INGRESO MÍNIMO VITAL: CRÓNICA DE UNA ESTAFA A LOS MÁS NECESITADOS
El ingreso vital solo llega al 12% de los pobres en Canarias
El 29 de mayo de 2020 el Gobierno de España ponía en marcha el llamado Ingreso Mínimo Vital con el que - según afirmaban desde el Ejecutivo - "garantizarán que nadie se iba a quedar atrás en la crisis provocada por la pandemia del Covid-19" (...).
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El 29 de mayo de 2020 el Gobierno de España ponía en marcha el llamado Ingreso Mínimo Vital con el que - según afirmaban desde el Ejecutivo - "garantizarán que nadie se iba a quedar atrás en la crisis provocada por la pandemia del Covid-19".
El entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, manifestaba que "nacía un nuevo derecho social, que se podía calificar como el mayor avance en derechos sociales en España desde la aprobación de la Ley de Dependencia".
El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, añadía que se estaba poniendo en marcha "el instrumento más potente para redistribuir renta con un foco particular en la pobreza extrema".
El Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos prometía que, de esta forma, ninguna persona, de entre los 13 millones que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión, sería abandonada a su suerte.
La realidad es, sin embargo, que tres años después, en el Estado español unicamente el 20,8% de la población bajo el umbral de la pobreza se ha beneficiado del ingreso mínimo vital (IMV). Es decir, 1.752.467 personas -de los cuales 755.752 son menores- que conforman 611.029 hogares.
En el caso de Canarias, donde la consejería de Derechos Sociales se encuentra bajo el mando de la diputada autonómica de Unidas Podemos Noemí Santana, la situación es incluso más grave.
El ingreso mínimo sólo llega al 12,3% de la población pobre de las islas, que recibe una cuantía media mensual por persona de 171 euros y por hogar 491 euros, según los datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Es decir, que no alcanza al 88% de los ciudadanos más necesitados del Archipiélago.
Esta pésima cobertura sólo es inferior en el archipiélago balear, donde el porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que cobra esta prestación es de 11,4%, y se encuentra ligeramente por encima de Cataluña, donde esta pequeña ayuda económica llega al 14,5% de los más necesitados.
Los profesionales del sector explican que, en general, solo una de cuatro solicitudes es aprobada, mientras que el resto son denegadas.
La Asociación de directoras y gerentes de servicios sociales, por su parte, denuncia que el Ministerio de Inclusión y la Seguridad Social continúan sin articular las medidas de coordinación con la red de servicios sociales previstas en la ley y que harían que este ingreso llegara a más personas en situación de pobreza.
Una denuncia similar a la que ha recibido en Canarias, por parte de sindicatos de la administración como Intersindical Canaria, la propia consejera del ramo Noemí Santana.
Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El 29 de mayo de 2020 el Gobierno de España ponía en marcha el llamado Ingreso Mínimo Vital con el que - según afirmaban desde el Ejecutivo - "garantizarán que nadie se iba a quedar atrás en la crisis provocada por la pandemia del Covid-19".
El entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, manifestaba que "nacía un nuevo derecho social, que se podía calificar como el mayor avance en derechos sociales en España desde la aprobación de la Ley de Dependencia".
El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, añadía que se estaba poniendo en marcha "el instrumento más potente para redistribuir renta con un foco particular en la pobreza extrema".
El Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos prometía que, de esta forma, ninguna persona, de entre los 13 millones que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión, sería abandonada a su suerte.
La realidad es, sin embargo, que tres años después, en el Estado español unicamente el 20,8% de la población bajo el umbral de la pobreza se ha beneficiado del ingreso mínimo vital (IMV). Es decir, 1.752.467 personas -de los cuales 755.752 son menores- que conforman 611.029 hogares.
En el caso de Canarias, donde la consejería de Derechos Sociales se encuentra bajo el mando de la diputada autonómica de Unidas Podemos Noemí Santana, la situación es incluso más grave.
El ingreso mínimo sólo llega al 12,3% de la población pobre de las islas, que recibe una cuantía media mensual por persona de 171 euros y por hogar 491 euros, según los datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Es decir, que no alcanza al 88% de los ciudadanos más necesitados del Archipiélago.
Esta pésima cobertura sólo es inferior en el archipiélago balear, donde el porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que cobra esta prestación es de 11,4%, y se encuentra ligeramente por encima de Cataluña, donde esta pequeña ayuda económica llega al 14,5% de los más necesitados.
Los profesionales del sector explican que, en general, solo una de cuatro solicitudes es aprobada, mientras que el resto son denegadas.
La Asociación de directoras y gerentes de servicios sociales, por su parte, denuncia que el Ministerio de Inclusión y la Seguridad Social continúan sin articular las medidas de coordinación con la red de servicios sociales previstas en la ley y que harían que este ingreso llegara a más personas en situación de pobreza.
Una denuncia similar a la que ha recibido en Canarias, por parte de sindicatos de la administración como Intersindical Canaria, la propia consejera del ramo Noemí Santana.
amelia | Jueves, 01 de Junio de 2023 a las 16:03:57 horas
Desde luego vaya manera de vendernos la moto, ya está bien de tanto abuso, uno tiene que abrir los ojos a la realidad, por mucho que quieran regalarnos los oídos.
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