Viernes, 20 de Noviembre de 2026

Actualizada

Viernes, 20 de Noviembre de 2026 a las 08:52:44 horas

| 1643
Viernes, 20 de Noviembre de 2026 Tiempo de lectura:

EL PRECIO DEL «HARAKIRI»: ¿QUÉ RECIBIERON A CAMBIO LOS FRANQUISTAS?

¿Fue un «generoso» suicidio político o un negocio para continuar conservando poder y privilegios?

El 18 de noviembre de 1976, nada menos que 425 procuradores franquistas protagonizaron uno de los episodios aparentemente más «generosos» de nuestra historia política: votaron a favor de una ley que terminaría haciendo desaparecer las Cortes en las que ocupaban sus privilegiados escaños. Según el relato más difundido de la Transición, aquellos hombres habían decidido sacrificarse para abrir las puertas a la democracia. Pero ¿qué había detrás de tan repentina y conmovedora conversión? ¿Habían renunciado gratuitamente al poder quienes durante décadas lo habían ejercido sin someterse al sufragio universal? Medio siglo después, los documentos históricos permiten reconstruir las negociaciones, las garantías y las continuidades que ayudan a explicar aquel sorprendente «harakiri».

 

 POR MARTÍN ÁLVAREZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

 

  El 18 de noviembre de 1976 ocurrió en Madrid algo que, [Img #95747]contemplado aisladamente, parecía una paradoja histórica. Los procuradores de las Cortes franquistas, hombres y mujeres que ocupaban sus escaños mediante los mecanismos establecidos por la dictadura, aprobaron una ley que abría el camino hacia unas elecciones por sufragio universal.

 

   El resultado fue contundente: 425 votos favorables, 59 contrarios y 13 abstenciones. Para aprobar la reforma se necesitaba una mayoría de dos tercios. Los partidarios del cambio superaron ampliamente esa exigencia. Las imágenes de Adolfo Suárez celebrando el resultado quedaron incorporadas a la memoria oficial de la Transición. La explicación más repetida oficialmente ha sostenido que las instituciones de la dictadura habían aceptado su propia desaparición para "facilitar pacíficamente la llegada de la democracia".

 

  Esa interpretación ha dejado sin respuesta durante medio siglo una pregunta fundamental. ¿Por qué tantos jerarcas de la dictadura que habían defendido durante años un sistema político sin elecciones libres, sin sindicatos independientes y con una oposición perseguida, decidieron  aprobar su propia liquidación?

 

   ¿Habían renunciado súbitamente a sus convicciones? ¿Habían recibido algún tipo de garantías? ¿Habían comprendido repentinamente que la dictadura era insostenible? ¿O sucedió, quizás, que entre todos ellos encontraron una fórmula para conservar parte de su poder dentro de un régimen formalmente diferente?

 

   La documentación histórica disponible hoy  permite responder con bastante mayor precisión sobre lo que en la actualidad se presenta como una conmemoración institucional.

 

   Y la primera conclusión que se obtiene resulta reveladora: aquellos procuradores no tuvieron que escoger entre conservar intacta la dictadura o perderlo absolutamente todo. Habían optado por una tercera posibilidad: aceptar una transformación política organizada desde las propias instituciones de la dictadura.

 

   EL SISTEMA AUTORITARIO QUE HABÍA PERDIDO A FRANCO, PERO CONSERVABA  INTACTA LA MÁQUINA DEL ESTADO

   Francisco Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Sin embargo, su desaparición física no supuso la desaparición inmediata del aparato político construido durante casi cuarenta años. Continuaron funcionando como antes sus tribunales, ministerios, sus gobernadores civiles, sus estructuras policiales y, sobre todo, sus mandos militares. El llamado Movimiento Nacional seguía disponiendo, pues,  de funcionarios, patrimonio e influencia institucional.

 

   Juan Carlos I había accedido a la Jefatura del Estado conforme al mecanismo sucesorio previamente establecido por el propio dictador. El Gobierno seguía presidido inicialmente por Carlos Arias Navarro, último presidente gubernamental nombrado por Franco. Pero algo estaba cambiando fuera de los despachos oficiales.

 

  Las huelgas y manifestaciones se multiplicaban exponencialmente. Las organizaciones obreras clandestinas ampliaban su capacidad de movilización. Los movimientos estudiantiles, vecinales y democráticos cuestionaban abiertamente la continuidad del Régimen.

 

    En 1976 se registraron alrededor de 3.662 huelgas, con más de dos millones y medio de participantes, según las series históricas utilizadas en diversos estudios sobre conflictividad laboral. Ni siquiera en vísperas de la Revolución rusa, se habían producido tantas huelgas  como las que tuvieron lugar en España durante aquellas fechas.  El 3 de marzo, la Policía Armada mató a cinco trabajadores en Vitoria durante la represión de una movilización obrera. Aquellos acontecimientos mostraron hasta qué punto las reivindicaciones laborales se habían convertido en una abierta confrontación de carácter político.

 

   La economía tampoco atravesaba un momento favorable. La crisis económica internacional, iniciada en 1973, había agravado la inflación y las dificultades de numerosas empresas. La dictadura se enfrentaba así a una situación contradictoria: conservaba sus instrumentos coercitivos, pero encontraba gigantescas dificultades para gobernar mediante los procedimientos que tradicionalmente habia aplicado.

 

   Una parte de su jerarquía empezó a considerar que una reforma controlada podía resultar menos peligrosa que intentar prolongar indefinidamente el sistema dictatorial.

 

SUÁREZ Y FERNÁNDEZ-MIRANDA: CAMBIAR LAS REGLAS SIN ENTREGAR EL CONTROL

   La llegada de Adolfo Suárez a la Presidencia del Gobierno, en julio de 1976, fue decisiva para la operación que se preparaba. La biografía política de Suárez estaba estrechamente vinculada a la dictadura. Había sido Gobernador Civil, Director General de Radiodifusión y Televisión y Ministro Secretario General del Movimiento.

 

  Conocía, por tanto, los mecanismos internos que habían servido para sostener la dictadura y, también, a buena parte de quienes debían aprobar su reforma. También Torcuato Fernández-Miranda, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, había formado parte del staff jerárquico del franquismo. A lo largo de toda su biografía ocupó los más altos cargos dentro de las instituciones del Régimen autocrático. Y, por si fuera poco, había sido profesor político de Juan Carlos, el heredero.

 

   Su estrategia consistió en aprovechar los procedimientos de las Leyes Fundamentales de las instituciones franquistas para aprobar una normativa que permitiera proceder a su sustitución. Se trataba de evitar que las transformaciones políticas que se requerían pudieran aparecer jurídicamente como una ruptura con todo lo anterior.

 

    Fernández-Miranda y Suárez entendieron que una reforma presentada como una continuidad legal podría atemperar la resistencia de los sectores políticos del Régimen más bunkerizados,  que temían una depuración política o transformaciones sociales incontrolables que los privaran de sus privilegios económicos, sociales.

 

   El 10 de septiembre, Suárez anunció públicamente el proyecto.  Un día antes de que comenzara su tramitación parlamentaria, las instituciones franquistas todavía conservaban formalmente su autoridad. La operación consistía precisamente en obtener su consentimiento para crear las reglas de un sistema distinto.

 

   La reforma presentaba una ventaja para quienes procedían de las entrañas del sistema: el control del calendario, el manejo de los procedimientos y la garantía de que las condiciones iniciales de la democratización iban a seguir bajo control del Gobierno y de la Corona. La oposición democrática podía presionar y negociar, pero ni de lejos,  se les permitiría dirigir institucionalmente aquel proceso .

 

LA PRIMERA CONTRAPRESTACIÓN: NEGOCIAR LAS REGLAS DE LAS FUTURAS ELECCIONES

    Una de las pruebas más interesantes aparece en la prensa publicada antes de la votación. El 30 de octubre de 1976, casi tres semanas antes del célebre «harakiri», el diario El País, que actuó como mentor de excepción de algunas de las fases de aquella operación política, informó  que el Gobierno y Alianza Popular tenían prácticamente ultimado un acuerdo sobre modificaciones del proyecto de reforma.

 

   La información señalaba que esos cambios se estaban negociado para asegurar el respaldo parlamentario necesario. Alianza Popular agrupaba entonces a destacados antiguos ministros y dirigentes franquistas. Entre sus figuras principales estaban Manuel Fraga, Laureano López Rodó, Federico Silva Muñoz, Licinio de la Fuente, Cruz Martínez Esteruelas, Gonzalo Fernández de la Mora y Enrique Thomas de Carranza.

 

    ¿Qué era lo discutían con el Gobierno? Una cuestión de extraordinaria importancia: cómo serían elegidos los futuros diputados y senadores. Los sectores continuistas desconfiaban de un sistema proporcional puro que facilitara la entrada de numerosas fuerzas políticas, especialmente de una izquierda que podía beneficiarse de su implantación en las grandes ciudades industriales.  Preferían introducir mecanismos correctores y fórmulas que favorecieran a las fuerzas mayoritarias o a determinados territorios.

 

   El resultado puede leerse en la propia Ley para la Reforma Política, aprobada posteriormente. Su disposición transitoria primera establece que las elecciones al Congreso se inspirarían en criterios proporcionales, pero incorporando expresamente mecanismos para evitar una fragmentación considerada inconveniente.

 

   También fijaba la provincia como circunscripción electoral y un número mínimo de diputados por cada una. ¿Por qué importaba eso tanto? Porque distribuir escaños por provincias, garantizando una representación mínima incluso a las menos pobladas, produciría efectos diferentes de repartirlos estrictamente según la población.

 

   Los partidos con apoyos dispersos podían resultar perjudicados frente a las grandes candidaturas. No todas las pretensiones iniciales de Alianza Popular fueron aceptadas. El Gobierno también defendía la proporcionalidad y necesitaba construir un sistema mínimamente creíble para la oposición democrática y para Europa. Pero el resultado final demuestra que los sectores mas ultrafranquistas participaron, igualmente, en la negociación de las reglas electorales del futuro régimen.

 

   La primera respuesta a nuestra pregunta aparece aquí: algunos dirigentes del franquismo aceptaban perder sus escaños vitalicios o corporativos, pero aspiraban a conservar posibilidades de influencia mediante el diseño del nuevo sistema electoral.

 

LA SEGUNDA GARANTÍA: ¿QUÉ OCURRIRÍA CON LOS FUNCIONARIOS DEL RÉGIMEN?

   Hay otro aspecto menos conocido y quizá más revelador.  Muchos procuradores  -asi se denominaba a los diputados de las Cortes de la dictadura-  no dependían exclusivamente de su cargo político para vivir. Eran funcionarios de carrera, altos empleados públicos, profesores, jueces, diplomáticos o militares.

 

   La desaparición de las Cortes franquistas no significaba necesariamente que fueran a perder su profesión. Los historiadores Julio Ponce Alberca y Pablo Selma Páez examinaron esta cuestión en una investigación publicada en 2023 en la revista Historia del Presente.

 

  Estudiaron a los 159 procuradores que tenían condición de funcionarios de carrera y  que participaron en la votación. El resultado fue significativo: 130 votaron a favor, 24 en contra y cinco se abstuvieron. Es decir, el 81,76 % de aquel grupo respaldó la reforma. Los investigadores citados observaron además que los procuradores funcionarios de menor edad tendían a apoyar más decididamente aquellos cambios.

 

   La interpretación resulta comprensible: quienes disponían de una carrera administrativa podían afrontar la desaparición de su función parlamentaria sin quedar necesariamente excluidos de la vida profesional. Aquellos hombres podían dejar de ser procuradores y continuar siendo jueces, profesores, diplomáticos o altos funcionarios de la administración.

 

  Pero existía otro colectivo que dependía más directamente de las estructuras franquistas: los empleados del Movimiento Nacional. ¿Qué sería de ellos cuando desapareciera el partido único? En este punto no necesitaremos recurrir a las hipótesis.

 

  El 1 de abril de 1977, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 23/1977, que extinguía la Secretaría General del Movimiento y sus órganos políticos. La disposición garantizaba la integración de sus funcionarios en la Administración pública. Dos meses después, el Real Decreto 1281/1977 reguló esa incorporación mediante cuerpos funcionariales a extinguir. El texto reconocía expresamente los derechos administrativos y económicos adquiridos.

 

   La consecuencia era inequívoca: la organización política de la dictadura desaparecía, pero una parte de quienes habían desarrollado su carrera profesional en ella conservaba empleo, antigüedad y derechos económicos dentro de la Administración estatal.

 

   ¿Significa esto que cada procurador votó favorablemente a cambio de una garantía personal negociada previamente?  No necesariamente.  Pero lo que sí acreditan es que el desmantelamiento del "Movimiento Nacional" se realizó preservando la situación profesional de su personal. La desaparición de la estructura política no implicó automáticamente la expulsión de quienes la administraban.

 

LA TERCERA CONTINUIDAD: EL EJÉRCITO Y LOS APARATOS DEL ESTADO

   La reforma tampoco tenía posibilidad de avanzar ignorando al Ejército. Los mandos militares habían constituido uno de los principales pilares más firmes del franquismo. Su influencia política no desapareció tras la muerte del dictador.

 

   El 8 de septiembre de 1976, Suárez mantuvo una reunión con altos responsables militares para explicarles cuáles eran sus planes. La legalización del Partido Comunista constituyó uno de los asuntos más delicados. Diversos estudios históricos coinciden en que los militares salieron de aquella reunión con la impresión de que el PCE quedaría excluido de la nueva legalidad, aunque existen diferencias entre las fuentes acerca del alcance exacto de los compromisos asumidos por Suárez.

 

   La legalización de PCE, finalmente aprobada el 9 de abril de 1977, provocaría una fuerte crisis militar. El almirante Gabriel Pita da Veiga, ministro de Marina, dimitió y sectores de las Fuerzas Armadas expresaron abiertamente su malestar.

 

   Aquella reacción puso de manifiesto que el proceso no estaba completamente pactado ni carecía de conflictos. También permite comprender uno de sus límites iniciales: la democratización debía desarrollarse mientras permanecían en sus puestos numerosos mandos formados y promocionados durante la dictadura.

 

   No hubo una sustitución general del alto mando militar, ni tampoco una depuración de las estructuras policiales y judiciales heredadas.  Se produjeron leves reformas posteriores, pero la continuidad administrativa e institucional fue una característica importante de aquella operación.

 

   La distinción resulta esencial para comprender la operación de 1976: los franquistas podían perder el monopolio formal del poder político sin que desaparecieran inmediatamente los aparatos estatales en los que muchos habían desarrollado sus carreras.

 

LA CUARTA GARANTÍA: LOS GRANDES EMPRESARIOS NO PERDIERON  NI PODER NI INFLUENCIA 

    Existe otro elemento fundamental para comprender la decisión políticamente suicida de los procuradores: la continuidad del poder económico. Durante el franquismo, importantes grupos bancarios, industriales y financieros habían desarrollado sus negocios al amparo de un sistema político que perseguía severamente la actividad sindical independiente.

 

   La desaparición de la dictadura les planteaba incertidumbres. ¿Qué ocurriría con las grandes empresas? ¿Qué papel asumirían los sindicatos legalizados? ¿Hasta que punto podrían llegar las transformaciones económicas reclamadas por la izquierda?

 

   La reforma impulsada por Suárez ofrecía una vía hacia la democracia parlamentaria dentro de una economía de mercado clónica con la que existió en España durante las dos últimas décadas de la dictadura .

 

    Los cambios no solo no establecían ningún tipo de política distributiva de la propiedad empresarial, ni cuestionaban las bases de la organización capitalista de la economía española, sino que se presentaba como una fórmula de estabilidad y continuidad.

 

    La historiadora Mercedes Cabrera ha estudiado cómo el empresariado comenzó a reorganizar su intervención política durante aquellos años. En mayo de 1977 se constituyó el Círculo de Empresarios, impulsado por figuras procedentes de las élites económicas anteriores. Al mes siguiente nació la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la CEOE, presidida por Carlos Ferrer Salat.

 

    Los empresarios también buscaron influir directamente en las nuevas fuerzas políticas. Una investigación publicada en la revista Historia y Política, titulada "La democracia de libre mercado", examina la participación patronal en la financiación de partidos y en iniciativas destinadas a favorecer electoralmente a las formaciones de centroderecha.

 

    En este último aspecto se constata una diferencia entre las transformaciones políticas y las económicas. Los españoles recuperaban progresivamente derechos propios de una democracia formal que les habían sido negados a lo largo de cuatro décadas. Pero tal  democratización no implicaba  una transformación de la estructura de propiedad ni de las relaciones económicas.

 

    Las Cortes franquistas podían desaparecer sin que por ello desaparecieran las grandes concentraciones de capital que habían nacido y prosperado bajo el amparo de la dictadura.

 

   No hay que confundir esa continuidad con un pacto único y secreto entre todos los empresarios y todos los procuradores. Los intereses y las posiciones eran diversos. Pero la democratización ofreció a los  poderosos sectores económicos la posibilidad de adaptarse al nuevo régimen monárquico sin perder un ápice del control  del poder económico.

 

 

   LA AMNISTÍA DE 1977: UNA PROTECCIÓN JURÍDICA QUE LLEGÓ DESPUÉS

   En octubre de 1977, casi un año después de la votación del «harakiri», las nuevas Cortes  aprobaron la Ley de Amnistía. Su finalidad inmediata respondía a una reivindicación histórica de la oposición antifranquista: liberar a los presos políticos y eliminar las consecuencias penales de la persecución política.

 

   Sin embargo, los maestros de aquella operación política de la transición aprovecharon para meter de matute un artículo que incluía una disposición de efectos mucho más controvertidos. La letra e) del artículo segundo de la Ley extendía la amnistía a determinados delitos que hubieran podido cometer autoridades, funcionarios y agentes del orden público durante la investigación y persecución de las conductas comprendidas en la ley.

 

   La letra f) también contemplaba determinados delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Esas disposiciones terminaron convirtiéndose en uno de los principales obstáculos jurídicos invocados frente a las reclamaciones de responsabilidades por la dura represión franquista.

 

 

EL VERDADERO PRECIO DEL «HARAKIRI»

    Los procuradores franquistas no votaron todos por las mismas razones. Algunos de ellos podían desear una evolución política que alejara los peligros de que se produjeran fuertes y futuras conmociones sociales. Otros llegaron a comprender que la dictadura ya no podía mantenerse indefinidamente.

    Pero todos ellos conservaron sus carreras profesionales, sus magistraturas, status social y canonjías. Determinados grupos negociaron las reglas electorales y no pocos entre ellos aspiraron a continuar sus trayectorias políticas como si nada hubiera ocurrido.

 

     El franquismo como tal perdió, en efecto, el ejercicio del monopolio político. Pero no así aquellos franquistas, que a lo largo de décadas y décadas ejercieron un poder omnímodo sobre todo el país. Se reconvirtieron políticamente y se insertaron con total naturalidad en la nueva situación.

 

   Al mismo tiempo, una legión de funcionarios que habían entrado por la puerta falsa  a las instituciones del Estado continuaron intangibles en sus puestos burocráticos, los grupos económicos conservaron sus propiedades y la operación reforma permitió asimismo que parte de las antiguas élites participara desde una situación de ventaja en la construcción de las nuevas instituciones.

 

  Así, pues, el «harakiri» de noviembre de 1976 fue menos enigmático de lo que se nos ha presentado. La llamada transición no fue más allá de una mera transacción política con características claramente mercantiles. Una parte considerable de la elite franquista incrustada en los aparatos claves del Estado —Ejército, Judicatura y Administración— aceptó sacrificar las viejas instituciones políticas de la dictadura cuando comprendió y recibió garantías por parte tanto de tirios como de troyanos, de que su sobrevivencia social, profesional o económica iba a quedar blindada.

 
Comentarios Comentar esta noticia
Comentar esta noticia
CAPTCHA

Normas de participación

Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.

La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad

Normas de Participación

Política de privacidad

Por seguridad guardamos tu IP
216.73.217.176

Todavía no hay comentarios

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.