9M: A LA CALLE DE NUEVO CONTRA LA LEY DEL "GOBIERNO PROGRESISTA" CON LA QUE QUIERE PRIVATIZAR LAS PENSIONES PÚBLICAS

COORDINADORA ESTATAL POR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (COESPE) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG.-

No somos tontos: esta ley es una trampa inaceptable

   El 9 de junio se va a aprobar por vía urgente la Ley de regulación para el impulso  de los planes de pensiones de empleo. Esta es la segunda parte de una nueva  contrarreforma de las pensiones que el gobierno trata de presentar ante la  opinión pública como un avance. Ya en el mes de diciembre se aprobó una  primera parte que en lugar de usar el Índice Precio del Consumo para revalorizar  las pensiones como planteaba el movimiento pensionista, implantó un tramposo  IPC medio, que ha supuesto este año una pérdida de más del 3%.

   Ahora con esta nueva ley, bajo la concesión de un aumento temporal del 15% de  las pensiones no contributivas (que solo afecta a un 5% de los pensionistas), se va a abrir la puerta a incentivar con reducciones impositivas y minoración de  cotizaciones de la patronal, lo que supone un ataque sin precedentes al modelo  de Seguridad Social pública y de reparto que defendemos y defenderemos.

   Gracias a la lucha se han conseguido concesiones. Sin nuestro movimiento el  proceso de recortes hubiera sido mucho peor y más rápido, pero nos sorprende,  escandaliza e indigna que fuerzas políticas que se habían comprometido a una  defensa de una revalorización real e integra y mantener el carácter público  del sistema, se hayan plegado finalmente a las exigencias del poder financiero y  pretendan justificar su no oposición frontal a ella por las concesiones obtenidas  en lo secundario.

   Estamos ante un ataque realizado con nocturnidad y alevosía, con un trámite  parlamentario urgente, a las puertas de las vacaciones de verano, que suponen  una carga adicional para millones de pensionistas que cuidan sus nietos cuando  acaba el periodo escolar.

   Los pensionistas no vamos a reconocer esa ley de  características absolutamente reaccionarias y que supone una pérdida de  derechos sociales para la clase trabajadora. Con ella se abre la puerta a la  quiebra de la Seguridad Social a corto plazo y la dilapidación de los ahorros en  los fondos privados para los trabajadores actuales, tal como paso en Chile, EE.UU.  u Holanda.

  Las organizaciones de pensionistas llevamos meses exigiendo la retirada del  Proyecto de Ley, la reversión de las leyes anteriores que han bajado las cuotas  empresariales, alargado la vida laboral en un país en que los jóvenes no encuentran trabajo y reducido la capacidad de las pensiones respecto el último  salario recibido. Declaramos ilegitima la acción de unos parlamentarios que  juegan con un derecho que nunca cuestionaron en campaña electoral.
 

Rechazamos los planes del gobierno de privatizar la Seguridad Social pública

   Hemos explicado detalladamente los argumentos en que se sustenta nuestro  rechazo a la Disposición Final Cuarta del Proyecto de Ley del Gobierno, que abre  puerta de entrada a la gestión privada por parte de los grandes bancos y  compañías aseguradoras. Aquellos parlamentarios que con su voto afirmativo o  su abstención permitan ese latrocinio, deben saber que serán responsables ante  la ciudadanía en el futuro. Al mismo tiempo queremos agradecer explícitamente a  aquellas personas que como Jordi Salvador (ERC) o Mari Pita (elegida por UP) independientemente de sus adscripciones han sabido mantener su dignidad y su  coherencia a pesar de todas las presiones recibidas. Esperamos que ese listado de  personas dignas pueda ser mucho más amplio el día 9, pero que ningún diputado  piense que su ocultación bajo un grupo político va a eximirle de sus  responsabilidades con la gente.

   Vamos a seguir luchando y ampliando nuestra resistencia. No tenemos otro  camino. Somos víctimas de una maniobra del poder financiero, que acorralado  por la crisis del sistema especulativo , corrupto y fraudulento que han ido  imponiendo con la globalización, pretenden continuar enriqueciéndose  parasitando el ahorro público y los derechos sociales como las pensiones pero  también la sanidad, el cuidado de los mayores, los servicios básicos o la  educación.

   Somos conscientes de nuestra debilidad en este momento, es necesario desplegar  una lucha a largo plazo y de mayor calado. Nuestra oposición frontal a este  proyecto de Ley, es una denuncia a la capitulación frente la patronal y los fondos  financieros privados. Hay que decir NO a las manipulaciones y engaños que el  ministerio utiliza para implantar un modelo de Seguridad Social donde se  sustituya, poco a poco, las pensiones públicas por las pensiones privadas de los  bancos.

  Pero es necesario ir más allá y en este momento triste de una perdida histórica de  derechos para las gentes trabajadoras de este país, nos conjuramos para redoblar  nuestros esfuerzos para detener el expolio que los grandes oligarcas del mundo  pretenden infligirnos a través de instituciones como la Comisión Europea o el Foro de Davos. Después de la crisis del 2008 en lugar de gravar a sus  responsables en el mundo de las finanzas, se resolvió con un rescate a la banca  que ha endeudado estructuralmente al país. La epidemia ha producido la perdida  de más de un año y medio de la esperanza de vida, pero las empresas químico?farmacéuticas han obtenido enormes beneficios. Ahora se pretende con el humo  de la guerra aplicar nuevos recortes a los trabajadores y pensionistas. La  inflación que nos asola, precede a la guerra y está provocada por la salvaje  emisión monetaria destinada a financiar grandes bancos y empresas. La misma  crisis de la guerra muestra como todos los pretextos de ayudas supuestamente  verdes “Next Generation”, no eran más que una excusa para recortar el gasto  social y dar dinero púbico a las grandes empresas de banca, telecomunicaciones,  energía o automóvil. La presidente europea Úrsula Van der Leyen en el caos  generado por la guerra pide recortes para pagar esas ayudas, pero aumenta el  gasto militar y vuelve a las energías fósiles como el carbón.

   Desde otro lugar la presidenta del BCE Christine Lagarde, afea a los mayores que vivan demasiados  años y trata de poner todos los medios para reducir su esperanza y calidad de  vida. Y cual emisario sumiso, Escrivá trata de imponer ese mandato sobre la  ciudadanía del Estado, buscando imponer el silencio y la complicidad parlamentaria mediante concesiones espúreas y secundarias.

   La inflación, que ellos han provocado, quieren que sirva para bajar salarios y  pensiones. Y en ello intentan enfrentar a trabajadores y pensionistas. La  solución no es que bajen las pensiones, sino que suban salarios, pensiones y derechos frente aquellos que vienen lucrándose y multiplicando sus beneficios  con la especulación, la epidemia, la crisis climática y ahora la guerra. Cada 33  horas un millón de personas cae por debajo de la pobreza extrema y surge un  nuevo mil millonario.

Por ello COESPE declara que va a trabajar en el impulso de un movimiento  social que buscando complicidades de organizaciones, colectivos y personas,  de manera transversal y unitaria se comprometan en desplegar una movilización creciente este otoño con el objetivo de oponerse conjunta y  masivamente a todo intento de hacer caer los efectos de la inflación sobre  las gentes pensionistas, trabajadores o ciudadanía en general y de privatizar como negocio los derechos sociales que desde la educación a la sanidad,  desde el cuidado de las personas al cuidado de la naturaleza, deben servir  para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías y no para  engordar los beneficios de oligarquías globales a costa de la calidad de vida de las  personas.
 
 

No a la privatización de las pensiones. No a la privatización de cualquier servicios
público.
 

¡¡Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden!!
4 de junio de 2022