EL DERECHO DE LOS CANARIOS A VIVIR EN SU TIERRA: SECUESTRADO POR LA ESPECULACIÓN

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Canarias se ha convertido en un laboratorio extremo del capitalismo inmobiliario o "del ladrillo".  Mientras las postales turísticas venden playas de ensueño y sol eterno, la realidad cotidiana para la mayoría de los canarios se parece cada vez más a una pesadilla. Con un incremento del 57,3% en el precio del alquiler respecto a la anterior “burbuja” de 2007, según datos de Fotocasa, la posibilidad de acceder a una vivienda digna se ha esfumado para amplios sectores populares.

      Lo que está ocurriendo en el archipiélago responde a una lógica estructural del sistema capitalista: transformar necesidades básicas —como la vivienda— en mercancías sujetas a la especulación, donde quienes no pueden pagar quedan al margen, aunque su existencia dependa de ello.

EL CAPITALISMO Y LA MERCANTILIZACIÓN DE LA VIVIENDA

   En un contexto donde la vivienda se concibe como una mercancía más,  los grandes tenedores —fondos de inversión, bancos, propietarios de múltiples inmuebles— están acaparando este bien de forma creciente.  En Canarias, el 40% de las nuevas propiedades en 2024 fueron acaparadas por propietarios que ya poseían cinco o más viviendas.

  ¿El resultado? Una masa de trabajadores sin poder adquisitivo suficiente para competir en un mercado orientado a las ganancias. Los salarios en Canarias siguen siendo de los más bajos del Estado español, lo que obliga a los inquilinos a destinar hasta el 35% de sus ingresos solo al alquiler. Una contradicción cada vez más explosiva.

LA TURISTIFICACIÓN COMO FACTOR DE EXPULSIÓN

   El turismo, convertido en el “motor de la economía canaria”, ha sido también la palanca principal para convertir la vivienda en objeto de especulación. El récord de 17,7 millones de turistas en 2024 ha disparado la demanda de pisos turísticos, reduciendo dramáticamente la oferta de alquiler residencial. Los propietarios, alentados por el rendimiento económico superior del alquiler vacacional, han expulsado a los residentes permanentes de zonas enteras.

  Esta lógica se refuerza por la inversión extranjera y por la imposición de políticas públicas que privilegian el modelo turístico por encima del bienestar de la población local. Los beneficios se socializan en forma de empleos precarios y temporales, mientras las ganancias se privatizan.

UNA JUVENTUD SIN FUTURO Y UNA VEJEZ SIN DIGNIDAD

   Estefanía, una joven grancanaria de 27 años, lo resume sin eufemismos:

“Con un sueldo de 1.000 euros, pagar un alquiler de 650 es imposible. Me vi obligada a volver con mi madre. Emanciparse se ha convertido en un lujo que no nos podemos permitir”.

La historia de Estefanía no es excepcional, es la regla. La juventud canaria vive una frustración sistemática de sus aspiraciones vitales. A la falta de empleo estable y digno, se suma la imposibilidad de construir una vida propia.

       Pero esta situación no se limita a los jóvenes.

    Inmaculada Talavera, de 71 años fue desalojada de su vivienda en Las Palmas sin previo aviso. Terminó pagando 100 euros por noche en una habitación compartida. Rechazó los recursos municipales por "no adaptarse a sus necesidades". Una forma diplomática de decir que eran indignos. Su caso refleja una realidad cruda: la tercera edad, después de haber trabajado toda una vida, se enfrenta a la exclusión y a la precariedad extrema.

¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?

   Para entender esta crisis hay que mirar más allá de los datos económicos. El problema de fondo es un sistema que prioriza la rentabilidad privada por encima de las necesidades humanas. La vivienda, como plantea la economía política marxista, es una parte del proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, sin una vivienda digna no es posible sostener la vida de los trabajadores. Sin embargo, en el capitalismo, la necesidad de vivienda entra en conflicto directo con la lógica de acumulación del capital.

   Los gobiernos, lejos de intervenir en favor del derecho a la vivienda, se han plegado históricamente a los intereses de los grandes propietarios. Las políticas públicas han sido, en muchos casos, cómplices de la situación actual: desregulación del mercado de alquiler, falta de control a los pisos turísticos, escasa inversión en vivienda pública y permisividad con los fondos buitres.