OBLIGADOS A RECURRIR A CÁRITAS LOS DAMNIFICADOS DEL VOLCÁN DE LA PALMA

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

    La erupción del volcán Tajogaite, en La Palma, marcó un antes y un después para la vida de miles de personas. Tras los 85 días que duró la erupción, más de 7.000 personas fueron evacuadas, 2.600 edificaciones quedaron destruidas y cerca de 400 hectáreas de cultivos desaparecieron bajo la lava.

    Lo que comenzó como un desastre natural se ha transformado, tres años después, en una muestra desoladora de abandono institucional. Mientras las autoridades fallan una y otra vez en cumplir con sus promesas, Cáritas, una ONG de la Iglesia Católica, ha tenido que ocupar el vacío dejado por el Gobierno, evidenciando un panorama donde la caridad sustituye a la justicia.

   Dependencia de Cáritas: ¿solidaridad o incapacidad estatal?

   Desde que comenzó la emergencia en 2021, Cáritas ha realizado más de 4.000 atenciones y ha acompañado a 1.300 familias afectadas. Solo en 2023 atendió a 159 familias que, a día de hoy, siguen enfrentándose a la precariedad y a una reconstrucción que avanza a un ritmo desesperadamente lento.

   El proyecto de Cáritas incluye ayudas básicas, apoyo en materia de vivienda y acompañamiento psicológico. También han implementado iniciativas como "Activa2", un programa que ayuda a personas mayores a reintegrarse en comunidades donde han tenido que comenzar de nuevo. Aunque admirable, el hecho de que estas tareas recaigan en una ONG refleja la incapacidad del Gobierno para dar respuestas integrales y efectivas.

 Viviendo en contenedores: un símbolo de abandono

   Uno de los episodios más humillantes para los damnificados ha sido su realojamiento en contenedores marítimos en Los Llanos de Aridane. Desde el inicio, estas infraestructuras fueron denunciadas por su falta de habitabilidad y por ser un recordatorio constante de la pérdida sufrida. Familias que antes vivían en casas con huertos y jardines se han visto obligadas a adaptarse a   “infraviviendas” rodeadas de un ambiente que refuerza su exclusión social.

 Los contenedores en el que continúan viviendo más de 300 damnificados de La Palma

La Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán Cumbre Vieja 2021 ha denunciado repetidamente esta situación. Según ellos, los contenedores son una prueba tangible del fracaso institucional. Más de 300 personas continúan viviendo en estas condiciones, sin ninguna certeza de cuándo podrán regresar a un hogar digno. Este contraste entre el discurso oficial triunfalista y la realidad en el terreno es uno de los puntos más criticados por los afectados.

La opacidad en la gestión de la crisis

   Otra de las grandes quejas de las asociaciones de damnificados ha sido la gestión del PEVOLCA (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias), acusado de falta de transparencia en la toma de decisiones durante y después de la erupción. Las grabaciones de las reuniones previas a la erupción, en las que no se tomaron medidas cruciales como elevar el nivel de alerta, aún no han sido publicadas. Este secretismo ha generado desconfianza y un profundo malestar entre los afectados, quienes sienten que no se les ha tomado en cuenta en los procesos clave.

   Por si fuera poco, la lentitud en la entrega de las ayudas prometidas ha exacerbado el sufrimiento de los damnificados. Aunque se anunciaron compensaciones de hasta 100 millones de euros para la reconstrucción de viviendas, estas han llegado con cuentagotas y, según los afectados, los montos son absolutamente insuficientes para cubrir el valor real de las propiedades destruidas. El resultado es un proceso que parece diseñado para frustrar más que para solucionar.

Promesas vacías y soluciones insuficientes

   Las promesas iniciales de ayuda, como los 15.000 euros contemplados en el Real Decreto 307/2005, fueron consideradas desde el principio como ridículas para una tragedia de esta magnitud. Aunque posteriormente se incrementaron a 60.000 euros por vivienda destruida, esta cantidad sigue estando lejos de lo necesario para reconstruir lo perdido. Muchas de las familias afectadas han tenido que gastar sus propios ahorros o endeudarse para poder avanzar en la recuperación de sus vidas.

  El Gobierno canario, en funciones desde 2023, ha intentado introducir un marco legal que facilite el proceso. Entre las nuevas medidas se incluyen una ley urbanística, una agraria y otra de vivienda protegida, todas ellas destinadas a agilizar las ayudas. Sin embargo, estas medidas llegan tarde para muchos, y los afectados siguen exigiendo que las compensaciones reflejen el valor real de sus propiedades, algo que hasta ahora no se ha logrado.

El coste humano de la burocracia

   La burocracia ha sido otro enemigo silencioso para los damnificados. El proceso para solicitar ayudas está plagado de trámites complejos, lo que ha provocado que muchas personas se queden fuera de las subvenciones por no poder cumplir con los requisitos. Según testimonios de vecinos, la falta de orientación y apoyo en este proceso ha añadido una carga extra al dolor ya existente.

  Mientras tanto, los damnificados siguen esperando una respuesta que parece no llegar nunca. La Plataforma ha pedido una revisión de la Ley de Expropiación Forzosa, ya que las compensaciones actuales no cubren el valor completo de las tierras utilizadas para reconstruir infraestructuras. Un doble golpe para quienes no solo han perdido sus hogares, sino también el terreno que les pertenecía.

    La situación en La Palma es un recordatorio brutal de cómo la inacción y las promesas incumplidas pueden prolongar el sufrimiento de quienes ya han vivido una tragedia inimaginable y requieren justicia y responsabilidad por parte de las instituciones del Estado.