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Lunes, 29 de Mayo de 2023 Tiempo de lectura:

DE LA "TRATA DE ESCLAVOS" A LOS CENTROS DE DEPORTACIÓN: EUROPA VUELVE A DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE ÁFRICA

¿En qué consiste el nuevo sistema europeo para trasladar inmigrantes a países con los que no mantienen ninguna relación?

Cinco gobiernos europeos preparan en Ruanda el primer centro conjunto de deportación de inmigrantes que no pueden devolver a sus países de origen. La iniciativa, respaldada por una nueva legislación comunitaria, podría comenzar en 2027 y extenderse posteriormente a otros territorios. El proyecto plantea, además, una contradicción histórica: las mismas potencias que durante siglos sometieron África a la esclavitud, el colonialismo y la explotación económica pretenden utilizar ahora su territorio para desprenderse de los inmigrantes que sus políticas económicas provocan.

 Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 
      Hace apenas unas horas, los gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos anunciaron en Viena una iniciativa que puede abrir una nueva etapa en la política migratoria europea: la creación de Centros de internamiento extraterritoriales para enviar a inmigrantes que han recibido órdenes de expulsión pero no pueden ser devueltos a sus países de procedencia.

 

   El primero de estos establecimientos se proyecta en Ruanda, un pequeño país de África central. Su característica más llamativa es que podrá recibir personas que jamás hayan vivido allí y que carezcan de cualquier vínculo familiar, nacional o laboral con ese territorio.

 

   Los gobiernos participantes europeos han denominado a estas instalaciones como  "Centros de retorno". Sin embargo, el término encubre una diferencia fundamental respecto a las expulsiones tradicionales: los afectados no serán devueltos al país del que salieron, sino trasladados a un tercer Estado dispuesto a recibirlos.

 

  La operación comenzaría en 2027 con unas cien personas. Aunque sus promotores aseguran que la instalación será abierta todavía no se conocen todas las condiciones de estancia ni las garantías efectivas que tendrán quienes sean enviados allí.

 

CÓMO FUNCIONARÁ EL NUEVO SISTEMA DE DEPORTACIONES

    Para que el lector pueda comprender el mecanismo que los regirá, imagine  el caso de un ciudadano africano que llega a Alemania y solicita asilo. Las autoridades examinan su petición, la rechazan definitivamente y ordenan su expulsión. Sin embargo, el país de origen se niega a readmitirlo o existen dificultades que impiden ejecutar la devolución.

 

  Con el nuevo e innovador sistema, Alemania podría enviarlo a Ruanda, aunque esa persona nunca haya estado allí. Según el documento oficial divulgado por el Gobierno danés el 15 de noviembre, los deportados recibirían un permiso de residencia, alojamiento temporal, asistencia y posibilidades de formación e integración laboral.

 

  Los cinco gobiernos aseguran que el centro no será una prisión. Pero queda pendiente una cuestión elemental: ¿qué libertad real tendrá una persona trasladada obligatoriamente a miles de kilómetros para abandonar Ruanda si ningún otro Estado acepta recibirla?

 

   Tampoco se conoce todavía el presupuesto definitivo, la ubicación exacta del establecimiento ni el alcance de los mecanismos independientes de supervisión.

 

   No está acreditado que se vaya a crear un campo de concentración cerrado. Sí existe, en cambio, un proyecto de deportación extraterritorial cuya ejecución plantea serios interrogantes jurídicos y humanitarios.

 

UNA POLÍTICA QUE LLEVA AÑOS PREPARÁNDOSE

    La iniciativa no ha aparecido de improviso. Durante las últimas décadas, la Unión Europea ha rumiando sus acuerdos con países africanos y asiáticos para controlar las rutas migratorias antes de que los inmigrantes alcancen su territorio. premier

 

   En 2022, el Gobierno conservador británico del inefable premier Boris Johnson, anunció un proyecto semejante con Ruanda. Sin embargo, el Tribunal Supremo del Reino Unido consideró ilegal aquel mecanismo en noviembre de 2023, debido al riesgo de que los trasladados terminaran siendo enviados a países inseguros.

 

     El proyecto británico fue abandonado en 2024, pero la idea siguió cociéndose en Bruselas. En marzo de 2025, la Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento de Retornos que permitiría establecer centros fuera del territorio comunitario.

 

  El Parlamento Europeo aprobó la norma el 17 de junio de 2026 por 418 votos favorables, 218 contrarios y 30 abstenciones. El Consejo de la Unión Europea la adoptó definitivamente el 1 de octubre.

 

   La legislación abre la posibilidad de trasladar a inmigrantes con órdenes ejecutables de expulsión a países terceros mediante acuerdos específicos. También contempla periodos de internamiento de hasta 24 meses en determinados supuestos.

 

LA DERECHA Y LA ULTRADERECHA ABREN EL CAMINO

    La composición de la mayoría parlamentaria permite identificar los principales apoyos políticos. El Partido Popular Europeo aportó 166 votos favorables. Los Conservadores y Reformistas Europeos sumaron 78, Patriotas por Europa otros 79 y Europa de Naciones Soberanas, 26.

 

   La aprobación fue posible gracias al apoyo de la derecha tradicional y de las formaciones situadas más a su derecha, junto con parte de los liberales.  Sus defensores sostienen que Europa debe recuperar la capacidad de ejecutar sus decisiones de expulsión, actualmente incumplidas en numerosos casos.

 

     La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha defendido el proyecto como un instrumento para disuadir a quienes contemplan emigrar irregularmente hacia Europa. Frederiksen pertenece, sin embargo, al Partido Socialdemócrata de Dinamarca. Su protagonismo demuestra que las políticas migratorias restrictivas han ganado terreno también en sectores de la socialdemocracia.

 

   En contraste, 106 eurodiputados del grupo Socialistas y Demócratas votaron contra la reforma. También lo hicieron 43 representantes de La Izquierda y 44 de los Verdes.

 

   La oposición parlamentaria de estos grupos evidencia las divisiones existentes, aunque una votación contraria al reglamento no permite concluir que todos sus integrantes compartan una misma interpretación de las causas de la emigración.

 

   EL COSTE ECONÓMICO DE EXPULSAR A CUARENTA PERSONAS

El proyecto también presenta incógnitas presupuestarias.  Según informaba  El País  este martes, el Gobierno alemán ha previsto una partida de veinte millones de euros en sus presupuestos de 2027 relacionada con el traslado de unas cuarenta personas a Ruanda.

 

   Si se dividiera esa cantidad entre los cuarenta posibles deportados, resultarían 500.000 euros por persona. Esta operación aritmética no equivale al coste definitivo individual, pues la partida podría financiar gastos generales y compromisos de cooperación más amplios. El dato ha provocado críticas dentro del Partido Socialdemócrata alemán, cuyos representantes cuestionan la proporcionalidad del gasto y las condiciones del Estado receptor.

 

   Existe, además, una desproporción evidente entre las dimensiones del proyecto piloto y las centenares de miles de órdenes de retorno emitidas anualmente por los países comunitarios. Sus promotores reconocen que pretenden conseguir también un efecto disuasorio mediante el anuncio de las deportaciones.

 

LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL CENTRO DE LA CONTROVERSIA

   Human Rights Watch y Amnistía Internacional han expresado su rechazo a la iniciativa. Ambas organizaciones advierten de los antecedentes de represión política, limitaciones de las libertades y vulneraciones de derechos humanos documentados en Ruanda.

 

   También cuestionan quién responderá jurídicamente si una persona deportada sufre malos tratos, queda privada de libertad arbitrariamente o termina siendo expulsada hacia un país donde pueda sufrir persecución.

 

    El 16 de noviembre, 46 organizaciones humanitarias, sindicales y sociales de dieciséis países difundieron una declaración conjunta contra los centros extraterritoriales.

 

    Sus críticas apuntan a la posibilidad de que Europa traslade fuera de sus fronteras funciones coercitivas cuya supervisión judicial y democrática resultaría más difícil. Los gobiernos participantes aseguran que respetarán sus obligaciones internacionales. Sin embargo, los detalles de los futuros acuerdos serán determinantes para comprobarlo.

 

ÁFRICA: UN CONTINENTE AL QUE EUROPA DEBE DEJAR DE SAQUEAR

     Existe una dimensión de este proyecto que apenas aparece en las justificaciones oficiales: las relaciones históricas entre las potencias europeas y los países africanos de los que proceden numerosos emigrantes. Durante siglos, las potencias coloniales organizaron buena parte de las economías africanas en función de sus necesidades de materias primas, mercados y mano de obra.

 

   Las independencias políticas del siglo XX modificaron aquellas relaciones, pero no eliminaron numerosos mecanismos de dependencia económica. Todavía hoy, muchos países africanos exportan minerales, hidrocarburos y productos agrícolas mientras importan bienes industriales y tecnología de mayor valor añadido.

 

   El resultado es una estructura económica en la que la riqueza extraída no  se traduce en mejores condiciones de vida para las poblaciones locales.

 

  Los ejemplos concretos permiten comprender esta contradicción. En Senegal y Mauritania, el proyecto gasístico Greater Tortue Ahmeyim está controlado mayoritariamente por las multinacionales BP y Kosmos Energy. Mientras tanto, numerosas comunidades pesqueras senegalesas denuncian el deterioro de sus medios tradicionales de subsistencia.

 

  En Gambia, empresas pesqueras de capital extranjero transforman cantidades ingentes  de pescado en harina destinada a mercados internacionales, compitiendo por especies utilizadas en la alimentación local.

 

  En Guinea-Conakri, las explotaciones de bauxita, dominadas por importantes consorcios mineros internacionales, han provocado denuncias por pérdida de tierras agrícolas, contaminación y dificultades de acceso al agua.

 

  Mali, por su parte, combina la explotación de grandes yacimientos auríferos con una prolongada situación de guerra e inestabilidad. Las relaciones económicas descritas no explican por sí solas todas las migraciones africanas. Pero permiten comprender cómo la extracción de recursos, la desigual distribución de los beneficios y la destrucción de actividades productivas contribuyen a generar condiciones que favorecen el desplazamiento de población.

 

   Y estas dinámicas no se limitan a las empresas occidentales: también intervienen capitales chinos y de otras procedencias, frecuentemente asociados a gobiernos y élites económicas locales.

 

LAS GUERRAS OCCIDENTALES Y LOS DESPLAZAMIENTOS DE POBLACIÓN

   La explotación económica ha coexistido con intervenciones militares que han contribuido a desestabilizar diferentes regiones africanas. La guerra de Libia de 2011 constituye un ejemplo particularmente significativo.

 

    Antes de aquella intervención, Libia contaba con algunos de los indicadores de desarrollo humano más elevados del continente y recibía trabajadores procedentes de otros países africanos.

 

   La operación militar encabezada por potencias occidentales y posteriormente asumida por la OTAN contribuyó al derrocamiento del Gobierno de Muamar Gadafi, pero también fue seguida por el colapso institucional y una prolongada fragmentación del país.

 

  La circulación de armas y combatientes hacia el Sahel agravó conflictos regionales y alimentó nuevos desplazamientos de población. Aquella intervención contó con la participación del Gobierno español presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y recibió también apoyos de sectores de la izquierda institucional.

 

    La experiencia plantea una responsabilidad que no puede eludirse: las consecuencias humanas de las guerras no desaparecen cuando terminan las operaciones militares. Persisten durante años y afectan a poblaciones que después pueden verse obligadas a emigrar.

 

QUE SAQUEN DEFINITIVAMENTE SUS MANOS DE ÁFRICA

   El problema de la emigración masiva comienza mucho antes de que los cayucos alcancen Canarias o las costas mediterráneas. Comienza también cuando las comunidades pierden sus medios de subsistencia, cuando sus recursos naturales generan beneficios que se concentran fuera de sus países y cuando las guerras destruyen las posibilidades de vivir y trabajar dignamente.

 

   La emigración forzada perjudica, en primer término, a quienes deben abandonar sus hogares, arriesgar sus vidas y separarse de sus familias. También puede privar a las sociedades africanas de población joven y trabajadora, mientras las comunidades receptoras necesitan disponer de recursos suficientes para garantizar una acogida digna.

 

   Presentar exclusivamente a los inmigrantes como responsables de estos problemas significa ignorar las condiciones que contribuyen a provocarlos. Pero tampoco basta con responder mediante apelaciones abstractas a la solidaridad mientras se mantienen intactas las relaciones económicas y políticas que empobrecen a sus países.

 

     Resulta difícil encontrar una contradicción histórica más elocuente. Durante siglos, las potencias europeas participaron en la captura y compraventa de seres humanos africanos, trasladados por la fuerza principalmente hacia las colonias americanas para ser explotados como esclavos.

 

   Después llegó el reparto colonial del continente, la apropiación de sus riquezas y la subordinación de sus economías a los intereses metropolitanos.

 

  Hoy, bajo circunstancias históricas muy diferentes, los gobiernos europeos vuelven a considerar el territorio africano como un espacio disponible para resolver sus propias necesidades políticas. Antes se arrancaba a los africanos de sus tierras para explotarlos. Ahora se pretende enviar a África a personas que Europa decide expulsar, aunque ni siquiera hayan nacido en ese continente.

 

  El acuerdo con Ruanda cuenta con la participación de su Gobierno y no constituye una imposición colonial en sentido jurídico. Pero sigue siendo legítimo cuestionar las desigualdades económicas y políticas que condicionan estas relaciones.

 

  La respuesta de fondo exige transformar las condiciones materiales que alimentan la emigración forzada: poner fin al expolio de recursos, respetar la soberanía de los pueblos africanos y abandonar las intervenciones que contribuyen a destruir sus sociedades.

 

  Después de siglos de esclavitud, colonialismo, explotación e injerencias militares, la exigencia conserva toda su vigencia: que las potencias europeas saquen definitivamente sus manos de África. 

 

  Que dejen de tratar a sus pueblos como mano de obra disponible, sus recursos como propiedad ajena y sus territorios como destino para los seres humanos que no quieren acoger.

 

 

 
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