PRESUNTA MALVERSACIÓN MILLONARIA DE LOS FONDOS DESTINADOS A MENORES INMIGRANTES

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella que debería estar ocupando portadas en todos los medios de comunicación del Archipiélago canario. 

   Una de las organizaciones contratadas por el Gobierno de Canarias para atender a los menores que llegan a las islas en patera ha sido acusada de malversar dinero público en beneficio de sus directivos. Esta impactante revelación ha encendido las alarmas y puesto en tela de juicio la integridad y supervisión de las autoridades responsables.

   El diario Canarias 7 ha adelantado los detalles de esta querella explosiva, que ha llevado al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria a abrir diligencias penales previas para investigar la gestión de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Específicamente, se examina el comportamiento de cuatro de sus directivos, cuyas acciones han sido calificadas por la Fiscalía como delitos graves que incluyen falsedad en documento mercantil, administración desleal y malversación de fondos públicos.

   La gravedad de este caso se intensifica aún más con la crítica contundente de la Fiscalía hacia la Consejería de Derechos Sociales de la comunidad autónoma. Según el órgano acusador, existe una "falta de seguimiento y control" por parte de las autoridades en relación con los contratos otorgados a esta fundación bajo la vía de emergencia en los años 2020, 2021 y 2022. Es evidente que la falta de supervisión ha permitido que estos delitos se perpetren impunemente.

   La querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción revela que se han examinado los movimientos bancarios de tres centros de acogida de menores inmigrantes en Gran Canaria y dos en Lanzarote, así como las cuentas de sus directores. En este análisis exhaustivo se han detectado múltiples irregularidades que dejan al descubierto un desvío masivo de fondos públicos con fines particulares. ¡Un verdadero abuso!

  Solo en los centros de Gran Canaria, se estima que Fundación Respuesta Social Siglo XXI habría administrado la increíble cantidad de 12,50 millones de euros en tan solo cuatro años. 

   Pero eso no es todo. La Fiscalía ha descubierto, según informes filtrados a la prensa, que cuando los bancos comenzaron a poner objeciones a los movimientos realizados en las cuentas de los investigados, estos trataron de justificar ciertos gastos mediante facturas ajenas a la actividad de los centros y los menores. Se habla de tratamientos médicos y comidas en restaurantes, entre otros gastos inadmisibles.

   En su querella, el Ministerio Público defiende contundentemente que "existen indicios de una falta de seguimiento y control en los contratos tramitados de emergencia", que se "evidencian en la ausencia de medidas y consecuencias de penalidades cuando su incumplimiento por parte de la fundación se hace aparente".

   Los centros involucrados en esta investigación han sido identificados como Portobello, en Puerto Rico (Gran Canaria); Guiniguada y Alcorán, en Las Palmas de Gran Canaria; y Yaiza y La Santa, en Lanzarote. Estos lugares, que deberían haber sido refugios seguros y acogedores para los menores inmigrantes que llegaban a nuestras costas en busca de protección, se convirtieron en escenarios oscuros de corrupción y aprovechamiento indebido de recursos.

   La gravedad de esta situación no puede ser subestimada. Estamos hablando de la vulneración de derechos fundamentales de menores que ya han enfrentado grandes adversidades en sus vidas. En lugar de recibir la atención y el cuidado adecuados, se han convertido en víctimas de una red de corrupción que ha desviado fondos destinados a su bienestar para enriquecer a unos pocos directivos sin escrúpulos.

   Consultado por EFE, el fiscal anticorrupción de la provincia de Las Palmas, Javier Ródenas, ha evitado hacer comentarios sobre esta investigación en curso. Sin embargo, la ausencia de declaraciones públicas por parte de las autoridades encargadas de combatir la corrupción solo aumenta la indignación y la necesidad de respuestas inmediatas.

   La gravedad del caso plantea interrogantes sobre el sistema de contratación de servicios para la atención de menores inmigrantes en situaciones de emergencia.

   ¿Cuáles son, si es que existen, los mecanismos para garantizar la correcta asignación y supervisión de los recursos públicos destinados a este objetivo?

   ¿Qué medidas se toman para salvaguardar los derechos y la dignidad de los menores afectados, brindándoles el apoyo y la atención que merecen?

   Los precedentes conocidos en otros casos de corrupción no permiten ser optimistas ni confiar en que tales preguntas sean respondidas y, menos aún, esperar que la situación que favorece casos como el ahora investigado se vayan a modificar.