EL CUENTO DE LA LA PRESTACIÓN CANARIA DE INCLUSIÓN: SÓLO ALCANZA AL 5% DE LAS PERSONAS EMPOBRECIDAS
Los "logros" de la consejera Noemí Santana en fríos datos estadísticos
El penúltimo día del pasado 2022, la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, dirigida por Noemí Santana (Podemos) presentaba, a bombo y platillo, la aprobación definitiva de la Renta Ciudadana. Una nueva ley que vendrá a sustituir a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y que -según Santana- “supondrá un antes y un después en la realidad de los derechos sociales en Canarias y consolidará derechos para la población isleña en situación de vulnerabilidad".
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El penúltimo día del pasado 2022, la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, dirigida por Noemí Santana (Podemos) presentaba, a bombo y platillo, la aprobación definitiva de la Renta Ciudadana.
Una nueva ley que vendrá a sustituir a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y que -según Santana- “supondrá un antes y un después en la realidad de los derechos sociales en Canarias y consolidará derechos para la población isleña en situación de vulnerabilidad".
Se trataría, según la Consejera del cuatripartito que gobierna en el Archipiélago, del último paso en una gestión que se ha vendido a la ciudadanía como particularmente exitosa en el incremento del apoyo público a los sectores más vulnerables de la sociedad canaria.
Apenas tres días después, el informe anual publicado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, sobre la cobertura ofrecida por las rentas de inserción en cada una de las Comunidades Autónomas, ha venido a desmontar, por completo, la propaganda institucional.
Según constatan los profesionales del área en dicho informe, solo cinco de cada cien isleños en riesgo de pobreza perciben la Prestación Canaria de Inserción (PCI). En el Archipiélago hay 582.349 personas al borde de la pobreza, un 26,8% de la población. Más de una cuarta parte de los ciudadanos de la región están, por tanto, en dificultades socioeconómicas. Sin embargo, apenas 30.000 de ellos reciben la PCI.
Ello significa que hasta un 95% de las familias que deberían ser cubiertas por esta pensión mínima de subsistencia se encuentran absolutamente desamparadas por la Administración canaria.
Canarias cerró 2022 con unos escasos 30.000 perceptores de la PCI un 5,1%, que sitúa al Archipiélago dos puntos por debajo de la no menos exigua media estatal, que asciende a un 7,1%
UN CANARIO MUERTO CADA 2 HORAS Y MEDIA ESPERANDO POR LA DEPENDENCIA
No es este, sin embargo, el único dato verdaderamente dramático sobre la gestión de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias que han puesto en evidencia las estadísticas oficiales.
El pasado mes de junio, un informe de la Diputación del Común, referido al año 2021, mostraba también la crítica situación en que se encuentra el sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en Canarias.
El informe utilizaba términos tan significativos como "vía crucis" para referirse a la casi infranqueable maraña burocrática a la que tienen que enfrentarse las personas dependientes para pedir las ayudas y los años que transcurren para que lleguen a recibirlas.
Y eso, en el mejor de los casos, ya que este mismo informe denuncia que durante el 2021 una persona murió cada 2 horas 38 minutos en las Islas esperando por esta ayuda a la dependencia a la que tenían derecho.
En su defensa, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, aseguró:
"que en los primeros cuatro meses del año la tendencia se está invirtiendo al entrar 1.629 dependientes canarios en el sistema".
Una afirmación que, sin embargo, no parece avalada por los hechos. De acuerdo a las innumerables quejas que quejas que ha recibido el Diputado del Común.
Los datos del Observatorio de la Dependencia indican que en vez de bajar el tiempo de resolución de los expedientes, éste aumentó, y de 923 días se pasó a 943 el año pasado para determinar si una persona es dependiente.
En el conjunto del Estado se redujo de 430 días a 421 de media, aunque el plazo legal para aprobar las ayudas debe ser de 180 días, contabilizando la valoración del Programa Individual de Atención (PIA). Tras ser valorados, se hace este programa, y en Canarias los ciudadanos deben esperar una media de 45 meses, lo que supone 7,5 veces más el plazo legal estipulado, según el informe del Diputado del Común.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El penúltimo día del pasado 2022, la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, dirigida por Noemí Santana (Podemos) presentaba, a bombo y platillo, la aprobación definitiva de la Renta Ciudadana.
Una nueva ley que vendrá a sustituir a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y que -según Santana- “supondrá un antes y un después en la realidad de los derechos sociales en Canarias y consolidará derechos para la población isleña en situación de vulnerabilidad".
Se trataría, según la Consejera del cuatripartito que gobierna en el Archipiélago, del último paso en una gestión que se ha vendido a la ciudadanía como particularmente exitosa en el incremento del apoyo público a los sectores más vulnerables de la sociedad canaria.
Apenas tres días después, el informe anual publicado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, sobre la cobertura ofrecida por las rentas de inserción en cada una de las Comunidades Autónomas, ha venido a desmontar, por completo, la propaganda institucional.
Según constatan los profesionales del área en dicho informe, solo cinco de cada cien isleños en riesgo de pobreza perciben la Prestación Canaria de Inserción (PCI). En el Archipiélago hay 582.349 personas al borde de la pobreza, un 26,8% de la población. Más de una cuarta parte de los ciudadanos de la región están, por tanto, en dificultades socioeconómicas. Sin embargo, apenas 30.000 de ellos reciben la PCI.
Ello significa que hasta un 95% de las familias que deberían ser cubiertas por esta pensión mínima de subsistencia se encuentran absolutamente desamparadas por la Administración canaria.
Canarias cerró 2022 con unos escasos 30.000 perceptores de la PCI un 5,1%, que sitúa al Archipiélago dos puntos por debajo de la no menos exigua media estatal, que asciende a un 7,1%
UN CANARIO MUERTO CADA 2 HORAS Y MEDIA ESPERANDO POR LA DEPENDENCIA
No es este, sin embargo, el único dato verdaderamente dramático sobre la gestión de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias que han puesto en evidencia las estadísticas oficiales.
El pasado mes de junio, un informe de la Diputación del Común, referido al año 2021, mostraba también la crítica situación en que se encuentra el sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en Canarias.
El informe utilizaba términos tan significativos como "vía crucis" para referirse a la casi infranqueable maraña burocrática a la que tienen que enfrentarse las personas dependientes para pedir las ayudas y los años que transcurren para que lleguen a recibirlas.
Y eso, en el mejor de los casos, ya que este mismo informe denuncia que durante el 2021 una persona murió cada 2 horas 38 minutos en las Islas esperando por esta ayuda a la dependencia a la que tenían derecho.
En su defensa, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, aseguró:
"que en los primeros cuatro meses del año la tendencia se está invirtiendo al entrar 1.629 dependientes canarios en el sistema".
Una afirmación que, sin embargo, no parece avalada por los hechos. De acuerdo a las innumerables quejas que quejas que ha recibido el Diputado del Común.
Los datos del Observatorio de la Dependencia indican que en vez de bajar el tiempo de resolución de los expedientes, éste aumentó, y de 923 días se pasó a 943 el año pasado para determinar si una persona es dependiente.
En el conjunto del Estado se redujo de 430 días a 421 de media, aunque el plazo legal para aprobar las ayudas debe ser de 180 días, contabilizando la valoración del Programa Individual de Atención (PIA). Tras ser valorados, se hace este programa, y en Canarias los ciudadanos deben esperar una media de 45 meses, lo que supone 7,5 veces más el plazo legal estipulado, según el informe del Diputado del Común.
Maribel Santana | Lunes, 27 de Marzo de 2023 a las 13:18:18 horas
Dios mio sálvese quien pueda, el barco lleno de ratas. Pobres trabajadores y masas populares en manos de quienes caen. Si estos pueblos no despiertan lo lamentará algun dia de estos.
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