QUERELLA CRIMINAL POR EL VOLCÁN DE LA PALMA CONTRA CARGOS PÚBLICOS Y CIENTÍFICOS

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La gestión de la emergencia volcánica de La Palma en 2021 ha llegado a los tribunales en vía penal. Mediante de un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Asociación Tierra Bonita, con el respaldo de la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados por la Erupción y la Asociación Agua para La Palma, han informado de la presentación de una querella criminal contra los responsables de enfrentar la emergencia volcánica La Palma, "por la falta de medidas de protección a personas y animales en la catástrofe volcánica de La Palma".

   Dicha querella, presentada a través del despacho de abogados Martínez-Echevarría, en nombre de estos colectivos ciudadanos, denuncia ante los Juzgados de Los Llanos de Aridane presuntos delitos de prevaricación, lesiones y daños por parte de cargos públicos y científicos, -tanto su comité director como científico-, con responsabilidad en el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA), dependiente del Gobierno regional, entre otros hechos, "por la no evacuación de la población afectada pese al riesgo inminente", y pide que se cite a 5 personas como investigados y a 7 como testigos.

  Con esta acción legal, los denunciantes "pretenden demostrar que la erupción, aunque era inevitable, sí era previsible, en términos de protección civil, pero no se adoptaron las medidas oportunas que habrían minorado los daños materiales y a la salud de la población, así como a los animales, y no se habría expuesto a un grave riesgo de muerte a miles de personas".

   Los querellantes argumentan "que no se adoptaron las medidas necesarias frente al riesgo volcánico para proteger con garantías la vida y la salud de personas y de su patrimonio, hasta el punto de que ni siquiera se llevó a cabo una evacuación preventiva general antes de la erupción, pese a las evidentísimas señales objetivas de su inminencia, con una clara intensificación en los días y horas previos, y de que se había perimetrado la zona donde existía mayor probabilidad de ocurrir este peligroso fenómeno".

    A juicio de los querellantes, y damnificados, "esta omisión del deber de velar por la seguridad y salud de los habitantes y de los animales, con un claro abandono colectivo, evidencia, una "negligente, temeraria, imprudente y delictiva" actuación de las autoridades, que derivó en un grave perjuicio, no solo con la pérdida de bienes, -al no haber permitido a los ciudadanos tener un tiempo prudente para salvaguardarlos (incluyendo la suscripción o mejora de pólizas de seguros)-, sino también en la salud y en el bienestar emocional y psicológico de los ciudadanos.

    La querella recopila afirmaciones de científicos miembros del propio PEVOLCA y de instituciones científicas integradas en este operativo de emergencias, que, en declaraciones públicas tras la erupción, habían dejado claro que era inminente.

     La negativa del Gobierno canario de dar a conocer a los afectados las  grabaciones y las actas de los comités científicos y del director del PEVOLCA, así como las contradicciones y cambios de versión en que han incurrido alguno de estos expertos en intervenciones públicas tras la erupción, obedece, en opinión de los querellantes, al intento de ocultar que se produjo esta presunta negligencia.

    En la denuncia se incluyen, asimismo,  más de una treintena de testimonios de damnificados que se publicaron en el libro Las otras historias del volcán, que dan fe de la falta de información y el caos que sufrieron al verse sorprendidos por la erupción, de la que habían percibido con gran preocupación señales precursoras en forma de terremotos y ruidos bajo sus hogares en las horas y días previos, pero confiando en que iban a ser evacuados con antelación para no poner en riesgo sus vidas y poder poner a salvo sus enseres y objetos  personales.

AUMENTO DE MORTALIDAD Y CONTAMINACIÓN

     Los querellantes aprecian también indicios de que no se protegió lo suficiente a la población de los efectos perjudiciales de las emisiones contaminantes del volcán.

    Según datos de la mortalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE), en los tres meses de la erupción volcánica se produjo un aumento de un 40% de fallecidos en La Palma con respecto a la media de defunciones durante el periodo 2017-2021, frente a un alza del 15% en el resto de Canarias.

   En lo que respecta este aspecto, los querellantes adjuntan también el testimonio público de especialistas del Servicio Canario de Salud en La Palma, "que concluyen - dicen - que las autoridades no confinaron lo suficiente a la población para evitar daños en la salud en personas con enfermedades respiratorias o cardíacas previas por una calidad del aire extremadamente desfavorable en una serie de días durante el proceso eruptivo".

"LOS ANIMALES TAMBIÉN CUENTAN"

   Finalmente,  denuncian "la mala gestión de los querellados con la protección de los animales".

  "Llama la atención - dicen - la falta de datos oficiales sobre la afección de esta catástrofe a los animales de compañía y de granja, si bien asociaciones protectoras han advertido de que fueron miles los rescatados y numerosos los que murieron asfixiados por ceniza y gases y quemados por la lava. Además, la isla no contaba con albergue público de animales, lo que supuso que a raíz de la erupción todo el peso del rescate y cuidado recayera en asociaciones y voluntarios, sin un plan o protocolo oficial organizado por las autoridades políticas que debían asumir esta responsabilidad".