EL GOBIERNO DE ESPAÑA SALPICADO POR EL ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN DEL GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
La jueza investiga cuatro contratos concedidos por una fundación presidida por Carmen Calvo
El escándalo de presunta corrupción y extorsión conocido como "Caso Mediador", en el que han sido implicados el ya ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, su sobrino Taishet Fuentes y el general retirado Francisco Espinosa Navas, ha alcanzado una nueva dimensión a raíz de la investigación de varios contratos, con acciones presuntamente delictivas, adjudicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp). Una institución actualmente presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, al frente de la cual estaba Carmen Calvo cuando tuvieron lugar los hechos investigados y en la que participan dos ministros y hasta 14 secretarios de Estado como vocales (...).
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Este lunes, 20 de enero, apenas unos días después de que Ferraz lo obligase a dimitir por su implicación en el Caso Mediador, el exdiputado canario del PSOE Juan Bernardo Fuentes era detenido por agentes de la Policía Nacional, en su domicilio de Fuerteventura.
Bernardo Fuentes es uno de los implicados en una trama de corrupción, relacionada con el cobro de "mordidas" a empresarios del sector primario en Canarias, en la que actualmente hay un total de doce investigados.
Se trata de un presunto caso de extorsiones a ganaderos y productores de queso de Canarias, a los que supuestatamente se les habría exigido el pago de comisiones ilegales a cambio de que sus granjas no sufrieran “inspecciones” con informes negativos o de facilitarles el acceso a los fondos de la Unión Europea.
En el marco de este "Caso Mediador" se investigan igualmente delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. O sea, todo un extenso corolario delictivo del que pocas infracciones parecen haber quedado excluidas.
Antes de se procediera a la detención del diputado socialista, ya habían sido puestos en manos del juez el general de división de la Guardia civil, Francisco Espinosa Navas, así como el ex Director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes —sobrino del ya citado parlamentario—, y otras como a otras 10 personas.
Todos, a excepción del General de la Guardia Civil, quedaron en libertad provisional tras comparecer ante la jueza de Santa Cruz de Tenerife que instruye la causa. Para el alto mando de la Guardia Civil, la magistrada decretó prisión provisional, comunicada e incondicional.
UN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL ACUSADO DE "COMISIONISTA": MANTENIENDO UNA AMANTE Y EL TREN DE VIDA DE UNA CELEBRITY
Y es que el caso del General de la Guardia Civil resulta especialmente grave. Tanto por los delitos de los que se le acusa, como por las numerosas conexiones que hipotéticamente este habría logrado establecer en el vecino continente africano.
La jueza encargada del caso trata de determinar si Francisco Espinosa Navas, antiguo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, usó su influencia para mediar de forma ilegal en la compraventa de terrenos y en la concesión de licencias en la Zona Especial de Canarias (ZEC) y si “advirtió" a los empresarios con la posibilidad de enviar al Seprona a inspeccionar sus granjas si no pagaban la supuesta “mordida” que se les habría reclamado.
Una práctica esta última que, salvando las distancias, recuerda a la realizada habitualmente por policías de determinados países en los que los ciudadanos, además de ser extorsionados por las mafias, también deben pagar por su “protección” a los funcionarios públicos, muchas veces coludidos con esa delincuencia organizada.
Al también ex jefe de la Comandancia de la provincia de Las Palmas, cargo que ocupó entre 2008 y 2012, se le investiga por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho.
Durante los registros que se practicaron en la casa del general Espinosa los agentes se incautaron de casi 100.000 euros en billetes de 500 guardados en cajas de zapatos.
LA INVESTIGACIÓN ALCANZA A UNA FUNDACIÓN PRESIDIDA POR LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO
Esta cifra, no obstante, podría representar tan solo una pequeña parte del total acumulado gracias a una compleja urdimbre de actividades delictivas creadas presuntamente por este general fuera, incluso, de las fronteras españolas.
Durante el período de tiempo en el que se produjeron los hechos ahora investigados, el general Espinosa trabajó en la formación de gendarmes en la zona del Sahel. Según daba a conocer este mismo lunes el periódico local Canarias 7, el alto mando de la Guardia Civil habría negociado una comisión de casi 4 millones de euros, en una exclusiva "operación", desarrollada en Mozambique.
Para intentar establecer cuál podría ser el alcance de estas operaciones, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que investiga el "Caso Mediador", ha solicitado que se proceda a rastrear una cuenta secreta que Espinosa tiene en Bélgica y ha solicitado documentación a los seis países africanos en los que el general estuvo destinado para formar a los Grupos de Acción Rápida, Vigilancia e Intervención (Garsi): Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y el Chad.
Al parecer, el alto mando cobrada la friolera de 12.000 euros mensuales por dirigir los Garsi en África, pero estaba a punto de retirarse y pasar a cobrar una jubilación de poco más de 2.500. Una pensión nada despreciable peri que, al parecer, era insuficiente para sostener un ostentoso nivel de vida que, según estas informaciones publicadas por la prensa local, incluía frecuentes viajes de Madrid a Gran Canaria y el sostenimiento no solo de su propia familia sino de una amante en esta isla del Archipiélago.
En su cuenta secreta de Bélgica el alto mando de la Guardia Civil podría haber recibido frecuentes "comisiones" por contratos ortogados al empresario José Santiago Suárez para dotar de drones a esos países.
Estas actividades presuntamente delictivas investigadas en el marco de la trama de corrupción vuelven a conectar al general de la Guardia Civil con el diputado majorero del PSOE Juan Bernardo Fuentes, obligado ahora a renunciar a su acta. Y es que Bernardo Fuentes ejerció como portavoz adjunto en la comisión de Hacienda y Función Pública, cuya subsecretaria forma parte del órgano directivo de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), que adjudicó al menos cuatro de los contratos investigados por la magistrada instructora del caso.
Pero las conexiones del general con los "socialistas" no se circunscriben a Juan Bernardo Fuentes, ya que esta es una fundación pública, que está actualmente presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, al frente de la cual estaba Carmen Calvo cuando tuvieron lugar los hechos investigados, y en la que participan dos ministros y hasta 14 secretarios de Estado como vocales.
Esta fundación cerró contratos por un valor total de 2,3 millones para dotar de material a las misiones de formación que dirigía el general de división Espinosa en África, en los que se incluían varias dotaciones de drones que corrieron a cargo del empresario valenciano José Santiago Suárez, amigo del general.
Por estos cuatro contratos, su empresa Asesoramiento y Servicio de Drones facturó un total de 137.569 euros.
Sin embargo, aún hay otros seis contratos de drones concedidos a dicha empresa que son investigados en el Caso Mediador.
Estos no fueron adjudicados ya por la Fundación dirigida por la vicepresidenta socialista del Gobierno de España, sino por ayuntamientos, comunidades autónomas y otras instituciones repartidas por toda la geografía estatal.
Todos acabaron en manos del mismo empresario valenciano que finalmente, y según las informaciones publicadas en base a las investigaciones judiciales, habría roto finalmente su relación con Espinosa, al no lograr otros contratos que éste le había prometido en Canarias, donde pretendía vender sus drones a los ganaderos.
EL CLAN "SOCIALISTA" DE LOS FUENTES CURBELO
Si la investigación judicial diera como resultado la confirmación de estas gravísimas acusaciones, ello implicaría que el alto mando de la Guardia Civil, además de realizar estos negocios ilegales en el continente africano, también podría haber actuado como una suerte de "brazo armado" de la "pata canaria" de la red de corrupción y extorsión investigada. El "brazo político" estaría bajo el control de los integrantes majoreros del influyente "clan" de los Fuentes Curbelo. Una familia que cuenta en la Isla de Fuerteventura con un notorio peso y, más específicamente, en el seno del Partido Socialista Obrero Español.
Según describen fuentes de ese Partido socioliberal, citadas por medios canarios afines al propio PSOE:
''Es indudable que los Fuentes Curbelo son una familia políticamente muy relevante dentro del PSOE. Han estado a la cabeza de las decisiones de los últimos años en Fuerteventura y tienen un poder orgánico importante“.
Taishet Fuentes, el sobrino de diputado Juan Bernardo Fuentes, desempeñó el cargo de Director General de Ganadería del Gobierno de Canarias desde el 5 de marzo de 2020 al 22 de junio de 2022. En esa fecha fue destituido tras "perder la confianza de presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres", a consecuencia de unas declaraciones formuladas por el propio Fuentes en las que atribuía al “libre mercado” las dificultades con las que tropezaban los ganaderos de las Islas para el mantenimiento de sus negocios. No obstante la existencia de estas diferencias, su propio Partido no tuvo inconveniente para seleccionarlo para encabezar la candidatura a la alcaldía del municipio de Antigua en los próximos comicios autonómicos y locales.
Por otra parte, su tío Juan Bernardo Fuentes, diputado por Las Palmas del PSOE, había ocupado el Director General de Ganadería del Gobierno de Canarias, hasta que fue sustituido en ese cargo por su propio sobrino. El fenómeno de la sucesión familiar en cargos públicos, muy característica del clásico nepotismo caciquil en el Archipiélago canario, que como en otras regiones del Estado, se ha visto y llamativamente fortalecida a lo largo de las últimas cuatro décadas.
También forma parte del conocido "clan" de los Fuentes Curbelo, el hermano del diputado, y padre de Taishet Fuentes, Domingo Fuentes Curbelo, quien ha ejercido diversos cargos como el de senador o concejal.
De los datos hasta ahora dados a conocer por la prensa sobre la presunta red de corrupción y extorsión a empresarios, puede deducirse el patrón de comportamiento mafioso en instituciones que pudieron estar funcionando como una suerte “cosa nostra”, que recuerda a ciertas prácticas más conocidas en otras latitudes.
Y es que, ante la gravedad escandalosa que entraña este caso, resulta imperativo preguntarse si las presuntas extorsiones que sufrieron los empresarios del Sector primario en Canarias a manos de la propia autoridad política y armada del Estado, ambas supuestamente garantes de la legalidad constitucional, constituyen un hecho excepcional o si, por el contrario, forman parte de una subyacente realidad que pondría en cuestión la transparencia y el papel de las instituciones.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Este lunes, 20 de enero, apenas unos días después de que Ferraz lo obligase a dimitir por su implicación en el Caso Mediador, el exdiputado canario del PSOE Juan Bernardo Fuentes era detenido por agentes de la Policía Nacional, en su domicilio de Fuerteventura.
Bernardo Fuentes es uno de los implicados en una trama de corrupción, relacionada con el cobro de "mordidas" a empresarios del sector primario en Canarias, en la que actualmente hay un total de doce investigados.
Se trata de un presunto caso de extorsiones a ganaderos y productores de queso de Canarias, a los que supuestatamente se les habría exigido el pago de comisiones ilegales a cambio de que sus granjas no sufrieran “inspecciones” con informes negativos o de facilitarles el acceso a los fondos de la Unión Europea.
En el marco de este "Caso Mediador" se investigan igualmente delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. O sea, todo un extenso corolario delictivo del que pocas infracciones parecen haber quedado excluidas.
Antes de se procediera a la detención del diputado socialista, ya habían sido puestos en manos del juez el general de división de la Guardia civil, Francisco Espinosa Navas, así como el ex Director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes —sobrino del ya citado parlamentario—, y otras como a otras 10 personas.
Todos, a excepción del General de la Guardia Civil, quedaron en libertad provisional tras comparecer ante la jueza de Santa Cruz de Tenerife que instruye la causa. Para el alto mando de la Guardia Civil, la magistrada decretó prisión provisional, comunicada e incondicional.
UN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL ACUSADO DE "COMISIONISTA": MANTENIENDO UNA AMANTE Y EL TREN DE VIDA DE UNA CELEBRITY
Y es que el caso del General de la Guardia Civil resulta especialmente grave. Tanto por los delitos de los que se le acusa, como por las numerosas conexiones que hipotéticamente este habría logrado establecer en el vecino continente africano.
La jueza encargada del caso trata de determinar si Francisco Espinosa Navas, antiguo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, usó su influencia para mediar de forma ilegal en la compraventa de terrenos y en la concesión de licencias en la Zona Especial de Canarias (ZEC) y si “advirtió" a los empresarios con la posibilidad de enviar al Seprona a inspeccionar sus granjas si no pagaban la supuesta “mordida” que se les habría reclamado.
Una práctica esta última que, salvando las distancias, recuerda a la realizada habitualmente por policías de determinados países en los que los ciudadanos, además de ser extorsionados por las mafias, también deben pagar por su “protección” a los funcionarios públicos, muchas veces coludidos con esa delincuencia organizada.
Al también ex jefe de la Comandancia de la provincia de Las Palmas, cargo que ocupó entre 2008 y 2012, se le investiga por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho.
Durante los registros que se practicaron en la casa del general Espinosa los agentes se incautaron de casi 100.000 euros en billetes de 500 guardados en cajas de zapatos.
LA INVESTIGACIÓN ALCANZA A UNA FUNDACIÓN PRESIDIDA POR LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO
Esta cifra, no obstante, podría representar tan solo una pequeña parte del total acumulado gracias a una compleja urdimbre de actividades delictivas creadas presuntamente por este general fuera, incluso, de las fronteras españolas.
Durante el período de tiempo en el que se produjeron los hechos ahora investigados, el general Espinosa trabajó en la formación de gendarmes en la zona del Sahel. Según daba a conocer este mismo lunes el periódico local Canarias 7, el alto mando de la Guardia Civil habría negociado una comisión de casi 4 millones de euros, en una exclusiva "operación", desarrollada en Mozambique.
Para intentar establecer cuál podría ser el alcance de estas operaciones, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que investiga el "Caso Mediador", ha solicitado que se proceda a rastrear una cuenta secreta que Espinosa tiene en Bélgica y ha solicitado documentación a los seis países africanos en los que el general estuvo destinado para formar a los Grupos de Acción Rápida, Vigilancia e Intervención (Garsi): Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y el Chad.
Al parecer, el alto mando cobrada la friolera de 12.000 euros mensuales por dirigir los Garsi en África, pero estaba a punto de retirarse y pasar a cobrar una jubilación de poco más de 2.500. Una pensión nada despreciable peri que, al parecer, era insuficiente para sostener un ostentoso nivel de vida que, según estas informaciones publicadas por la prensa local, incluía frecuentes viajes de Madrid a Gran Canaria y el sostenimiento no solo de su propia familia sino de una amante en esta isla del Archipiélago.
En su cuenta secreta de Bélgica el alto mando de la Guardia Civil podría haber recibido frecuentes "comisiones" por contratos ortogados al empresario José Santiago Suárez para dotar de drones a esos países.
Estas actividades presuntamente delictivas investigadas en el marco de la trama de corrupción vuelven a conectar al general de la Guardia Civil con el diputado majorero del PSOE Juan Bernardo Fuentes, obligado ahora a renunciar a su acta. Y es que Bernardo Fuentes ejerció como portavoz adjunto en la comisión de Hacienda y Función Pública, cuya subsecretaria forma parte del órgano directivo de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), que adjudicó al menos cuatro de los contratos investigados por la magistrada instructora del caso.
Pero las conexiones del general con los "socialistas" no se circunscriben a Juan Bernardo Fuentes, ya que esta es una fundación pública, que está actualmente presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, al frente de la cual estaba Carmen Calvo cuando tuvieron lugar los hechos investigados, y en la que participan dos ministros y hasta 14 secretarios de Estado como vocales.
Esta fundación cerró contratos por un valor total de 2,3 millones para dotar de material a las misiones de formación que dirigía el general de división Espinosa en África, en los que se incluían varias dotaciones de drones que corrieron a cargo del empresario valenciano José Santiago Suárez, amigo del general.
Por estos cuatro contratos, su empresa Asesoramiento y Servicio de Drones facturó un total de 137.569 euros.
Sin embargo, aún hay otros seis contratos de drones concedidos a dicha empresa que son investigados en el Caso Mediador.
Estos no fueron adjudicados ya por la Fundación dirigida por la vicepresidenta socialista del Gobierno de España, sino por ayuntamientos, comunidades autónomas y otras instituciones repartidas por toda la geografía estatal.
Todos acabaron en manos del mismo empresario valenciano que finalmente, y según las informaciones publicadas en base a las investigaciones judiciales, habría roto finalmente su relación con Espinosa, al no lograr otros contratos que éste le había prometido en Canarias, donde pretendía vender sus drones a los ganaderos.
EL CLAN "SOCIALISTA" DE LOS FUENTES CURBELO
Si la investigación judicial diera como resultado la confirmación de estas gravísimas acusaciones, ello implicaría que el alto mando de la Guardia Civil, además de realizar estos negocios ilegales en el continente africano, también podría haber actuado como una suerte de "brazo armado" de la "pata canaria" de la red de corrupción y extorsión investigada. El "brazo político" estaría bajo el control de los integrantes majoreros del influyente "clan" de los Fuentes Curbelo. Una familia que cuenta en la Isla de Fuerteventura con un notorio peso y, más específicamente, en el seno del Partido Socialista Obrero Español.
Según describen fuentes de ese Partido socioliberal, citadas por medios canarios afines al propio PSOE:
''Es indudable que los Fuentes Curbelo son una familia políticamente muy relevante dentro del PSOE. Han estado a la cabeza de las decisiones de los últimos años en Fuerteventura y tienen un poder orgánico importante“.
Taishet Fuentes, el sobrino de diputado Juan Bernardo Fuentes, desempeñó el cargo de Director General de Ganadería del Gobierno de Canarias desde el 5 de marzo de 2020 al 22 de junio de 2022. En esa fecha fue destituido tras "perder la confianza de presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres", a consecuencia de unas declaraciones formuladas por el propio Fuentes en las que atribuía al “libre mercado” las dificultades con las que tropezaban los ganaderos de las Islas para el mantenimiento de sus negocios. No obstante la existencia de estas diferencias, su propio Partido no tuvo inconveniente para seleccionarlo para encabezar la candidatura a la alcaldía del municipio de Antigua en los próximos comicios autonómicos y locales.
Por otra parte, su tío Juan Bernardo Fuentes, diputado por Las Palmas del PSOE, había ocupado el Director General de Ganadería del Gobierno de Canarias, hasta que fue sustituido en ese cargo por su propio sobrino. El fenómeno de la sucesión familiar en cargos públicos, muy característica del clásico nepotismo caciquil en el Archipiélago canario, que como en otras regiones del Estado, se ha visto y llamativamente fortalecida a lo largo de las últimas cuatro décadas.
También forma parte del conocido "clan" de los Fuentes Curbelo, el hermano del diputado, y padre de Taishet Fuentes, Domingo Fuentes Curbelo, quien ha ejercido diversos cargos como el de senador o concejal.
De los datos hasta ahora dados a conocer por la prensa sobre la presunta red de corrupción y extorsión a empresarios, puede deducirse el patrón de comportamiento mafioso en instituciones que pudieron estar funcionando como una suerte “cosa nostra”, que recuerda a ciertas prácticas más conocidas en otras latitudes.
Y es que, ante la gravedad escandalosa que entraña este caso, resulta imperativo preguntarse si las presuntas extorsiones que sufrieron los empresarios del Sector primario en Canarias a manos de la propia autoridad política y armada del Estado, ambas supuestamente garantes de la legalidad constitucional, constituyen un hecho excepcional o si, por el contrario, forman parte de una subyacente realidad que pondría en cuestión la transparencia y el papel de las instituciones.
juanfri | Miércoles, 22 de Febrero de 2023 a las 10:48:52 horas
Quienes votan a estas ratas y a sus socios con coleta son beneficiarios directos o indirectos de múltiples migajas, asesores, conductores, ojete, ccoo, etc., la desverguenza ampliada.
Quienes los sufrimos debimos hace tiempo organizar su caida.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder