente, contra viento y marea, el procesamiento tuvo lugar, duró 9 años. No voy a entrar en sus pormenores, pues hay documentos audiovisuales disponibles, además de una serie que Netflix acaba de sacar, titulada "En el nombre de ellas", cuyo visionado recomiendo.
Pero sí es pertinente preguntarse 1) por qué se ha mantenido un silencio sepulcral en torno a estos delitos, 2) por qué han sido mujeres magistradas quienes han revictimizado a las denunciantes y 3) por qué ni el Instituto de la Mujer ni ninguna asociación feminista subvencionada con fondos públicos ha escuchado y ofrecido asistencia a las víctimas.
La primera pregunta tiene fácil respuesta. El dentista y después fotógrafo Kote Cabezudo estuvo protegido por Odón Elorza, alcalde que fue de San Sebastián por el PSOE durante muchos años (1991-2011).
Las adolescentes que llegaban al estudio fotográfico de Cabezudo provenían de una agencia de modelos -First Models-, la única que había en la ciudad donostiarra, porque Elorza nunca dio permiso para que se abrieran otras.
Como sabrán, toda aspirante a modelo necesita hacerse un “book” de fotografías y la agencia las remitía directamente al estudio de Cabezudo, que también era el fotógrafo oficial del Ayuntamiento de San Sebastián.
Los abusos se cometieron durante las sesiones fotográficas, pero en ellos, según se ha podido demostrar, participaron miembros de la burguesía donostriarra y quizás de más allá (magistrados, policías, militares, políticos, artistas…), cuyos nombres no se han revelado, aunque el condenado ahora amenaza con tirar de la manta si no le otorgan privilegios penitenciarios.
Kote Cabezudo grababa secretamente las sesiones donde se producían los abusos y después subía ese material a páginas web pornográficas. Muchas de las chicas abusadas eran menores de edad en el momento de los hechos. Las que se han atrevido a denunciar son 21, pero hay muchas más teniendo en cuenta que estas “actividades” tuvieron lugar, de manera impune, a lo largo de 30 años.
Sólo un abogado, Mario Díez, accedió a llevar el caso; sólo un periodista, Melchor Miralles, intentó informar sobre él en programas televisivos. Ambos sufrieron represalias, fueron sometidos a denuncias y cancelaciones por parte de los poderes judicial y mediático. Ello solamente se explica por la implicación en estos delitos de personas que cuentan con la protección de altas instancias (¿La Zarzuela quizás?).
En cuanto a la segunda pregunta -la actuación de los jueces y fiscales-, el abuso, el desprecio y la revictimización a que suelen someter a las mujeres víctimas de violencia machista son de sobra conocidos y entendibles, si tenemos en cuenta que se trata de una corporación endogámica, heredera directa de la dictadura franquista, de la que un tercio -que se sepa- pertenece al Opus Dei.
Pero, casualmente, durante el proceso a Kote Cabezudo fueron tres las magistradas -Ana Isabel Pérez Asenjo, Yolanda Domeño y la fiscal Elvira Tejada- las que, junto a otros colegas, se destacaron por ser jueces y parte, no de parte de las víctimas, sino del acusado.
Pérez Asenjo fue la juez instructora durante 5 años, al cabo de los cuales fue apartada por las reiteradas irregularidades que cometió. Podemos citar, entre ellas, la negativa a ordenar la retirada de la foto del desnudo de una de las denunciantes, que Cabezudo colgó en su muro de Facebook cuando se enteró, gracias a la juez, de la identidad de aquélla. Otra fue la apertura de unas diligencias previas -ilegales, pero que declaró secretas- a una víctima, ordenando que se le pinchara el teléfono, se le colocara un micrófono en su vehículo y una baliza GPS de seguimiento. En fin, algo que no se hace ni con los sospechosos de terrorismo.
Tal fue el maltrato al que sometieron a las denunciantes, que una de ellas ha declarado que se sintió más violada por López Asenjo que por Cabezudo (escuchen sus declaraciones en esta entrevista).
Ello demuestra, en primer lugar, que el machismo no es patrimonio exclusivo de los varones; en segundo lugar, que la judicatura está, en buena parte, podrida; y, en tercer lugar, que, cuando se trata de mujeres en puestos de poder, como lo es la magistratura, a menudo suele ocurrir que por encima de la sororidad o solidaridad con otras mujeres, por muy vulnerable que sea la situación de éstas, están los intereses de clase y corporativos de aquéllas, en los que el sexo al que se pertenece es algo completamente secundario.
De la misma manera que no todos los varones son agresores machistas, no todas las mujeres están dispuestas a defender a otras de esas agresiones. Es triste, pero sucede.
Sobre la tercera pregunta planteada, las mujeres denunciantes llamaron a muchas puertas para dar a conocer su caso. Aparte de abogados, contactaron con todos los medios de comunicación de mayor difusión en prensa, radio y televisión, sin que ninguno accediera a informar. De hecho, el documental que ahora está disponible en Netflix lo contrató en primer lugar Disney Plus, que pagó por los derechos, anunció su estreno; pero llegado el día lo retiró.
Este cierre total de puertas sólo se explica por la presión que debieron de recibir de aún no sabemos dónde. Pero es que las víctimas de Kote Cabezudo también contactaron con asociaciones feministas para recibir consejo y asistencia, que tampoco respondieron. Solamente lo hizo una asociación feminista de Irún, que, quizás no casualmente, no recibe ninguna subvención.
Un caso tan grave como este, pues hablamos de abusos sexuales a mujeres, que en muchos casos eran niñas cuando se cometieron; de pornografía infantil de la que Cabezudo sacaba rédito económico e incluso de fiestas de alto copete a las éste aportaba jovencitas para goce y disfrute de los ilustres invitados, no ha merecido ser tampoco “trending topic” en las redes sociales, ni objeto de largos comentarios o debates.
Estamos ante algo muy similar a lo que fue en EE.UU el caso del pederasta Jeffrey Epstein. Sin embargo, a las víctimas se las ha dejado solas con su trauma; a las que tuvieron la valentía de denunciar, además, con el maltrato y el olvido a que se han enfrentado durante los 9 años del proceso y una vez acabado con sentencia firme también, de manera tan injusta como indignante.
¿Saldrán alguna vez los nombres de quienes participaron en el detestable festín organizado por Kote Cabezudo?
VÍDEOS RELACIONADOS:
Denuncia pública del abogado encargado del caso Kote Cabezudo
Por TITA BARAHONA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
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Finalmente, contra viento y marea, el procesamiento tuvo lugar, duró 9 años. No voy a entrar en sus pormenores, pues hay documentos audiovisuales disponibles, además de una serie que Netflix acaba de sacar, titulada "En el nombre de ellas", cuyo visionado recomiendo.
Pero sí es pertinente preguntarse 1) por qué se ha mantenido un silencio sepulcral en torno a estos delitos, 2) por qué han sido mujeres magistradas quienes han revictimizado a las denunciantes y 3) por qué ni el Instituto de la Mujer ni ninguna asociación feminista subvencionada con fondos públicos ha escuchado y ofrecido asistencia a las víctimas.
La primera pregunta tiene fácil respuesta. El dentista y después fotógrafo Kote Cabezudo estuvo protegido por Odón Elorza, alcalde que fue de San Sebastián por el PSOE durante muchos años (1991-2011).
Las adolescentes que llegaban al estudio fotográfico de Cabezudo provenían de una agencia de modelos -First Models-, la única que había en la ciudad donostiarra, porque Elorza nunca dio permiso para que se abrieran otras.
Como sabrán, toda aspirante a modelo necesita hacerse un “book” de fotografías y la agencia las remitía directamente al estudio de Cabezudo, que también era el fotógrafo oficial del Ayuntamiento de San Sebastián.
Los abusos se cometieron durante las sesiones fotográficas, pero en ellos, según se ha podido demostrar, participaron miembros de la burguesía donostriarra y quizás de más allá (magistrados, policías, militares, políticos, artistas…), cuyos nombres no se han revelado, aunque el condenado ahora amenaza con tirar de la manta si no le otorgan privilegios penitenciarios.
Kote Cabezudo grababa secretamente las sesiones donde se producían los abusos y después subía ese material a páginas web pornográficas. Muchas de las chicas abusadas eran menores de edad en el momento de los hechos. Las que se han atrevido a denunciar son 21, pero hay muchas más teniendo en cuenta que estas “actividades” tuvieron lugar, de manera impune, a lo largo de 30 años.
Sólo un abogado, Mario Díez, accedió a llevar el caso; sólo un periodista, Melchor Miralles, intentó informar sobre él en programas televisivos. Ambos sufrieron represalias, fueron sometidos a denuncias y cancelaciones por parte de los poderes judicial y mediático. Ello solamente se explica por la implicación en estos delitos de personas que cuentan con la protección de altas instancias (¿La Zarzuela quizás?).
En cuanto a la segunda pregunta -la actuación de los jueces y fiscales-, el abuso, el desprecio y la revictimización a que suelen someter a las mujeres víctimas de violencia machista son de sobra conocidos y entendibles, si tenemos en cuenta que se trata de una corporación endogámica, heredera directa de la dictadura franquista, de la que un tercio -que se sepa- pertenece al Opus Dei.
Pero, casualmente, durante el proceso a Kote Cabezudo fueron tres las magistradas -Ana Isabel Pérez Asenjo, Yolanda Domeño y la fiscal Elvira Tejada- las que, junto a otros colegas, se destacaron por ser jueces y parte, no de parte de las víctimas, sino del acusado.
Pérez Asenjo fue la juez instructora durante 5 años, al cabo de los cuales fue apartada por las reiteradas irregularidades que cometió. Podemos citar, entre ellas, la negativa a ordenar la retirada de la foto del desnudo de una de las denunciantes, que Cabezudo colgó en su muro de Facebook cuando se enteró, gracias a la juez, de la identidad de aquélla. Otra fue la apertura de unas diligencias previas -ilegales, pero que declaró secretas- a una víctima, ordenando que se le pinchara el teléfono, se le colocara un micrófono en su vehículo y una baliza GPS de seguimiento. En fin, algo que no se hace ni con los sospechosos de terrorismo.
Tal fue el maltrato al que sometieron a las denunciantes, que una de ellas ha declarado que se sintió más violada por López Asenjo que por Cabezudo (escuchen sus declaraciones en esta entrevista).
Ello demuestra, en primer lugar, que el machismo no es patrimonio exclusivo de los varones; en segundo lugar, que la judicatura está, en buena parte, podrida; y, en tercer lugar, que, cuando se trata de mujeres en puestos de poder, como lo es la magistratura, a menudo suele ocurrir que por encima de la sororidad o solidaridad con otras mujeres, por muy vulnerable que sea la situación de éstas, están los intereses de clase y corporativos de aquéllas, en los que el sexo al que se pertenece es algo completamente secundario.
De la misma manera que no todos los varones son agresores machistas, no todas las mujeres están dispuestas a defender a otras de esas agresiones. Es triste, pero sucede.
Sobre la tercera pregunta planteada, las mujeres denunciantes llamaron a muchas puertas para dar a conocer su caso. Aparte de abogados, contactaron con todos los medios de comunicación de mayor difusión en prensa, radio y televisión, sin que ninguno accediera a informar. De hecho, el documental que ahora está disponible en Netflix lo contrató en primer lugar Disney Plus, que pagó por los derechos, anunció su estreno; pero llegado el día lo retiró.
Este cierre total de puertas sólo se explica por la presión que debieron de recibir de aún no sabemos dónde. Pero es que las víctimas de Kote Cabezudo también contactaron con asociaciones feministas para recibir consejo y asistencia, que tampoco respondieron. Solamente lo hizo una asociación feminista de Irún, que, quizás no casualmente, no recibe ninguna subvención.
Un caso tan grave como este, pues hablamos de abusos sexuales a mujeres, que en muchos casos eran niñas cuando se cometieron; de pornografía infantil de la que Cabezudo sacaba rédito económico e incluso de fiestas de alto copete a las éste aportaba jovencitas para goce y disfrute de los ilustres invitados, no ha merecido ser tampoco “trending topic” en las redes sociales, ni objeto de largos comentarios o debates.
Estamos ante algo muy similar a lo que fue en EE.UU el caso del pederasta Jeffrey Epstein. Sin embargo, a las víctimas se las ha dejado solas con su trauma; a las que tuvieron la valentía de denunciar, además, con el maltrato y el olvido a que se han enfrentado durante los 9 años del proceso y una vez acabado con sentencia firme también, de manera tan injusta como indignante.
¿Saldrán alguna vez los nombres de quienes participaron en el detestable festín organizado por Kote Cabezudo?
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