EL DENUNCIANTE, ÚNICO CONDENADO POR EL CASO DE CORRUPCIÓN DE LA UGT

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  Definitivamente, el Reino de España, como tantos otros estados que presumen de ser "democracias consolidadas", no es país para denunciantes de corrupción. Tener la valentía de tirar de la manta, con el propósito de que se ponga fin al latrocinio en instituciones donde se manejan cientos de millones de dinero público, suele ser "recompensado" con el ostracismo y la persecución institucional.

   Una cruda realidad de la que ha sido víctima, en esta ocasión, Roberto Macías. Un ex trabajador de UGT-A que destapó la presunta trama de las facturas falsas diseñada por el sindicato para desviar subvenciones de la Junta de Andalucía en la etapa de los gobiernos andaluces del PSOE.

   Macías fue condenado en mayo de 2020 por un juzgado de Sevilla a dos años de cárcel por un delito de revelación de secretos tras desvelar información sobre el presunto amaño de facturas en la organización sindical.

   El sindicato había reclamado para él una condena de 4 años de prisión, rebajada a los 3 años por el fiscal del caso, y el pago de una multa de 60.000 euros.

  La pasada semana, la Sección Séptima de la Audiencia rebajaba la condena de 2 años,  sentenciando al ex trabajador de UGT-A a un año de cárcel, por apreciar retrasos -"dilaciones indebidas"- en la tramitación judicial del caso.

EL DENUNCIANTE DE LA CORRUPCIÓN ES, POR EL MOMENTO, EL ÚNICO CONDENADO

   Mientras tanto, ninguno de los implicados en la trama corrupta del sindicato ha sido aún juzgado, por lo que el denunciante que destapó el escándalo de UGT-A es, por el momento, el único condenado del caso.

   La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para los antiguos máximos responsables del sindicato 26 años de cárcel y 200 millones de multa por desviar 40,7 millones de euros en subvenciones de la Junta para financiarse de forma irregular a través de una supuesta trama de facturas falsas y alquileres ficticios de aulas donde se impartían cursos de formación entre 2009 a 2013.  Sin embargo,  la ex cúpula de la federación andaluza de la UGT aún no ha sido juzgada.

LA DIRECTIVA EUROPEA QUE DEFIENDE A LOS DENUNCIANTES Y EL ESTADO ESPAÑOL YA DEBERÍA HABER INCLUIDO EN SU LEGISLACIÓN

   Roberto Macías, defendido por el abogado Francisco José Sánchez del Águila Ramón, sigue denunciando  como  una "injusticia" que lo condenen, "aunque sea a un año de prisión", mientras los ex sindicalistas de UGT-A acusados de desviar fondos públicos "ni siquiera se han sentado en el banquillo de los acusados", porque su juicio todavía no se ha celebrado.

   Tanto la defensa de Macías como la Alianza contra la Corrupción y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) rechazan la condena a Roberto Macías y sostienen que ésta ha ignorado la directiva europea que protege a los denunciantes de casos de corrupción, conocidos en inglés como 'whistleblowers'.

  Directiva aprobada por el Parlamento Europeo en 2019 y que el Estado español debería haber incorporado a la legislación nacional en un plazo de dos años.

   "Además - apunta Macías a la redacción de Canarias-semanal - existe jurisprudencia según la cual cuando lo que están en juego son derechos fundamentales, como en ese caso, la directiva europea se debería contemplar, incluso aunque España haya incumplido su obligación de aplicarla".

   Mediante un comunicado emitido tras la sentencia dictada contra el denunciante de corrupción, la Alianza contra la Corrupción reiteró también su reclamación:

  "a los legisladores para que prioricen la transposición de la Directiva Europea 1937/2019, relativa a la protección de personas que informan actos de corrupción y que lo hagan respetando el espíritu que embuye la nueva concepción de transparencia y honorabilidad que debe presidir las relaciones dentro de todos los poderes y administraciones".

LOS JUECES RECRIMINAN AL DENUNCIANTE QUE NO ACUDIERA A LA PROPIA UGT ANTES DE REVELAR LA INFORMACIÓN A LA PRENSA

    Contrariamente a estas reclamaciones, los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia provincial de Sevilla que han condenado al denunciante de corrupción, sostienen en su sentencia que "la directiva -UE 2019/1937 sobre protección de personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión- exige que el denunciante acuda "antes" a los tribunales o al propio sindicato para alertar de las irregularidades".

  "En la propia sede judicial - apunta a este respecto Roberto Macías a Canarias-semanal- expliqué que si decidí acudir a la prensa y no a los tribunales o a los responsables del propio sindicato es porque tenía un justificado temor por mi propia integridad física y la de mi familia, si salía a la luz mi nombre como denunciante".

  "Conviene recordar - añade Macías - que  la propia jueza Alaya, cuando se encargó del caso de los ERES, recibió tales presiones que incluso se decidió que debía tener una protección policial que, lógicamente, no le iban a dar a un simple trabajador como yo".

  "Es por eso - explica- que decidí recurrir a la prensa a la hora de denunciar estos gravísimos hechos, porque los periodistas sí tienen la obligación de mantener el anonimato de sus fuentes".

"En España se sigue criminalizando a las personas que alertan actos de corrupción, y que se ponen en peligro a las fuentes periodísticas, al no garantizarse su protección".

  "Y lo peor de todo - concluye - es que esta sentencia vergonzosa la pueden esgrimir ahora los dirigentes imputados de UGT-A para pedir la nulidad de la causa en la que están imputados, aduciendo que estaría viciada desde un principio por la manera en la que la información fue descubierta".

  Pese a todo, Macías se mantiene firme en su decisión de "seguir luchando por una causa justa", tanto en los tribunales como mediante el activismo social para la concienciación pública.

  "Ahora - concluye- el caso lo elevaremos al Supremo y, por supuesto, si es llegaremos a los tribunales europeos, porque estamos defendiendo un derecho esencial para que la ciudadanía no se encuentre totalmente indefensa ante una lacra como la corrupción que tanto daño hace a nuestra sociedad".