INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SOBRE LA MASACRE DE MELILLA

      El informe muestra que los hechos ocurridos ese día eran previsibles, y la pérdida de vidas evitable. Revela que, en los meses y días previos al 24 de junio, personas refugiadas y migrantes en los alrededores de Melilla sufrieron un incremento de los ataques de las fuerzas de seguridad marroquíes. A muchas les quemaron y destruyeron todas sus pertenencias, lo que impulsó a miles de personas a caminar hasta la frontera, donde las autoridades marroquíes y españolas les respondieron con fuerza ilegítima y letal.

     Cuando se acercaban, la policía les arrojó piedras y disparó gas lacrimógeno contra ellas en espacios cercados. Muchas de las personas heridas siguieron recibiendo golpes y patadas cuando ya estaban en el suelo, semiinconscientes, sin poder responder, o respirando con dificultad.

    Zacharias, de 22 años, relató lo siguiente a Amnistía Internacional:

     “Las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas nos arrojaban de todo, bombas de gas, piedras, balas de goma, pelotas de goma [...]. No podíamos ver nada y era difícil respirar”.

    Unas 400 personas fueron acorraladas por las fuerzas de seguridad marroquíes en una pequeña zona vallada. En colaboración con el Evidence Lab de Amnistía Internacional, un modelo de 3D inmersivo y la reconstrucción visual de los hechos ofrecen una perspectiva escalofriante de los acontecimientos y de la actuación de las fuerzas de seguridad, que podría constituir tortura y podría haber dado lugar a homicidios ilegítimos.

     “Parecía que la policía marroquí nos dejaba espacio para llegar allí, luego nos arrinconaba [...]. Comenzaron a dispararnos con gas, nos lanzaron bombas acústicas [...]. Todo el mundo intentó moverse hacia donde podía, era un caos”, dijo Omer, sudanés de 21 años, a Amnistía Internacional.

Salih, sudanés de 27 años, dijo a Amnistía Internacional:

  “La policía española nos rociaba en los ojos mientras la policía marroquí nos lanzaba piedras a la cabeza”.

      Ni las autoridades marroquíes ni las española prestaron asistencia médica rápida y adecuada a las personas heridas, e incluso negaron el acceso a la zona al equipo de una ambulancia de Cruz Roja, mientras decenas de personas quedaban desatendidas a pleno sol durante al menos ocho horas.

    Una de las personas entrevistadas dijo a Amnistía Internacional que los agentes de seguridad españoles obligaron a personas heridas a cruzar de nuevo la frontera a Marruecos aunque estaban “sangrando o con heridas abiertas”.

     Muchas de las personas devueltas sumariamente a Marruecos fueron encarceladas y sometidas a nuevos abusos y violencia. Un adolescente sudanés de 17 años dijo a Amnistía Internacional que

    “todas las personas capturadas fueron llevadas a prisión por la policía marroquí, y después en la prisión las golpeaban con martillos en la cabeza hasta que morían. Otras cuando las golpearon también fallecieron”.

     Se calcula que unas 500 personas fueron trasladadas en autobuses a zonas remotas del país, donde las despojaron de sus posesiones y las abandonaron al borde de la carretera sin atención médica. Algunas personas dijeron a Amnistía Internacional que habían sido trasladadas por la fuerza a más de 1.000 kilómetros de la frontera.

      Ni el gobierno de Marruecos ni el de España han dado a conocer los resultados preliminares de ninguna investigación sobre el número de personas que perdieron la vida y las causas de su muerte, ni en ningún momento han anunciado que estén investigando el uso de la fuerza por el personal de fronteras. Ninguno de los dos gobiernos ha hecho público todo el material grabado por ninguna de las muchas cámaras de vigilancia a lo largo de la frontera, y las autoridades españolas se han negado a abrir una indagación independiente.

       En lugar de apoyar a las familias y las ONG para que lleven a cabo la búsqueda de las personas desaparecidas y fallecidas, las autoridades marroquíes han hecho que estas iniciativas resulten prácticamente imposibles. Esto ha resultado angustioso para las familias que intentan localizar a sus seres queridos. Jalal, hermano de Abdel Shakour Yehia, sudanés de 24 años, dijo a Amnistía Internacional:

“Si mi hermano estuviera vivo, se habría puesto en contacto con nosotros, así que creo que ha desaparecido”.

       Después de meses sin tener noticias de él, la sobrina de Anwar —senegalés de 27 años en paradero desconocido desde el 24 de junio— encontró en Internet vídeos y fotografías de su cuerpo aparentemente sin vida. Esto es lo que contó a Amnistía Internacional:

“Sin él no hay risa ni acción. Su madre piensa constantemente en él. Quiere saber qué sucedió. Les pido que nos ayuden a obtener justicia”.

      Desde hace más de un decenio, personas expertas de las Naciones Unidas han expresado preocupación por el trato discriminatorio que se dispensa a las personas subsaharianas en esta frontera. El 1 de noviembre de 2022, la relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia afirmó que la violencia de Melilla “revela el statu quo de las fronteras de la Unión Europea, a saber utilización de exclusión racializada y violencia letal para impedir la entrada de personas de origen africano y de Oriente Medio y de otras poblaciones no blancas”.

“La fuerza ilegítima empleada en Melilla ha dejado una mancha indeleble no sólo en las manos de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, sino también en las manos de todas las personas que impulsan políticas migratorias racistas, basadas en la probabilidad de infligir daños y violencia a quienes intentan cruzar fronteras. En vez de fortificar las fronteras, las autoridades deben abrir vías seguras y legales para las personas que buscan seguridad en Europa”, ha declarado Agnès Callamard.

    “Las autoridades marroquíes y españolas deben ser transparentes en lo relativo al mandato y alcance de cualquier investigación que exista, y no sólo garantizar que se llevan a cabo de forma efectiva cooperando con ellas plenamente, sino también garantizar que su mandato se amplía para incluir los motivos de preocupación relacionados con el racismo.”